Cambiemos, el bloque Justicialista y el kirchnerismo trabajarán en un proyecto consensuado con el objetivo de votarlo por unanimidad en el recinto. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior volverán a reunirse el 7 de agosto.
Oficialismo y oposición postergaron el dictamen sobre la ley de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito. En un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, Cambiemos, el bloque Justicialista y el kirchnerismo acordaron trabajar en una redacción unificada y volver a reunirse el próximo 7 de agosto, antes de la votación del proyecto de aborto legal en el recinto.
La propuesta de posponer el dictamen fue formulada por Ernesto Martínez (Pro), quien remarcó que “el proyecto que salga del Senado tiene que reunir los dos tercios, para no volver al disparate y al mamarracho de Diputados”, que en 2016 aprobó una iniciativa muy cuestionada por especialistas en la Cámara alta.
Senadores de distintos bloques coincidieron en el temor de que Diputados insista en esa media sanción, por lo que ahora buscarán que la votación en el recinto sea por “unanimidad”, según planteó el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto. De esa forma, obligarían a la cámara de origen a reunir idéntica mayoría.
La reunión de este martes sirvió para poner sobre la mesa los tres proyectos que hay en danza: el del peronismo, el de Cambiemos y el del Frente para la Victoria-PJ. Si bien contienen algunas diferencias, sus impulsores esperan llegar a un dictamen consensuado que otorgue mayores garantías que la iniciativa de Diputados.
El proyecto del bloque Justicialista, explicó Rodolfo Urtubey, coloca a la extinción de dominio como una acción civil, autónoma y articulada con el proceso penal. “No inventamos un procedimiento especial”, aclaró el salteño, que indicó que el peronismo originalmente se negaba a hablar de acción civil, pero luego cedió.
Un aspecto relevante de esta iniciativa es que “el desapoderamiento de los bienes se produce en el inicio del proceso penal, mediante una medida cautelar específica iniciada por el Procurador del Tesoro”, que es el que tendrá “legitimación activa” para comenzar la acción de extinción de dominio. “No será necesario esperar al fin del proceso penal”, puntualizó Urtubey.
En caso de reconocimiento del origen ilícito de los bienes en todos los delitos contemplados, se podrá proceder al decomiso anticipado -una reforma propuesta a Pichetto por el abogado y exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra-. La administración de los bienes mal habidos quedaría en cabeza de la Agencia Nacional de Bienes y no de los jueces.
El proyecto del kirchnerismo, presentado momentos antes del plenario y detallado por María de los Ángeles Sacnun, amplía los delitos contemplados: además de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción, propone incluir delitos económico-financieros a partir del dinero depositado en cuentas offshore.
Una diferencia importante con el proyecto del peronismo es que le da al Ministerio Público Fiscal -y no al Procurador del Tesoro- la facultad de iniciar la acción de extinción de dominio. “De lo contrario estamos poniendo la tarea en manos de un funcionario del Poder Ejecutivo, lo que no garantiza independencia”, subrayó Sacnun.
Por último, la iniciativa de Cambiemos -elaborada por Federico Pinedo y Humberto Schiavoni- propone la vía de una acción civil en la Justicia civil, “con el fin de establecer un procedimiento que permita extinguir el dominio aún antes de dictada la sentencia penal”. La acción también quedaría en manos de los fiscales.
“El proyecto que viene de Diputados fue duramente cuestionado en las audiencias que tuvimos en Senado respecto de su legalidad, su constitucionalidad y su aplicabilidad en la práctica. Este es un proceso que no se puede aplicar indiscriminadamente a cualquier cosa, porque no es cuestión de bajarle los umbrales de garantías a los ciudadanos por cualquier motivo. Sí para atacar delitos complejos como narcotráfico o trata de personas”, dijo Pinedo.
Pichetto justificó las demoras del Senado y cargó las tintas contra “la ardua tarea llevada adelante en las redes por los trolls, tratando de distorsionar el debate”. “Este tema había que abordarlo con seriedad, no desde la demagogia punitiva. El proyecto de Diputados fue producto de un suceso muy especial que motivó una tarea acelerada”, recordó, al referirse al episodio del exfuncionario José López y los bolsos con dinero arrojados a un convento.
En el mismo sentido se expresó Martínez. “No podemos permitir que dos señoras gordas nos manejen la política con dos pancartas en la puerta”, graficó el cordobés al proponer la postergación del dictamen.
