El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, hizo este martes una breve presentación ante el plenario del Senado que analiza el proyecto sobre legalización del aborto basada en datos y cifras estadísticas. En ese sentido precisó que el costo por aborto en el escenario ilegal actual es de 11.500 pesos, mientras que en caso de legalizarse sería de 1.914 pesos.

Además, detalló que el valor anual estimado de los abortos en la Argentina asciende a 4.078,30 millones de pesos, que se reduciría a 678,60 millones, en caso de ser legalizado.

Rubinstein destacó que por sus antecedentes relacionados con la investigación, siempre ha tenido un respeto especial por la rigurosidad de los datos, y destacó que los mismos “han sido chequeados y validados; son sólidos y son robustos”.

Lo dijo a propósito de los cuestionamientos que desde los sectores “próvida” pusieron en duda la verosimilitud de los mismos. “Son datos oficiales del Ministerio de Salud y las estimaciones estarán basadas en esos datos y en las mejores evidencias científicas, también lo más sólidas y rigurosas posibles”, enfatizó.

Al pasar a las estadísticas, el ministro precisó que las hospitalizaciones por abortos complicados en la Argentina, según datos de 2014 -última fecha procesada-, establecen una cantidad de 47.063 abortos en los últimos cinco años, de los cuales el 70% son abortos en condiciones inseguras.

“El problema es que existen brechas de información”, señaló el funcionario, en relación a que “no conocemos a ciencia cierta en cada uno de esos abortos complicados que fueron hospitalizados, en algunos casos fatales, y en otros casos casi fatales, no conocemos la proporción de mujeres que tuvieron complicaciones graves en el mediano y largo plazo después de la internación. Ni tampoco las consecuencias sociales”.

En referencia a las causas ocultas de mortalidad materna, revisando las historias clínicas evaluó que el 17% de las mismas no tenían registrado aborto como causa primaria. “Lo cual no llama la atención en una condición que es ilegal”, aclaró.

Rubinstein especificó que “la realidad también es que las internaciones hospitalarias por abortos se han reducido en los últimos años, y eso es muy bueno”. Señaló que desde el año 2005, 2006, claramente se observa una tendencia declinante, que atribuyó a las políticas de salud sexual reproductiva que se han implementado en los últimos diez años, que entrañan desde la anticoncepción responsable y el mejor y mayor acceso a los anticonceptivos, hasta también el uso más extendido del tratamiento farmacológico del aborto, como el Misoprostol”, puntualizó.

“Esto es bueno”, insistió el ministro, que agregó que las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos años. En referencia a las disfunciones maternas de los últimos 25 años, “la primera causa por lejos son los abortos ilegales”. Puntualizó que en 2016, la última medición con la que se cuenta, “tenemos 245 muertes maternas, y 43 por aborto, de las cuales 31 son por aborto inducido, pero sabemos que hay 7 casos más de muertes maternas ocultas”.

A continuación, se refirió a los países donde se legalizó el aborto, y allí destacó que “existe una correlación, una relación inversamente proporcional entre el marco menos restrictivo y la reducción de la mortalidad materna”.

En cuanto al número de abortos, en los países donde es legal, ha habido entre 1990 y 2014 una disminución del número de abortos cada mil mujeres en edad reproductiva. Algo que no es así en los países que tienen marcos legales más restrictivos.

Rubinstein pasó luego al tema de los costos que implica el aborto para el sector público y la seguridad social. “Casi el 70% son abortos medicamentosos”, indicó, precisando que el acceso a la medicación abortiva, por ejemplo el Misoprostol se consigue a través del mercado secundario “a precios exorbitantes”.

“Luego tenemos el 22% de abortos instrumentados por profesionales habitualmente en consultorios clandestinos, y finalmente un 9% de evacuación uterina informal, que este es el aborto en condiciones de extrema precariedad, el aborto muy inseguro”, señaló.

En el caso de que la ley de IVE fuera sancionada, “el aborto sería en el 90% de los casos farmacológico. La droga para implementarlo, por ejemplo el Misoprostol, hoy se consigue por Mercado Libre por entre 3.000 y 5.000 pesos. Si el aborto fuera oficial, la compra del Misoprostol sería por licitación pública, y el costo sería 30 veces menor.

El costo por aborto en el escenario actual (ilegal) es de 11.500 pesos, mientras que en caso de legalizarse sería de 1.914 pesos. “Esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de complicaciones en el caso de que el aborto se realice en un entorno legal, porque es un aborto sobre todo farmacológico, gratuito, en el sentido de que la medicación va a ser proporcionada por el Estado, y de esa manera también se va a permitir el acceso a los servicios de salud. La diferencia fundamental entre los dos escenarios tiene que ver con la reducción de internaciones, que es la fuente de costo más alta. Y que son costos que hoy está enfrentando el sistema de salud, solo que no lo sabe”, señaló.

Luego el ministro hizo una estimación para calcular el costo anual que implican los abortos. Haciendo una estimación de 354 mil abortos por año en la Argentina, mostró cifras que establecen que en su condición ilegal implican un valor de 4.078,30 millones de pesos, y en caso de legalizarse sería de 678,60 millones, calculados en cuanto a recursos en el sistema de salud.

En caso de legalizarse el aborto, Rubinstein sostuvo que “lo que baja de manera dramática son los costos atribuibles a las complicaciones, y el costo de la medicación va a ser absorbido por el Estado nacional”.

Por otra parte estimó que en la Argentina hay aproximadamente más de setenta mil internaciones por aborto, y la legalización del tema reduciría ese número en un 98%, “lo cual es brutal”, dijo, correlacionándolo con la reducción de muertes.

“Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar, pero además la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia –puntualizó-. En definitiva el aborto es un problema de salud pública porque producen preponderantemente muertes y morbilidad evitables en mujeres jóvenes, sanas y con alta vulnerabilidad social. Los países con marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. La legalización del aborto reduce su mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud”.

Al finalizar su presentación, y antes de pasar a las preguntas de los legisladores, quiso hacer una aclaración a propósito de las versiones que lo vincularon los últimos días a él con una organización relacionada con el “negocio” del aborto. Advirtió que los últimos días se dijeron sobre él “una serie de barbaridades que no estoy dispuesto a aceptar”, y aclaró que no conoció nunca a la organización con la que se lo vinculó, con la que “no tengo que ver, ni la institución de la que formé parte”.