En su sexta jornada, las comisiones de de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado recibieron a especialistas a favor y en contra del aborto legal, ya de cara al cierre de este debate y con vistas a la firma del dictamen, el próximo miércoles. La jornada estuvo marcada por la polémica intervención del médico y titular de la Fundación CONIN Abel Albino, quien hizo polémicas declaraciones sobre el uso de profilácticos.

La primera expositora de este miércoles fue Estela Díaz, secretaria de Género a nivel nacional de la CTA, quien destacó que “en temas controvertidos un Estado laico y democrático debe expresar la pluralidad social”. A su juicio, existe una necesidad del Estado de velar por políticas públicas y rechazó que existan “dos fundamentalismos”. Aseguró que “una ley no obliga a nadie a practicarla; garantiza derechos”.

Por el contrario, cuestionó a los sectores que se oponen a la ley, a los que denominó “antiderechos”, por las formas violentas que han adoptado, sobre todo en el último tiempo, remarcó. A su vez, aseguró que los 13 años de campaña de derecho al aborto “han sido en paz”, y reclamó que el Senado “diga algo” respecto de la violencia gestual que atribuyó a los sectores “próvida”. A su vez consideró “inaceptable” que se quiera considerar a la gestación como una obligación”. “Parece que cuando hablamos de placer, nos quieren más animales que humanas”, disparó, advirtiendo que “no valen las dos vidas, hay momentos que hay empate y hay que tomar una decisión”.

Les apuntó luego a las senadoras peronistas que dicen que están a favor de la despenalización, pero no de la penalización. Dijo que eso iba en contra de las mujeres con menores recursos y afirmó que “eso no es justicialismo”.

La siguiente expositora fue Roxana Díaz Vergara, licenciada en psicología que representa a AMAM, una ONG que defiende a mujeres víctimas de violencia. Manifestándose en contra del proyecto del aborto, sostuvo que “el embarazo aun no deseado no configura enfermedad”. Sostuvo que si el proyecto se aprueba se podría llegar a abortar bebés de 24 semanas, y cuestionó a la iniciativa por considerar a la mujer “como un mero cuerpo biológico”, a la que se le dan solo 5 días para decidir si practicarse o no el aborto. En cuanto a la violencia de género, consideró que la ley vigente obliga a todo el personal de salud a denunciar cualquier caso de violencia, en tanto que con este proyecto “están poniendo a la mujer en situación de violencia, y que vuelva a su domicilio –porque las violaciones también se producen en el seno familiar-, para que a la próxima vez que sea abusada vuelva a nuestro sistema de salud para que luego la volvamos a mandar a la casa”.

Finalmente se pronunció eventualmente a favor de una despenalización, pero no la legalización, y reclamó a los senadores “que cumplan y respeten cada uno de los puntos de nuestra Constitución”.

A favor del proyecto de IVE, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación FEIM, habló a continuación, destacando que durante todo el debate el planteo fue “integral”, remarcando que “el aborto es lo último de una cadena en la cual sí, se ha fallado”. “Este proyecto trae una novedad que es muy positiva, que es generar una comisión para observar el cumplimiento de la ley”, señaló, cosa que consideró importante, porque el Congreso hace leyes que los legisladores después no se ocupan de que se cumpla.

“Los desafío a que ustedes luchen para que se cumplan las leyes que ya tenemos”, señaló, en referencia a las leyes de salud reproductiva y de educación sexual. “Nunca estuve a favor del aborto”, puntualizó, advirtiendo que “sí me lo dicen para sancionarme, porque en la jerga médica que a uno le digan ‘abortero’ es terrible”, apuntó.

Aseguró que “el aborto existe y va a seguir existiendo”, ante lo cual consideró necesario ver “qué hacemos al respecto”.

Abel Albino, médico creador de la fundación CONIN, se manifestó contra el aborto. “Me dan ganas de llorar tener que venir a la Cámara de Senadores a pedir por favor que no maten a los chicos”, dijo a bocajarro. “No puedo creer que tenga que venir a decirlo. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar”, consideró.

Detalló a continuación que por accidentes cardiovasculares, mueren 48 mil mujeres; de cáncer 31 mil; por desnutrición 560 y por aborto 31. “Es el 0,05% de la problemática de la mortalidad femenina, y todo el país está movilizado para imponer el aborto… Y no hay cloacas en el 50% del país. Me parece realmente sorprendente. No hay agua en el 30% del país”, enumeró. Agregó que “hay 20 millones de argentinos que no tienen cloacas… ¡Eso es un problema de salud pública! ¡Ese es un problema que debemos abordar! ¡Esto debería ser política de Estado!”.

Por su parte, Daniel Gollán, exministro de Salud de Cristina Kirchner, consideró “preocupantes” algunas de las expresiones escuchadas durante la jornada. “Realmente creo que estamos desenfocando el debate”, estimó.

“Hay dos cosas que se pueden mejorar, dejar las cosas como están no cambia la realidad”, apuntó Gollán, quien se preguntó si porque siga siendo ilegal el aborto las mujeres van a dejar de abortar. “No va a pasar”, aseguró. El exministro de Salud invitó a todos los legisladores a que “si esta ley no sale, ver dentro de unos años qué es lo que pasó”. Asimismo señaló que también se podría implementar “un fortísimo programa de educación sexual”. Consideró entonces que todos están de acuerdo en que hay que educar, por lo que dijo esperar que las escuelas lo hagan realidad.

A su turno, Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió sobre la “inconstitucionalidad” del proyecto. Para el abogado, la cuestión pasa por determinar “si el niño por nacer es o no una persona humana”. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional argentino, dijo, hay una sola respuesta respecto de cuándo empieza la vida: “A partir de la concepción hay una persona humana, y esa persona humana es portadora de dignidad y de derechos”.

Para Barrera Buteler el proyecto aprobado por los diputados “no solo choca con los derechos de los niños por nacer, sino que avasalla las autonomías provinciales, porque les impone una política de salud única y uniforme, contraria en muchos casos a sus constituciones locales”.