La diputada de Unidad Ciudadana y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, presentó este jueves en la Legislatura porteña un pedido de informes acerca de un femicidio perpetrado por un agente de la Policía de la Ciudad, dado que según consta en la denuncia judicial el 8 de julio pasado el efectivo Maximiliano Leal, de 39 años de edad, asesinó a su esposa y madre de sus dos hijos de un disparo en el pecho estando fuera de servicio y con el arma reglamentaria.

De esta manera, la iniciativa plantea la necesidad de “pensar aquellas políticas públicas que puedan incidir en la reducción de estos casos, ya sea proponiendo una limitación en la portación del armamento reglamentario, ya sea mediante la implementación de aquellas medidas que permitan reducir la violencia en las relaciones interpersonales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”.

“Esta circunstancia nos coloca frente a una realidad que no puede eludirse: la responsabilidad del Estado en estos femicidios. Si bien podemos afirmar que siempre los hechos de violencia de género son el resultado de la ausencia de políticas públicas preventivas, que apunten a cambios estructurales en las relaciones desigualdad, en los casos en que el arma es provista por el Estado la responsabilidad oficial es aún mucho mayor”, advirtió Montenegro.

Leal estaba casado con Giselle Noemí Martín, con quien tuvo un hijo de 17 años y una nena de cinco. El hecho ocurrió el día previo a que ella cumpliera 40 años en el PH donde vivían, en San Cristóbal; estaban solos, ya que el adolescente había salido y la hija se había quedado a dormir con su abuela y madre de Giselle, Haydeé Vasco.

El policía llegó al Hospital Churruca a las seis y media de la mañana y dijo que habían discutido y forcejeado y que se le había escapado un tiro. Leal está detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y se negó a declarar.

“Según datos relevados comienzos de enero, durante el año 2017 se cometieron 23 femicidios con armas reglamentarias provistas por el Estado, mientras que en el 2016 fueron 17. Además del incremento de los casos, lo preocupante de estos hechos es que las armas utilizadas en los femicidios son las armas provistas por el Estado, sea este Nacional, Provincial o Local”, remarcó la legisladora.

De acuerdo a cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales detallan que en los últimos 20 años casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense casi la mitad de las 169 mujeres fallecidas entre 1996 y 2016 murieron por esta causa.