El Concejo Municipal de Rosario aprobó la Emergencia Social en la ciudad en el medio de una sesión cargada de tensión. Impulsada desde los movimientos sociales y organizaciones comunitarias, la ordenanza busca que el Estado aborde “las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional”, disponiendo la generación de dispositivos municipales para monitorear la situación alimentaria de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores -entre otros colectivos vulnerables-, y la gestión de diversas herramientas de inclusión laboral y asistencia alimentaria directa ante la Nación y la Provincia.

“No es una solución a las políticas de empobrecimiento y exclusión, pero sí es una herramienta más para que los sectores más humildes no sean siempre los que pagan el precio de las crisis, sobre todo en este contexto donde ya no hay margen para seguir ajustando”, aseguró la diputada nacional Lucila De Ponti.

Para la legisladora del Movimiento Evita, la decisión se justifica en el fuerte deterioro de la situación económica y social. “Desde los movimientos sociales se advierte hace tiempo el aumento en la concurrencia a los comedores comunitarios, a lo que se suma el aumento de la desocupación que anunció el INDEC en las últimas horas, que en Rosario para el grupo de mujeres jóvenes supera el 13%, muy por encima de la media nacional de 9,6%”, aseguró.

Por su parte Eduardo Toniolli, el edil justicialista que presentó la iniciativa, destacó el alcance de la resolución. “El primer objetivo de este proyecto era poner el tema del hambre más urgente en la agenda pública y en la agenda de las instituciones de nuestra ciudad, y lo logramos, avanzamos en la conformación de una norma que pone un grano de arena para paliar la situación de exclusión extrema que sufren miles de rosarinos y rosarinas”.