A casi 20 años de vigencia de la Ley de Fueros 25.320, sancionada al calor del escándalo de las coimas del año 2000, ningún senador fue desaforado. Así lo indica un informe de la Universidad Austral, que puntualiza que desde ese entonces se efectuaron técnicamente solo dos desafueros: el del exministro de Planificación Julio De Vido, y más atrás en el tiempo el de Luis Patti, que en rigor, no pudo asumir en su banca. El relevamiento, a cargo de Marcelo Bermolén -director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral- fue difundido a propósito de la sesión que fracasó en el Senado, donde iba a votarse el pedido de desafuero contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Expresa el informe que los únicos casos de desafuero fueron los de Patti, en 2008, y De Vido, en 2017. En 2005 se produjo un acontecimiento similar con el senador Raúl Ochoa (PJ-San Luis), suspendido en el marco de la causa por haber votado dos veces en las elecciones de 2001. Otro antecedente en la Cámara alta es el de Luis Barrionuevo, que en 2003 tuvo pedido de desafuero por la recordada quema de urnas, pero el requerimiento judicial fracasó en el recinto.

También se dio el caso de la diputada por Buenos Aires Norma Ancari de Godoy: por la amenaza a un periodista, la Comisión de Asuntos Constitucionales -que entonces presidía Juan Manuel Urtubey- aconsejó su expulsión, pero la legisladora terminó renunciando el 9 de abril de 2002. Es decir, tampoco hubo desafuero.

En el último tiempo, el jefe del peronismo en la Cámara alta, Miguel Pichetto, plantó su posición de que el pedido judicial de desafuero sólo procede para el caso de que exista una sentencia condenatoria firme, descartando cualquier petición que se funde en el mero procesamiento o en una condena de primera instancia.

“Dicha postura es la que ha evitado el desafuero del expresidente y actual senador Carlos Saúl Menem, condenado en doble instancia y a la espera del tratamiento de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Similar actitud podría adoptar para el requerimiento de desafuero de Cristina Kirchner. Sin embargo, vale recordar que en 1996 -antes de la mencionada ley- el Senado desaforó a Eduardo Angeloz por pedido de un juez y sin que existiera sentencia condenatoria”, puntualizó en su informe la Universidad Austral.

Explicó además que “la llamada doctrina Pichetto, imperante al momento en el Senado, establece que las resoluciones de prisión preventiva no tienen un contenido integral de sentencia condenatoria. Son resoluciones de la etapa de instrucción, que el juez toma considerando que hay elementos o sospechas fundadas que pueden involucrar a un senador, pero previas a la realización de un juicio, en el que se dicta una ‘sentencia de condena o absolución’ y que en caso de sentencia de juicio condenatoria debe agotar la doble instancia”.

“El caso del actual senador y expresidente Carlos Menem pone a prueba esos argumentos, toda vez que el 11 de octubre de 2018 la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena del exmandatario a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos con fondos de la ex SIDE en su gestión, produciendo el ‘doble conforme’ que pretende Pichetto, sin que hasta ahora se haya tratado la situación en el Senado ni se haya producido un pedido expreso de la Justicia para su detención y cumplimiento de la condena”, especifica el documento citado.