El Gobierno de la Ciudad informó que apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5.859 -aprobada por la Legislatura de ese distrito y oficializada a fines de 2017-, la cual fija un tope a las comisiones inmobiliarias y delega el pago en los propietarios de las viviendas.

La decisión judicial se fundamenta sobre la base de los amparos presentados por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, y 75 corredores inmobiliarios matriculados.

Es importante destacar que actualmente la normativa tiene plena vigencia porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es quien debe definir. Además, vale aclarar que esta defensa de los inquilinos no es incompatible con el Código Civil, que regula desde una visión del derecho privado. La Ciudad lo hace desde el derecho público, es decir, protegiendo el interés público de los miles de vecinos alcanzados por un contrato de alquiler.

De esta manera, dicha Ley establece que la comisión inmobiliaria no será pagada por los inquilinos, sino por los dueños; además sostiene que “las inmobiliarias no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración” y que “los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de Internet y en las oficinas de las inmobiliarias. De la misma manera, estarán presentes en las redes sociales y sitios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

También prevé que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) será el encargado de velar por los derechos de los inquilinos y de los propietarios, que trabajará en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para brindar asistencia legal gratuita.