Una iniciativa para definir por ley lo que significa la violencia política contra las mujeres recibió media sanción este martes. La Cámara alta avaló por unanimidad -50 votos- el proyecto de la senadora Nancy González (Frente para la Victoria-PJ), que ahora deberá ser tratado en Diputados.

“Las mujeres que estamos en política tenemos que soportar que nuestras hijas sean perseguidas. Este proyecto fue redactado para todas las mujeres que estamos en política y para aquellas que se van a animar a hacerlo después de que dejen de ser perseguidas”, sostuvo la autora del proyecto, quien además advirtió que las mujeres son “invisibilizadas” en ese ámbito.

Por su parte, Gladys González (Pro) aportó: “La mayoría de las mujeres hemos sufrido o presenciado violencia política. Estamos buscando ser escuchadas con la misma fuerza con la que son escuchados los varones”.

La rionegrina Magdalena Odarda, en tanto, aprovechó para referirse a la propia expresidenta Cristina Kirchner, al recordar que “también sufrió violencia política, y muchas mujeres militantes son víctimas de violencia política, con epítetos como ‘loca’, ‘histérica’, ‘yegua’ o acusaciones de abandonar a nuestros hijos por dedicarnos a la política”.

El texto de la media sanción introduce la violencia política como uno de los tipos de violencia contra la mujer en la Ley 26.485 -de Protección Integral a las Mujeres-, definiéndola como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

Asimismo, indica que la “violencia pública-política contra las mujeres” es aquella que “fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos”.

Además, este tipo de violencia se detectará cuando atente “contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

Foto: Comunicación Senado