La Legislatura santafesina aprobó el proyecto de la diputada Silvia Augsburger y el diputado Rubén Giustiniani, para que la provincia promueva y garantice el cumplimiento de la Ley Brisa, que a nivel nacional fue reglamentada en octubre del año pasado y prevé una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, cuyas madres han sido víctimas de femicidios. A pesar de su entrada en vigencia, los requisitos para acceder al trámite suelen obstaculizar el acceso a este derecho y es por eso que desde Igualdad y Participación piden que el Estado santafesino promueva el cumplimento efectivo de esta reparación.

“La Ley Brisa significó un enorme avance en relación al abordaje y respuesta que desde el Estado podemos dar a quienes pierden a su madre en manos de la violencia machista. Pero por sí solo esto no alcanza. Lo reciente de la implementación de esta política, con su consecuente poco conocimiento por parte de la población, la complejidad de la documentación requerida, fundamentalmente las sentencias judiciales, y el requisito de presentarse personalmente en una oficina de ANSES, centralizadas sólo en algunas localidades de Santa Fe, imponen obstáculos importantes a las personas que pueden acceder a este beneficio”, señaló Augsburger al explicar los fundamentos del proyecto aprobado.

El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Dirección Provincial de Políticas de Género, contribuya al efectivo cumplimiento del régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes establecido por Ley 27452, conocida como Ley Brisa, asistiendo a los beneficiarios en la tramitación de la documentación requerida y en la gestión ante el ANSES. Asimismo establece que se realicen campañas de difusión respecto a este derecho y se incluya en la página web del gobierno provincial la información y los links oficiales para acceder a los formularios.

“La iniciativa surge de la inquietud que desde el colectivo ‘Mujeres de Negro’ nos manifestaron, quienes explicaron las complicaciones que surgen para quienes quieren acceder al beneficio. En los últimos diez años en el país más de 3.500 niñas y niños se quedaron sin sus madres. La mayoría están al cuidado de familiares que ya tenían otros niños, con todas las consecuencias económicas y de impacto en la organización de la convivencia que ello significa. Por eso creemos que el Estado debe acompañar la implementación facilitando el trámite y evitando obstáculos innecesarios”, finalizó la legisladora.