Proponen sancionar a quienes sepan de delitos contra la integridad sexual y no los denuncien

Es un proyecto de ley que modifica el Código Penal y fue presentado por la senadora entrerriana Sigrid Kunath.

La senadora nacional Sigrid Kunath presentó un proyecto de ley que propone incorporar en el Código Penal una nueva figura que sancione a aquellas personas que, habiendo tenido conocimiento de la comisión de algún delito contra la integridad sexual, no realicen la denuncia o lo pongan en conocimiento de las autoridades para su correspondiente investigación penal.

La iniciativa, que se presentó en marzo de este año junto a diversos proyectos ingresados al comienzo del período legislativo, establece que “el deber de denunciar alcanzaría a empleados o funcionarios que estén con funciones de dirección o control de instituciones, asociaciones, organizaciones o agrupaciones de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo o recreativo que hubieran tenido conocimiento de la comisión de aquellos delitos con motivo de sus funciones”.

La autora del proyecto explicó que “de esta manera intentamos colocar dentro de la órbita del derecho penal a la omisión de denunciar ante las autoridades policiales o judiciales, situación que con frecuencia se presenta cuando la decisión de no informar tiene como propósito que tales delitos no tomen estado público”.

“Este es un proyecto que significaría un aporte más en un tema tan complejo que necesita un abordaje integral y urgente, ampliando las miradas y brindando más herramientas”, señaló la legisladora entrerriana.

Y agregó: “Muchas veces las víctimas probablemente habrían obtenido una reparación oportuna sin la necesidad de transitar largos años en diferentes instancias judiciales para dilucidar si la acción penal se encontraba o no prescripta”.

Kunath recordó que “en nuestro país hemos tenido diversos casos”, entre ellos, “los más resonantes en divisiones inferiores de clubes de fútbol y los vinculados a los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. En particular en nuestra provincia el caso del sacerdote Justo Ilarraz, condenado por abuso y corrupción de niños y adolescentes a 25 años de prisión”.

En definitiva, “si bien este encuadre puede darse hoy, creemos necesario tipificarlo. Nuestra sociedad aparece desconcertada por estos casos, pone límites y tolera cada vez menos estos delitos y los intentos que existen por invisibilizarlos”, expresó la senadora y finalizó diciendo que “es necesario aplicar todas las posibilidades para generar mecanismos preventivos y sancionatorios”.

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