En la provincia de Chaco una sobreviviente de un abuso sexual en la infancia logró acceder a la justicia y obtener una reparación luego de 25 años de haber sufrido los abusos, por la aplicación de la Ley 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Esta ley fue impulsada por la senadora entrerriana Sigrid Kunath, y sancionada en el año 2015 por unanimidad en el Congreso de la Nación.

La sentencia, dictada por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Resistencia a cargo de Lucía Ester Martínez Casas, condenó a Miguel Ángel Frutos, quien estuviera encargado de la guarda de Victoria (seudónimo que se usa en resguardo de la identidad de la víctima), desde 1992 hasta 1995, a la pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años.

El agresor sexual de Victoria tuvo 25 años de impunidad, pero gracias a la celeridad del tribunal chaqueño, este fallo hizo justicia contra los delitos sexuales hacia las infancias.

La Ley 27.206, vigente en Argentina desde el año 2015, modificó entre otras cosas, el modo de computar el plazo de la prescripción de las acciones en los delitos contra la integridad sexual de menores de edad, indicando que la misma estará suspendida hasta tanto la víctima pueda hacer la denuncia o ratificar la formulada por otras personas, garantizando así a las víctimas de estos delitos aberrantes que los hechos serán investigados independientemente del tiempo que transcurra entre la comisión del hecho y la formulación de la denuncia.

“Este fallo de la justicia chaqueña viene a ratificar el sentido para el cual fue pensada esta ley, que no es otro que el de buscar que las víctimas cuenten con una herramienta concreta para requerir que la justicia intervenga en la investigación y sanción de estos aberrantes delitos, aun habiendo transcurrido muchos años desde que sucedieron los hechos”, expresó la senadora Kunath.

Y añadió: “respetar el tiempo de las víctimas significa comprender que este tipo de delitos se producen bajo la premisa del silencio y resulta muy difícil para quienes los sufren poder hablar de lo ocurrido y poder realizar finalmente una denuncia, ya que es muy común que los sentimientos de culpa, enojo, autoincriminación o incluso de afecto, atraviesen la relación con lo vivido o con su victimario, que en ocasiones es miembro de su entorno más próximo”.

La legisladora explicó la importancia de la sanción y destacó “la perspectiva de género a la hora de garantizar el debido proceso para brindar la reparación a las víctimas”, y la aplicación de la Ley 27.206 al destacar que “las normas relativas a la prescripción de la acción penal no siempre han tenido en cuenta el proceso psicológico madurativo necesario para llegar a formalizar una denuncia en los casos de abusos sexuales”.

“Este tipo de sentencias son absolutamente necesarias, porque en estos delitos el transcurso del tiempo no hace desaparecer la necesidad de castigo, sino por el contrario, refuerza el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de una respuesta por parte de la Justicia”, sostuvo la senadora y agregó: “Garantizar justicia y una vida plena a quienes padezcan o hayan padecido estos crímenes en su infancia, es también brindarles la posibilidad de iniciar un camino de reparación e impulsar a aquellos que aún no se animaron, puedan contar su verdad y buscar justicia”, finalizó la legisladora.