El Ministerio de Hacienda presentó en el Congreso de la Nación un anticipo de lo que será el proyecto de “la ley de leyes” para el año que viene. Los números de Nicolás Dujovne prevén una caída de la economía del 0,8% al finalizar este año, lo que significa un 0,3% más de lo proyectado para este 2019, que había sido estimado en 0,5%.

Al respecto, el diputado nacional Andrés Vallone, cuestionó las proyecciones estimadas, y advirtió que, conforme a datos de la CEPAL, se proyecta una baja del 1.8%, en tanto que el FMI pronóstico una retracción del 1.2%. “Con estos datos es difícil creer que la economía crecerá un 3,5% en 2020”, expresó.

Asimismo, consideró que el proyecto de ley de Presupuesto “contempla una trascendencia muy poco realista del destino económico-financiero de la Argentina. Un país con una economía dolarizada, que no puede prever el tipo de cambio, denota un presupuesto sin bases sólidas, osea, un dibujo”.

En este sentido, advirtió que la retracción de la economía “impacta en todos los sectores de la producción, pero fundamentalmente impacta en el consumo y deviene en menores inversiones. Sin pesos no se compran dólares, pero tampoco comida y las inversiones no llegan donde no hay consumo y reina la inestabilidad social. La pregunta es: ¿cómo espera el actual Gobierno que aún desconoce si será el próximo gobierno, lograr que la economía crezca?”.

Para el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, pese a la leve desaceleración de la inflación que se registra en los últimos meses, y en un contexto de recesión e inflación, “difícilmente se pueda revertir en el corto plazo, y considerando que el Gobierno en el documento presentado no prevé ningún nivel en el tipo de cambio estimamos que el presupuesto que pretenden presentar carece veracidad”.

“Estoy convencido que quienes proyectan las finanzas para el próximo año, difícilmente sean quienes lo ejecuten, debería ser un presupuesto abierto para que lo modifique el nuevo gobierno. Un país donde el índice de pobreza ya supera el 35%, el porcentaje destinado a políticas sociales y laborales debería ser claro y prioritario”, concluyó.