Luego de que el fin de semana se conocieran cuatro nuevos casos de femicidios, la legisladora de Unidad Ciudadana pidió que se pongan en tratamiento dos proyectos de ley de su autoría que buscan ayudar económicamente a mujeres que conviven con sus agresores, a fin de que puedan abandonar ese hogar.
Ante la difusión de los cuatro femicidios ocurridos el último fin de semana, la diputada de Unidad Ciudadana y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Andrea Conde, reclamó este martes que se pongan el tratamiento dos proyectos de ley de su autoría que buscan ayudar económicamente a mujeres que necesiten dejar la casa en la que conviven con sus agresores.
En ese sentido, la kirchnerista indicó que “el 65% de los femicidios de 2019 ocurrieron en casa de la víctima, este porcentaje es una constante cada año” e insistió en que “tenemos presentados desde 2017 dos proyectos de ley para ayudar económicamente a las mujeres para que puedan dejar esas viviendas y no logramos que el oficialismo se siente a dar el debate”.
Asimismo precisó que “este año los volvimos a presentar porque habían perdido estado parlamentario. ¿Hay recursos para las veredas pero no hay recursos para una urgencia de este calibre en la Ciudad?” y remarcó que “el número de femicidios no baja desde 2015 y sabemos que uno de los mayores problemas para las mujeres es poder irse de la casa donde conviven con su agresor”.
“El objetivo de estos proyecto es generar para estas mujeres condiciones de independencia económica cuando no cuentan con un trabajo u otros recursos económicos, ya que es habitual que los varones que ejercen la violencia de género sobre sus parejas también les prohíban trabajar o salir de la casa, para reforzar el control que ejercen sobre ellas”, aseveró y sentenció que “sin recursos, no podemos dar una solución real a esta problemática”.
En concreto, el primer proyecto propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género ” destinado a brindar soluciones habitacionales. El fondo tendría un mínimo de 25 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación -ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género.
Con respecto al segundo proyecto, se buscó tener en cuenta a las mujeres que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o que no cuentan con ingresos económicos suficientes para solventar un alquiler formal. Esta iniciativa busca brindar una asistencia económica para vivienda o manutención. Además, propone acciones de formación y búsqueda laboral para fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en situación de violencia de género y tender a su inserción laboral.
