La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes impulsado por la izquierda para conocer cuál es el alcance de dicha contaminación en los talleres y las formaciones de las distintas líneas. También prevén saber si hay dispuesto un plan de contingencia para preservar la salud de los trabajadores y usuarios.
Luego de que a fines del año pasado se advirtiera sobre la presencia de asbesto -una sustancia cancerígena dado que se trata de una variedad impura del amianto- en varias formaciones de la Línea B, la Legislatura porteña aprobó en la sesión ordinaria de este jueves un pedido de informes para obtener información sobre el alcance de la contaminación en los talleres y los trenes.
La medida había sido impulsada por los diputados de FIT, PO y PTS, quienes a través de la misma buscarán conocer si se han realizado estudios para detectar la presencia de asbesto en las Líneas A,C,D,E y H, el premetro y los talleres; también exigieron presiones sobre el estado de salud de los trabajadores de la Línea B y un estudio en el taller Rancagua, para ver si presenta contaminación.
Sobre esa misma línea, exigieron un informe ante una eventual investigación sobre la responsabilidad administrativa y política de los funcionarios involucrados en la compra del material rodante contaminado. Y, por último, prevén establecer si el Gobierno de la Ciudad cuenta con un plan de contingencia para preservar la salud de los empleados y usuarios.
La norma lleva la firma de Laura Marrone (FIT), Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) quienes en los fundamentos sostuvieron que “la empresa y el Ejecutivo porteño niegan la existencia de la contaminación, condición excluyente para un proceso de desamiantación” y advirtieron que “pretenden que los trabajadores continúen con su tarea, ofreciendo medios de eficiencia no comprobada”.
Por su parte Solano insistió en que “los trabajadores del taller Rancagua dan cuenta de una contaminación generalizada en el Subte que está exponiendo la salud de los trabajadores y usuarios” y subrayó que “esta situación es responsabilidad de la empresa Metrovías y del Gobierno de la Ciudad que compró los vagones contaminados y no dan respuesta frente a esta grave situación”.
“Con esta actitud Metrovías y el Gobierno están poniendo en jaque el servicio porque no han presentado un plan para reparar o reemplazar los vagones contaminados, preservando la salud de los trabajadores”, sentenció.
