La legisladora nacional Norma Durango presentó un proyecto de ley en el Senado para remover una normativa que limita a las cooperativas de trabajo, que –sostiene- “es claramente discriminatoria para las cooperativas de trabajo”. Durango pretende que las cooperativas puedan ofrecer a terceros cualquier servicio que requiera la utilización de la fuerza de trabajo de sus asociados siempre que los mismos no se vinculen directamente con la actividad principal del contratante.

La senadora del PJ explicó que el proyecto de ley surge “porque entendemos que las cooperativas de trabajo son una herramienta de contención de las y los nuevos excluidos, ante la pérdida de puestos de trabajo, son una oportunidad de resistir y sobrevivir a situaciones de crisis y desempleo como la que está viviendo el país en este momento”. En este sentido, destacó que la cooperativa de trabajo “constituye una forma de organización, propia del sector de la economía social, que permite a sectores excluidos del mercado de trabajo formal; un instrumento legítimo para luchar contra el desempleo y para fomentar los lazos solidarios en la comunidad. Ese es el principio rector que, entiendo, debe regir la normativa que regule su funcionamiento”.

Durango advierte que hoy eso no es del todo así, y que por eso el proyecto de ley tiene como finalidad remover una normativa que, desde su sanción, “ha configurado una clara discriminación hacia las cooperativas de trabajo”, ya que –advierte- “les veda la posibilidad de prestar servicios de limpieza, de distribución de correspondencia, de seguridad o que funcionen como agencias de colocaciones o empresas de servicios eventuales”,.

Durango hace referencia a lo que dispone el Decreto 2015/94, dictado por el PEN el 14 de noviembre de 1994, y a la Resolución 1510/94, dictada por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC).

Con el proyecto de Durango, las cooperativas de trabajo podrán ofrecer, contratar y prestar a terceros servicios que requieran “la utilización de la fuerza de trabajo de sus asociados, siempre que los mismos no se vinculen directamente con la actividad principal del contratante, incluidas las tareas de limpieza y distribución de correspondencia”.