En la Comisión de Legislación General se avaló una iniciativa consensuada, que entre otras cosas eleva el plazo del alquiler a tres años, establece un nuevo mecanismo de actualización y ofrece un menú de garantías.
Tras numerosas idas y vueltas, el proyecto de ley que reforma el sistema de los alquileres fue avalado este miércoles en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, y hay acuerdo para llevarlo al recinto antes del día 30, cuando culmina el período ordinario de sesiones.
Si bien se plantearon objeciones durante el debate –algunas, del propio interbloque Cambiemos-, hubo un consenso entre oficialismo y oposición para avanzar con el dictamen, que recibió 13 firmas, aunque al finalizar la discusión se seguían juntando adeptos.
El texto -que incluye a todos los contratos con destino habitacional- eleva el plazo mínimo del alquiler de dos a tres años; establece un nuevo mecanismo de actualización de los montos; y ofrece un menú de garantías entre las cuales el inquilino podrá optar.
El monto alquiler será actualizado de forma anual según una combinación entre el índice inflacionario y el de variación salarial, aunque durante el debate, Juan Brugge (Córdoba Federal) propuso que el reajuste se rija solo por el último indicador.
Otra reforma importante tiene que ver con las garantías: actualmente el propietario es quien impone la garantía para el alquiler, mientras que con la futura ley el inquilino podrá elegir dos opciones dentro de un amplio menú, y el propietario deberá aceptar una de esas propuestas.
El proyecto permite garantía propietaria -es decir, otro inmueble-, certificación de ingresos o recibo de sueldo, avales bancarios o un seguro de caución.
Por otra parte, se deja establecido que las expensas ordinarias deben ser afrontadas por el locatario, y las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario.
“Han costado mucho los consensos porque hay posiciones muy contrapuestas entre los sectores y también entre los diferentes diputados, pero en general hemos logrado un muy buen proyecto que creo que va a llegar al recinto”, destacó Daniel Lipovetzky (Pro), presidente de la comisión, y agregó: “En la primera sesión que hagamos, la idea es tratarlo. Podría ser la semana que viene o la siguiente”.
Por su parte, Adrián Grana (Frente para la Victoria-PJ), uno de los protagonistas de las negociaciones, resaltó que “esta ley hace a un mayor nivel de previsibilidad para el inquilino a la hora de afrontar un alquiler”.
“Es un gran paso que hemos dado, porque no estamos solo regulando un contrato entre partes: estamos regulando el acceso a la vivienda de los sectores con más dificultades para acceder a la vivienda propia. La gran mayoría de los inquilinos no alquila por opción, alquila por obligación, por lo tanto eso genera una asimetría”, explicó Grana a parlamentario.com.
Y agregó: “Si no hay previsibilidad en este sentido, lo que tenemos es familias que se convierten en nómades, que van de barrio en barrio, donde los hijos no pueden ir al mismo club, no pueden ir a la misma escuela, y hasta algunos padres tienen que cambiar de trabajo para poder estar cerca de donde viven”.
Consultado sobre la posibilidad de realizar modificaciones en el recinto, el legislador kirchnerista aseguró que aceptarán “todo lo que mejore la situación y que no rompa el consenso existente no solo entre los bloques, sino también entre los inquilinos, las cámaras empresariales y las asociaciones de propietarios”.
“Nadie está del todo contento con esta ley. Todos hemos cedido un poco para poder tener una ley superadora de lo que hoy está pasando”, señaló.
El debate
Durante el debate, la diputada Vanesa Siley (Frente para la Victoria-PJ) resaltó el trabajo sobre el tema desarrollado a lo largo de los últimos tres años y tras presentarse como “inquilina”, destacó que se trata de “un problema de acceso a la vivienda digna”, tal cual expresa nuestra Constitución.
Añadió que se trata de “uno de los derechos fundamentales” y en ese sentido destacó que los problemas que actualmente tiene el acceso a la vivienda son la dolarización del mercado inmobiliario y su concentración, entre otros puntos.
“Si no lo regulamos, lo pensamos y por lo pronto lo volvemos a pesificar, vamos a tener a futuro mayores problemas de acceso a la vivienda y de concentración del mercado”, puntualizó.
Desde el oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) habló de la necesidad de “encontrar un punto de equilibrio que resguarde a ambas partes y permita un desarrollo normal de un mercado inmobiliario”.
Consideró que el producto de estas negociaciones ha sido “un proyecto bastante equilibrado”, pero expresó su preocupación por la actualización del valor del canon locativo, que en un principio iba a ser semestral y ahora, de sancionarse la ley, pasará a ser anual.
En este contexto inflacionario, consideró que la actualización anual “va a conspirar contra la oferta de viviendas y producirá un efecto contrario” al deseado; por eso, pidió volver a la actualización semestral, pero también pidió dejar abierta la posibilidad de que las partes, si se ponen de acuerdo, puedan establecer un índice especial entre ellas mismas.
A su turno, Silvia Horne (Movimiento Evita) habló de la existencia de 7.521 personas que duermen en las calles de Buenos Aires, y se refirió a la necesidad de “establecer una regulación del Estado” para evitar posiciones abusivas entre el inquilino y el propietario.
En cuanto a la actualización, anticipó su apoyo a “valores reales”, consistentes en la mezcla de índices, pero aclaró que prefería que fuera anual, y que el pago sea siempre en nuestra moneda de curso legal.
Por su parte, el diputado cordobés Juan Brügge pidió no perder de vista que “estamos hablando de acceso a la vivienda”, y apuntó que la realidad de la Capital Federal tiene una lógica que no siempre es la del interior del país, donde “campea la informalidad”.
El legislador consideró a las garantías “el punto medular del contrato de alquiler”, y destacó el equilibrio que hay que buscar entre las partes, a la vez que aclaró que el tema de las comisiones corresponde a cada provincia.
A la hora de plantear dudas, admitió que si la actualización de los contratos es anual puede generar desequilibrios, y planteó cuestionamientos hacia el índice, alertando respecto de no plantear un nuevo sistema UVA, y propuso hacer una actualización semestral, pero usando únicamente el índice salarial.
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