Lo que se interpreta como el juicio por corrupción más importante de la historia de la provincia arranca este lunes.
Comienza este lunes en Tucumán el juicio oral y público de la causa por defraudación contra la administración pública contra el exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola y funcionarios de su gabinete, en el proceso por supuesta corrupción más importante de la historia de esa provincia: allí se investiga el supuesto desmanejo de unos U$S 85 millones provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.
La vigente Ley 14.771 de creación de YMAD ordena construir la Ciudad Universitaria de San Javier “conforme a los planos ya aprobados” con el 40% de las utilidades de la minería nacional. La fiscalía tratará de probar que su construcción fue falsificada en documentos y el campus se declaró “terminado”; así los fondos para la UNT pasaban a ser de “libre disponibilidad” y se reducían a la mitad.
La Ciudad Universitaria de San Javier fue “reemplazada” por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades dela UNT, que devinieron en una denuncia por sobreprecios en esas obras y malversación de los fondos mineros en colocaciones financieras. La dirigencia tucumana mira en silencio el caso que podría comprobar que dichos fondos se usan como “caja” para financiar la política.
La Justicia Federal jamás investigó el delito de fondo: la no-construcción de la Ciudad, una mega obra para la que Juan Domingo Perón ordenó expropiar 18.000 hectáreas en los cerros tucumanos y que llevó al radical Arturo Frondizi a resolver el litigio entre la UNT y Catamarca mediante la Ley de YMAD, que determinó el destino único de esos fondos, legados a la Universidad por Abel Peirano, el descubridor de la enorme mina de oro, cobre y plata.
En mayo de 2023, el diario eltucumano.com localizó los planos de la Ciudad Universitaria en la Planoteca de la secretaría de Planeamiento y Obras. La Universidad jamás los buscó a pesar de que la Ley 14.771 ordena construir la Ciudad Universitaria “conforme a los planos ya aprobados”.
Sólo están imputados el exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani -directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino -director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca -subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.