Así lo dispuso la Legislatura provincial al cabo de un debate de más de 4 horas y media. El cargo adjudicado a la ahora exvicegobernadora fue el de “inhabilidad moral”.
La Legislatura provincial decidió este jueves, con 30 votos a favor, declarar la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, lo que implica su desplazamiento del cargo hasta abril de 2027. La sesión, que se extendió por más de cuatro horas y media, estuvo marcada por fuertes tensiones y debates. Los diputados de los bloques FIT y UP se retiraron del recinto tras no permitirse la abstención solicitada por cinco legisladores.
Según explica La Mañana de Neuquén, el diputado del MPN Claudio Domínguez abrió la discusión comparando el caso de Ruiz con la expulsión del senador Edgardo Kueider en el Congreso Nacional. Domínguez destacó la decisión de abrir una comisión investigadora y permitir a Ruiz ejercer su defensa en dos instancias, lo que calificó como una muestra de “amplitud” por parte de la cámara. Sin embargo, criticó la estrategia de defensa de Ruiz, acusándola de “embarrar la cancha” y de intentar victimizarse.
El diputado de Neuquinizate Francisco Lépore expuso una presentación con diapositivas que resumía los hallazgos de la comisión investigadora. Mostró cómo se detectaron contratos irregulares de al menos tres personas en la Legislatura, entre ellos un asesor de prensa sin designación formal y una persona que cobraba sin asistir a su puesto de trabajo. También señaló a Eduardo Olate, asesor legal que cobraba a través de su esposa, y a Carina Salvatierra, encargada de redes sociales, que percibía pagos mediante su hermana y residía en Buenos Aires.
Lépore también reveló que la Fiscalía de Neuquén investiga un presunto desvío de 30 millones de pesos desde las cuentas oficiales de la Legislatura hacia las cuentas personales de Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora, quien fue designado como coordinador de Casa de las Leyes. Además, denunció la contratación de publicidad y gigantografías por montos excesivos que promovían la imagen personal de Ruiz, utilizando recursos públicos.
El Pro también tuvo una participación activa en el debate. El diputado Marcelo Bermúdez propuso incluir un octavo argumento para justificar la inhabilidad moral de Ruiz: la falta de idoneidad para ejercer su rol y su desprecio por las normas de transparencia. La diputada Verónica Lichter, también del Pro, aseguró que la “inhabilidad moral” no es subjetiva, ya que está vinculada a la violación del reglamento interno. Citó como ejemplos la demora de diez meses en la presentación de su declaración jurada y la contratación por 30 millones de pesos de una “sanadora” suspendida por la Iglesia Católica por malversación de fondos.
En cuanto a la compra de una camioneta 4x4 de casi 80 millones de pesos, Lépore señaló la falta de explicaciones consistentes por parte de Ruiz sobre el origen de los fondos para la adquisición. Esto fue calificado por la oposición como otra muestra de la falta de transparencia en su gestión.
Cuenta La Mañana de Neuquén que los diputados de los bloques FIT y UP manifestaron su rechazo al proceso. La diputada Gabriela Suppicich (FIT) calificó la investigación como una “interna del partido gobernante” y criticó la falta de acceso del Tribunal de Cuentas a la Legislatura para realizar auditorías. Aseguró que la “inhabilidad moral” es una figura subjetiva utilizada de forma discrecional. Su colega, el diputado Andrés Blanco, cuestionó la “obscenidad” de ver a la vicegobernadora justificándose por la compra de la camioneta mientras gran parte de la población enfrenta dificultades económicas.
La diputada de UP Lorena Parrilli denunció que la rapidez del proceso contra Ruiz, que se completó en solo tres semanas, revela una “persecución política”. Señaló que no hubo objetividad en la investigación y recordó el antecedente de Julio Cobos, quien, pese a haber votado contra la ley de retenciones durante el Gobierno de Cristina Kirchner, terminó su mandato como vicepresidente sin ser destituido.
El diputado de UP Darío Martínez advirtió sobre la gravedad institucional de usar un proyecto de ley para solicitar la destitución de Ruiz, llamando a la reflexión sobre la necesidad de mejorar la transparencia en la función pública. Propuso la creación de una ley de ética pública para fortalecer la fiscalización de los funcionarios.
El diputado del Pro Damián Canuto cuestionó a quienes criticaron el procedimiento de la investigación en lugar de centrarse en las irregularidades cometidas por la vicegobernadora. Instó a la Legislatura a “pretender que esta vez sea la última” vez que se toleren estas prácticas.