La diputada Cecilia Moreau, junto a otros integrantes de su bancada, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Salud y el PAMI aclaren decisiones recientes sobre la provisión de lentes intraoculares y otros insumos médicos.
En medio de crecientes denuncias públicas y versiones periodísticas que alertan sobre presuntos sobreprecios en insumos médicos adquiridos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la diputada Cecilia Moreau encabezó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional un informe urgente sobre diversas decisiones adoptadas por el organismo.
El pedido, acompañado por legisladores como Germán Martínez, Hugo Yasky, Leandro Santoro y Mónica Macha, entre otros, apunta directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, y al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo. El foco está puesto en la Disposición 201/2025 y la Resolución 1737/2025, que modificaron la modalidad de provisión de lentes intraoculares para cirugías de cataratas.
Según el proyecto, desde agosto de 2025 el Instituto dejó de reintegrar los costos de estos insumos a los profesionales médicos, para pasar a adquirirlos directamente mediante licitación. Esta modificación habría generado un fuerte incremento en los valores pagados por el Estado. La Licitación Pública N° 12/25, adjudicada a cinco empresas —Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad— alcanza un monto total de $80.730 millones, con ítems que llegan a costar hasta seis veces más que el valor cotizado por los profesionales.
El proyecto solicita información detallada sobre los montos abonados por reintegros desde enero de 2024, desagregados por provincia, así como sobre las solicitudes de insumos ingresadas desde el 1° de agosto de 2025. También se requiere conocer si existen topes en las prestaciones brindadas a los afiliados y si se evalúan nuevos cambios en la modalidad de atención.
Los diputados firmantes advierten que los profesionales médicos, quienes hasta el cambio de modalidad eran los encargados de adquirir los insumos y rendirlos al Instituto, han detectado diferencias de hasta diez veces entre los valores de mercado y los precios pagados por el PAMI. Esta situación, señalan, amerita una explicación urgente por parte de las autoridades, más allá de las investigaciones judiciales que puedan iniciarse.
El proyecto busca que la Cámara de Diputados apruebe el pedido de informes para esclarecer el destino de los fondos públicos y garantizar la transparencia en la atención de los jubilados y pensionados.