Impulsan una reforma integral del organismo, que pasaría a ser un ente descentralizado con independencia financiera y capacidad de actuar en la Justicia. Buscan derogar los decretos que condicionaron su funcionamiento.
Justo en momentos en que ese organismo está bajo la lupa opositora, por el accionar por ejemplo que ha tenido en casos como el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el diputado nacional Roberto Sánchez (UCR–Tucumán) presentó un proyecto de ley para recrear la Oficina Anticorrupción (OA) como un organismo autárquico y descentralizado, con plena capacidad jurídica y financiera, autonomía administrativa y poder para constituirse en parte querellante en causas judiciales por hechos de corrupción.
La iniciativa deroga el artículo 13 de la Ley 25.233 y los decretos 102/1999, 625/2000 y 54/2019, con sus modificatorias, que fueron los que en distintos momentos definieron el estatus de la OA bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Según el legislador, el nuevo esquema “busca garantizar independencia real y transparencia” en un área clave de control.
El texto establece que la OA tendrá como misión prevenir, investigar y denunciar hechos de corrupción en la administración pública centralizada y descentralizada, así como en empresas y asociaciones que reciban fondos estatales.
Entre sus competencias, se incluyen:
☑ Recibir denuncias de particulares y agentes públicos.
☑ Iniciar investigaciones sin necesidad de autorización de otra autoridad.
☑ Denunciar ante la Justicia y actuar como querellante.
☑ Investigar instituciones privadas con financiamiento estatal.
☑ Controlar declaraciones juradas de funcionarios y detectar incompatibilidades.
☑ Recomendar la suspensión preventiva de agentes públicos sospechados.
El organismo también deberá elaborar programas de prevención y promoción de la transparencia, además de asesorar a otros entes estatales en materia de ética pública.
Dirección y selección del titular
El proyecto fija que la conducción estará a cargo de un funcionario con rango de secretario, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por un mandato de cinco años renovable una sola vez. Su designación exigirá un proceso público de presentación de antecedentes, publicación en el Boletín Oficial y recepción de observaciones de la ciudadanía y organizaciones sociales.
Sánchez propone además que el titular no pueda haber ocupado cargos partidarios en los cinco años previos, ni mantener vínculos que comprometan su imparcialidad, en línea con los estándares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Argentina.
En los fundamentos, el diputado tucumano subraya que la corrupción “socava la legitimidad de las instituciones, debilita a los gobiernos y afecta el desarrollo económico y social”. Por eso insiste en que la OA no dependa políticamente del Ejecutivo y que cuente con recursos propios para funcionar.
“La independencia es necesaria para poder impulsar acciones, promover investigaciones o constituirse en querella sin presiones indebidas”, señala el proyecto.
De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo tendría 180 días para designar a la nueva conducción y 90 para adecuar el organismo a su nueva estructura.