En cumplimiento del emplazamiento aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de octubre, se realizó un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Tomás Ledesma (UP), respectivamente. Allí se emitió un dictamen de mayoría con 27 firmas para derogar el Decreto 273/25, que habilita la importación irrestricta de maquinaria usada. También se presentaron un dictamen de rechazo con 19 firmas y otro de minoría con 3.

Durante el encuentro, representantes del Gobierno nacional defendieron el decreto. Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía, argumentó que la medida responde a la necesidad de las empresas de acceder a capital y crédito, ante los altos costos de renovación de maquinaria en el país. “En el primer semestre de 2025 se importó una sola cosechadora usada, mientras se alcanzó un récord de importaciones de bienes nuevos”, señaló.

Por su parte, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación Económica, sostuvo que el decreto se dictó en el marco de facultades del Ejecutivo previstas en el Código Aduanero. “Las importaciones crecieron en sectores estratégicos como aeronavegación, petróleo y minería”, afirmó, y defendió la política comercial que regula el ingreso de bienes mediante aranceles.

El autor del proyecto de derogación, Jorge Neri Araujo Hernández (UP), cuestionó la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), advirtiendo que “se pierde el control sobre la maquinaria importada, con riesgos socioambientales y humanos”. Denunció además el impacto de la medida en Tierra del Fuego, donde “11.000 personas perdieron sus empleos por estas políticas de desregulación”.

En la misma línea, Abel Furlán, secretario de la UOM, alertó sobre el riesgo que representa el decreto para la industria nacional y la empleabilidad. Hernán Zubeldía, presidente de CAFMA, advirtió que “se abre la puerta a un escenario similar al de los años 80 y 90, cuando desaparecieron 40 fábricas de cosechadoras autopropulsadas”.

Desde MAIZAR, Federico Zerboni expresó su preocupación por el envejecido parque de maquinaria agrícola en el país, y señaló que “muchos contratistas no pueden renovar sus equipos, siendo más caro mantenerlos que reemplazarlos”.

En defensa del decreto, el diputado Santiago Pauli (LLA) sostuvo que “libera la inversión productiva y elimina burocracia improductiva”. Afirmó que los controles siguen existiendo, pero se aplican a posteriori, y destacó que “la venta creció un 27% en 2025, lo que también impulsó la exportación nacional”.

Participaron del debate las diputadas Mercedes Llano (LLA), Paula Omodeo (CREO), Daiana Fernández Molero (Pro) y Silvana Giudici (Pro), y los diputados Rogelio Iparaguirre (UP), Diego Giuliano (UP), Nicolás Maquieyra (Pro) y Gerardo González (Coherencia). También expusieron representantes de sindicatos, cámaras empresarias y firmas privadas vinculadas al sector.