Después de ocho horas de debate, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo concluyó el proceso de audiencias para la selección del defensor del pueblo y el procurador penitenciario. Al término del encuentro que se llevó a cabo en el Salón Azul, el titular Daniel Kroneberger (UCR) anticipó que buscarán pasar a la firma el dictamen el próximo miércoles 5 de noviembre.

En la jornada de este jueves se escucharon las exposiciones de 21 postulantes para ocupar la Defensoría del Pueblo sobre el total de 39 que fue iniciado este miércoles. Por su parte, los siete candidatos a ocupar Procuraduría Penitenciaria también presentaron sus propuestas y ejes de trabajo. “Hubo exposiciones muy sólidas, de mucha experiencia y trayectoria que hace que tengamos los elementos suficientes para procesar y cubrir estas vacancias con personas idóneas que le van a dar garantía a la ciudadanía argentina de que van a estar a la altura”, señaló el legislador pampeano.

Asimismo, dejó en claro que el objetivo de la Comisión Bicameral es la de llegar a la designación antes del 30 de noviembre pese a la resistencia del oficialismo que, a través de Lilia Lemoine y Nicolás Mayoraz, manifestó su rechazo al proceso. Sin embargo, el radical a cargo de la selección reiteró que “el proceso es totalmente transparente y a la luz de día, donde cualquier ciudadano argentino pudo inscribirse porque se le dio mucha difusión”.

Cabe recordar que la selección final deberá ser establecida en un proyecto de resolución que deberá ser dictaminado por la Bicameral y luego, pasar por ambas cámaras donde requerirá los dos tercios de los votos en cada recinto para finalmente designar al nuevo defensor de pueblo y al procurador penitenciario.

Las audiencias 

Uno de los primero en exponer este jueves el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quien señaló que su objetivo es “defender, proteger y custodiar los avances logrados en inclusión y buenas prácticas, con el compromiso de trabajar para garantizar todo lo necesario”. Luego, Mariana Katz destacó la importancia de "un federalismo activo para asegurar la equidad territorial" y expresó su aspiración de conducir una Defensoría basada en los pilares de empatía, autonomía y transformación.

Después fue el turno de Amelia de los Milagros López, quien sostuvo que “no somos ni reemplazamos al Poder Ejecutivo, que es responsable del diseño de las políticas públicas, pero las defensorías pueden colaborar mejorando procesos y aportando evidencia desde la perspectiva de los ciudadanos”.

En otro tramo, la legisladora porteña María José Lubertino afirmó que “el plan que presentó refleja mi convicción: mi ruta es la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Defiendo los derechos humanos con una mirada intersectorial y creo que tenemos una gran oportunidad de recuperar la confianza que los ciudadanos han perdido en las instituciones”.

También, Cristina Maiztegui consideró que “la Defensoría del Pueblo es autónoma e independiente; no debe asistir al presidente en la defensa de los derechos humanos, sino controlar si el gobierno cumple o no con su responsabilidad desde la perspectiva de los derechos de la población”.

A su vez, Analía Marsella se refirió a su proyecto para llegar a una “Defensoría con una mirada de largo plazo, que trascienda las mayorías en el Congreso y los cambios de gobierno”, y destacó que su naturaleza es "ejercer pensamiento crítico con base técnica”. En tal sentido, Alejandro Nato planteó la necesidad de "trabajar codo a codo con las defensorías provinciales, con un enfoque intersectorial e interjurisdiccional, y darle mayor visibilidad a nivel nacional".