Por Pablo Riveros

Como respuesta al retraso de los grandes agroexportadores en la liquidación de la cosecha acumulada y el consiguiente retardo de ingreso de divisas al Banco Central en momentos en que escasean dólares, un grupo de legisladores del Frente para la Victoria salió a la cancha a pedir por la reedición de la Junta Nacional de Granos derogada durante el menemismo.

Pero la propuesta, avalada también por productores de la Federación Agraria y el Foro Nacional de Agricultura Familiar, fue rápidamente frenada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien explicó que el Estado no cuenta con los “puertos” ni la “infraestructura” que contaba el organismo, por lo que no sería viable reeditar una agencia de esas características.

Sin conocer la postura del Ejecutivo, la senadora nacional Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó este mismo lunes un proyecto de ley para reestablecer la institución creada por Juan Domingo Perón y derogada por un decreto de Carlos Menem.

Su objetivo es controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar la provisión interna de estos productos “sin importar lo que suceda en el mercado externo”; fomentar el aumento de valor agregado en las materias primas de origen nacional; evitar el monocultivo y “favorecer” a las pymes.

En la práctica esto se traduce en la fijación de precios mínimos de los granos en sus ventas al exterior así como de cupos de exportación; y, en el caso extremo, en la capacidad de ejercer el comercio interno y externo de aquellos productos “en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario”.

Larraburu remarcó que “durante casi 60 años la Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y producción de oleaginosas, basada en la importancia que este sector tiene para la economía nacional”, en alusión al aporte de dólares. “En el año 1991 se puso fin a la regulación, para que con el beneficio de la desregulación, la producción quede en manos de privados, quienes generalmente responden a intereses foráneos o particulares”, agregó.

Su intención es “que no se perjudique a los trabajadores y consumidores, así como desmonopolizar el mercado de granos, tal como lo solicitaron los pequeños productores cerealeros”. En tanto, aseguró que “actualmente son las grandes cerealeras quienes retienen y controlan la producción y la liquidación de las exportaciones, relegando en último plano la soberanía de los argentinos”.

García Larraburu -que responde al jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto- admitió a parlamentario.com que no anunció a su bloque la presentación de este proyecto.

Apoyo desde Diputados

Desde la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig y la bonaerense Andrea García también salieron a respaldar la reedición de la famosa Junta Nacional de Granos, si bien consideraron que una medida semejante debe ser impulsada desde el Poder Ejecutivo.

“Sería lo más aconsejable, pero no están dadas las condiciones, tal como explicó Capitanich. El desguace del Estado ha sido tan grande que va llevar tiempo. Y como todo peronista quiero que la sociedad argentina vuelva a plantearse la recuperación de las instituciones de la época peronista, como la Junta Nacional de Granos, de la Carne y las empresas privatizadas”, opinó Díaz Roíg en diálogo con este medio.

Por su parte, la diputada Andrea García manifestó que “es necesario tener el control de la comercialización de los granos en pos de beneficiar a los productores y al control de precios”.

“Tal vez sin el sistema de acopio, pero instrumentando un mecanismo donde sea el Estado el que tenga el control de la comercialización de granos. Hay que aggiornarnos… En Brasil el 30 por ciento lo adquiere el Estado y fija el valor. Pero en Argentina el productor nunca cobra el valor real”, precisó la exsecretaria de relaciones políticas del Ministerio de Agricultura a parlamentario.com.

García explicó que una medida tal “beneficiaría la rentabilidad de los productores”, ya que aseguró hoy “son rehenes de los acopiadores y de los exportadores que los financian”.

“Uno puede ver que para sembrar, cambiar una maquinaria o hacer inversiones en su establecimiento, muchas veces el productor tiene el financiamiento del acopiador. Por lo tanto, cuando está cosechando ya le debe a estas grandes empresas que hacen abuso de su poder y se quedan con la rentabilidad”, explicó la exintendenta de Florentino Ameghino y agregó que “en más de una oportunidad, el productor cuestiona al Gobierno por la carga impositiva y las retenciones sin llegar a entender que es rehén de las siete o diez grandes empresas acopiadoras y exportadoras”.

A todo esto, el diputado de Nuevo Encuentro Gastón Harispe ya había dicho que “estamos a punto caramelo para poner en marcha una agencia nacional de comercio exterior, algo con las funciones de las viejas juntas nacionales de granos y carnes, pero que abarque todo el comercio exterior”. También ese lunes se conoció la noticia de que el gobernador entrerriano, Jorge Urribarri, impulsa la creación de un Instituto Nacional de Comercialización Agropecuaria.

“Control público”

Los legisladores kirchnerista dejaron abierto el debate. Y si bien el jefe de Gabinete frenó una nueva Junta de Granos, no descartó “diferentes medidas que se están analizando” de no prosperar el diálogo con el sector. Mientras tanto, desde la oposición el diputado nacional Claudio Lozano abogó por una iniciativa similar al proponer un “control público del comercio exterior de granos”.

“Un país que tiene una dependencia agropecuaria necesita un Estado que pueda fijar el precio que deben tener los productores para garantizar condiciones adecuadas de soberanía”, dijo el legislador de Unidad Popular a parlamentario.com.