El bloque Unión Pro solicitó el urgente tratamiento de los proyectos de Ley de Acceso a la Información, y de creación de un Registro Único y Publicidad de Planes Sociales, con el fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional a hacer pública la información relacionada con planes sociales y que el Congreso dicte de forma urgente una ley que regule el modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.

En su fallo, la Corte Suprema de Justicia señaló, en primer lugar, en referencia a la información sobre los planes sociales que “se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”, agregando que “los datos solicitados son una herramienta fundamental para que el pulso vivo y crítico de la esfera pública contribuya a determinar si la instrumentación de las políticas sociales establecidas por el Estado contribuye efectivamente o es disfuncional a los fines perseguidos”.

En el año 2012 los diputados nacionales Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Pablo Tonelli, Ramona Pucheta, y Omar De Marchi, presentaron un proyecto de ley para crear en el marco de la ANSeS, el Registro Único de Beneficiarios de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de unificar el otorgamiento de planes sociales, evitar superposiciones de beneficiarios de los mismos y asignar tareas a cumplir a cada uno de los beneficiarios del sistema. Por ello frente al mandato de la Corte, desde el bloque Unión Pro, se presentó este jueves un escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y al titular de la Comisión de Acción Social y Salud, cabecera del dicho proyecto, solicitando su urgente tratamiento.

Por otra parte también solicitaron al titular de la Cámara y al de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el urgente tratamiento de los proyectos presentados por varios diputados de dicho bloque sobre Acceso a la Información Pública, afirmando que “este fallo constituye un avance importante en materia de transparencia y control de los fondos públicos. Como ordenó la Corte, es prioritario que el Congreso trate una Ley para sancionar el derecho al acceso a la información, ya que creemos que es un elemento fundamental para el control ciudadano de gobierno”.

Recordemos que en el fallo de la Corte Suprema, la misma señaló que “la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud de información pública. De poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal”, reconociendo además que “el derecho de buscar y recibir información fue consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.