El decreto que declara la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires es un paso más en el zigzagueante y extraviado camino de las políticas de seguridad en la provincia que aseveran que el gobernador Scioli no sabe cual es el norte para poner en caja este serio problema.

Para empezar, se dictó un decreto a todas luces inconstitucional, arrogándose el gobernador potestades que pertenecen a la legislatura, y recién después de eso se llamó a las fuerzas políticas para tratar de consensuar que se hacía con la inseguridad; claramente se tomó el camino inverso si lo que se pretende es definir una política de estado. Una vez más se aposto al show mediático de impacto social del candidato a presidente y no a la responsabilidad de un jefe de estado provincial.

No obstante esto, el decreto tiene una bondad, reconoce la grave situación que vivimos los bonaerenses en cuanto a la inseguridad, así como la falta de efectivos, equipamiento básico, equipamiento tecnológico, patrulleros y sobre todo organización de la que sufre la policía.

Está claro que esta situación que llevo, supuestamente, al gobierno provincial a lanzar el decreto, no es lo sufrido por los ciudadanos en los últimos dos meses, sino la triste realidad que nos agobia hace años, que el partido de gobierno no ha solucionado en más de un cuarto de siglo y que nuestro gobernador no resuelve en los más de 6 años que ya lleva su mandato.

Estas faltas de las que reconoce ahora el gobierno que sufre la policía, son las mismas faltas que señalan los maestros en cuanto al sistema educativo, las que muestran los médicos en cuanto al sistema sanitario, o las que vemos quienes circulamos, a duras penas, por las intransitables rutas provinciales. En definitiva, la rica provincia de Buenos Aires tiene un enorme problema de desinversión y de déficit estructural que no se soluciona aumentando los impuestos, ya que la presión fiscal provincial es la más alta en todo el país.

El decreto, además de declarar la emergencia que le permite al gobierno, libremente y sin control, ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios de acuerdo a la ley 11430, que en realidad está prevista para casos de fuerza mayor como incendios, inundaciones, terremotos, epidemias; encomienda, en su artículo 10, a las autoridades provinciales competentes el diseño de estrategias y programas tendientes al desarrollo de acciones de inclusión social, cultural y educativa, composición vecinal, protección integral de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo canales de participación comunitaria a tal efecto.

Más allá de la coincidencia de que el problema de seguridad tiene un fondo de exclusión e injusticia social que es imprescindible atacar urgentemente, cabe preguntarse que ha estado haciendo el partido de gobierno hasta ahora si en el decreto de emergencia insta a “diseñar” estrategias y programas. ¿Habrá que esperar otros 25 años para que los lleven a la práctica?

Hace solo un mes el gobernador Scioli, muy suelto de cuerpo, nos dijo a los bonaerenses, en su discurso de apertura de sesiones en la legislatura bonaerense, que la provincia de Buenos Aires estaba social y económicamente desendeudada y parece que recién ahora ha caído en la cuenta de que hay problemas sociales que son causales de la inseguridad.

Basta de hipocresía señor gobernador, los hechos de inseguridad, violencia y linchamientos que hemos visto en estos últimos días muestran el grado de fractura que presenta nuestra sociedad. No son producto de la casualidad, sino el resultado de la década de gobierno peronista en los 90 que rompió los lazos de solidaridad y afirmó el individualismo y el sálvese quien pueda, del fracaso de la Alianza que no pudo quebrar esa cultura instalada por el menemismo y también del fracaso de la última década “ganada” que en el relato formuló políticas de redistribución de la riqueza, tendientes a una sociedad más igualitaria y equitativa, pero en los hechos, produjo una mejora fugaz de los ingresos de las clases más desposeídas a través del clientelismo y rompiendo con la cultura del trabajo. En definitiva esta mejora terminó devorada por las llamas de la inflación incontrolada producto de la propia ineficiencia e incapacidad del gobierno nacional.

Dicho todo esto es necesario hacerse una pregunta: ¿Será el decreto de Scioli el inicio de una política exitosa en materia de seguridad, o será otra vez un cuento chino, como los tantos que hemos escuchado antes? Dejo a los lectores que saquen sus propias conclusiones.