La iniciativa pretende garantizar el acceso oportuno y en condiciones de equidad e igualdad a la interrupción de la gestación en los casos de aborto no punible enunciados en los incisos 1 y 2 del artículo 86º del Código Penal de la Nación.
La diputada bonaerense del FpV/PJ Viviana Nocito presentó un proyecto de ley que fija el procedimiento a implementar en los establecimientos de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a fin de garantizar el acceso oportuno y en condiciones de equidad e igualdad a la interrupción de la gestación en los casos de aborto no punible enunciados en los incisos 1 y 2 del artículo 86º del Código Penal de la Nación, que exime de pena al médico y a la paciente que llevan adelante la práctica.
Cabe aclarar que el alcance del aborto no punible contemplado en el artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal de la Nación, se interpretará de acuerdo a los preceptos definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido el Alto Tribunal establece que no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima. Define incluso que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, gratuita, accesible y segura.
Al respecto, Nocito sostuvo que “es el Estado el gran garante. Porque las mujeres de escasos recursos económicos siguen muriendo mientras aquellas que pueden pagar la práctica, se realizan un aborto de manera clandestina”.
En el articulado del proyecto se establece que “el Ministerio de Salud de la Provincia garantizará la atención integral, gratuita, oportuna y efectiva de la mujer en los casos que el aborto no sea punible, en los términos de lo normado en el artículo 86º del Código Penal de la Nación así como en un todo de acuerdo con los principios de los derechos humanos universales y asumiendo a la salud como integral y determinada socialmente. En todo momento se resguardará la intimidad de la paciente y se garantizará la confidencialidad preservando sus datos personales y familiares”.
Asimismo, queda determinado que “la interrupción de un embarazo en los casos de aborto no punible, no requiere de autorización judicial, ni de ningún otro requisito más que los expresados en la presente norma, siendo la imposición de exigencias adicionales considerada como atentatoria de los derechos de la mujer y la exposición a incrementar el riesgo para su salud”.
