Diputados de Unidad Ciudadana buscarán declarar su preocupación y repudio por el asesinato de un niño de 12 años ocurrido el viernes pasado en esa provincia norteña por parte de agentes de las fuerzas policiales del lugar.
Los legisladores de Unidad Ciudadana impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a fin de la Casa exprese su repudió y preocupación por un caso de “presunto gatillo fácil” en el que falleció un niño de 12 años en la provincia de Tucumán por parte de agentes de las fuerzas policiales de dicha provincia. El hecho ocurrió el viernes pasado.
En los fundamentos de la medida, los kirchneristas explicaron que “durante la madrugada del pasado jueves 8 de marzo Facundo Alexis Ferreira -la víctima- se encontraba con un amigo viajando en moto por la ciudad de San Miguel de Tucumán cuando efectivos policiales les dispararon por la espalda, ocasionando la muerte del niño e hiriendo a su amigo en la pierna”.
“Luego de este accionar policial, fuera de toda legalidad, la familia denunció que al llegar al hospital les informaron que el niño había muerto en un accidente vial, ocultando la causa verdadera causa de muerte que surgió de la autopsia”, advirtieron y aseguraron que “el informe oficial de las fuerzas policiales afirma que hubo un enfrentamiento con un grupo de jóvenes en tres motocicletas y que la muerta del niño se debió a un intercambio de disparos; esta versión es la que ha tomado la fiscal Adriana Giannoni para la liberación de los dos efectivos involucrados en el hecho, que habían sido demorados”.
En ese sentido afirmaron que “esta versión nos genera una serie de interrogantes que acentúan nuestra preocupación por los hechos ocurridos: si ha sido un enfrentamiento, ¿por qué no se han encontrado casquillos de armas que no sean de las fuerzas armadas? ¿Por qué se ha decidido tirar a matar si la vida de los efectivos no corría riesgo? ¿Por qué no hay armas secuestradas si había pólvora en las manos de uno de los jóvenes según dice la versión oficial?”.
Finalmente, sentenciaron que “estos actos ilegales por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad se intentan justificar mediáticamente y desde el discurso oficial con la fuerte estigmatización de adolescentes y jóvenes de ciertos barrios, cargando con culpabilidades a estos jóvenes por el sólo hecho de tener ciertos rasgos físicos, códigos de vestimenta o circular por determinados lugares”.
La medida lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Andrea Conde; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, y los diputados Leandro Santoro, Javier Andrade y Lorena Pokoik.
