El día después de los violentos incidentes registrados en torno al Parlamento, un grupo de diputados nacionales kirchneristas presentó una denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como autoridades políticas que “impartieron las órdenes”, y a los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo realizado frente al Congreso de la Nación este miércoles y jueves.

Presentaron la denuncia el presidente de la bancada FpV-PJ, Agustín Rossi, y los diputados camporistas Martín Doñate (Río Negro) y Rodolfo Tailhade (Buenos Aires), contra el operativo de seguridad, que entienden resultó en la práctica “una operación destinada a manipular el eventual resultado de la sesión a la que se había llamado al cuerpo, mediante una brutal represión ejecutada por las fuerzas federales”. Sostienen que algunos diputados de su bloque y de otros, que estaban fuera del Congreso, resultaron “víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, y por esta razón no pudimos acceder a la referida sesión”.

“Esta circunstancia se ve con claridad en el caso de la diputada Mayra Mendoza, quien fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad, conforme se pudo apreciar en las imágenes que circularon en los distintos medios de comunicación”, denunciaron, asegurando que la diputada recibió balas de goma en las piernas y gas pimienta en el rostro. También fue golpeado el diputado fueguino Matías Rodríguez, que denuncian “perdió el conocimiento y tuvo que ser atendido por un equipo médico”. Denunciaron además que los diputados Horacio Pietragalla y Juan Manuel Huss “fueron rociados con gas pimienta en sus rostros a pocos centímetros de distancia”, mientras que el diputado Darío Martínez también fue agredido con diferentes gases, motivo por el cual tuvo que ser atendido en la enfermería del Congreso minutos antes de la sesión.

Agregan al listado a los diputados Leonardo Grosso y Victoria Donda, razón por la cual piden investigar esos hechos.

“La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, como así también sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales”, señalan los denunciantes, que apuntan a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Prefectura Naval. Todos ellos, aclaran, “bajo las ordenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quienes pretendieron, a través de la represión, evitar que un conjunto de legisladores debidamente electos por la ciudadanía ejerciera su mandato”.