El radical Luis Riccardo pide que el ministro de Educación informe sobre la política salarial docente, en medio del conflicto universitario. También impulsa una ley de 82% móvil para el personal no docente.
Aproximadamente 90 mil docentes universitarios de todos el país realizan una huelga general que compromete a 27 universidades y a más de 50 colegios preuniversitarios, por reclamos salariales. Es así que este lunes, dirigentes del gremio Conadu Histórica ratificaron en el Congreso su rechazo a la propuesta oficial de un aumento del 30 por ciento en tres cuotas, después de 16 meses desde el último aumento y de la escalada inflacionaria.
Algunas instituciones, como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ya fueron tomadas por estudiantes y docentes para darle fuerza al reclamo de un salario básico de 8.000 pesos, entre otras cuestiones.
Frente a esta situación, el diputado nacional y exrector de la Universidad Nacional de San Luis, José Riccardo (UCR), solicitó que el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, informe al Congreso acerca de “las acciones y medidas implementadas tendientes a resolver el conflicto docente en las distintas universidades nacionales y la política salarial docente”.
En este marco, el legislador puntano declaró su apoyo al reclamo de los docentes universitarios y preuniversitarios que solicitan mejoras salariales, acorde en su cargo testigo a la media Canasta Familiar.
“La difícil situación y los hechos de público conocimiento que atraviesan los trabajadores de la Argentina y los de la comunidad universitaria en particular quienes sufren conflicto salarial, implica la huelga y movilización de muchos docentes, lo cual trajo como consecuencia la paralización del calendario académico en dichas casas de altos estudios. Esta situación genera numerosos problemas para la población estudiantil, desde la pérdida de cuatrimestres, alteración en las regularidades en muchas asignaturas, además de los costos financias en las economías familiares”, advirtió Riccardo.
Además, el diputado presentó un proyecto de ley junto a su correligionario tucumano Luis Sacca que establece un régimen previsional especial para el personal no docente de las universidades, con la intención de que cobren una jubilación del 82 por ciento móvil de la remuneración total.
