Los trascendidos que indican que la marca francesa de implantes e siliconas PIP contiene sustancias nocivas para la salud de la mujer puso en alerta no sólo al mundo de la medicina, sino también al Poder Legislativo. El diputado porteño Daniel Amoroso y el bonaerense Mauricio Dalessandro presentaron proyectos de ley cuyo objetivo es que aquellas que deseen operarse para sacarse los implantes, puedan hacerlo gratuitamente.

Daniel Amoroso explicó que “ya en Francia, de donde son originarias estas siliconas, anunciaron que se harán cargo de los costos de las operaciones para retirar los implantes. Y aquí una clínica privada también dijo que lo hará. Sería una buena medida que desde el Estado se abra un consultorio en alguno de los hospitales públicos de la Ciudad para atender a las mujeres que tienen estos implantes, analizar cada caso y luego poder realizar las extracciones de las siliconas sin ningún costo”.

El legislador, presidente del bloque Unión Federal en la Legislatura de la Ciudad, afirmó que “en los últimos días se han conocido numerosos testimonios de mujeres que cuentan que viven con miedo por la posibilidad de que estos implantes, que se colocaron de buena fe y que ahora han sido prohibidos por las autoridades sanitarias, se rompan y les generen un trastorno grave de salud”.

“Alguien que se sometió a una operación de este tipo pensando que le ponían un implante de óptima calidad y ahora se encuentra ante un peligro cierto para su salud, no puede quedar como rehén de esta situación. Tanto el Estado, como las obras sociales y las prepagas, deben ofrecer una solución. En la Argentina unas 28 mil mujeres se colocan implantes mamarios cada año”, sostuvo Amoroso.

En el mismo sentido, Mauricio Dalessandro (UDESO) también impulsa una iniciativa para que el Estado, las obras sociales y las prepagas accedan a tratar sin costo económico alguno a las mujeres que se realizaron implantes de silicones y ahora, por temor a contraer enfermedades, decidan recurrir a una cirugía para su extracción.

Dalessandro aseguró que su proyecto tiene el objeto de que el sistema de salud provincial, tanto público como privado, imite la decisión adoptada por las autoridades sanitarias de Francia ante el riesgo que los implantes hayan generado casos de cáncer.

Explicó el legislador que “en Argentina hay más de 13.000 mujeres que se han realizado un implante con las prótesis PIP, de origen francés, las mismas que han despertado la sospecha en aquel país, por lo que se resolvió tratar el tema como una cuestión de Estado ante la posible aparición de nuevos casos que pongan en peligro la vida de las mujeres”.

“Todos los días hay cientos de mujeres que sospechan que pueden tener problemas con las prótesis y quieren sacárselas, pero las obras sociales y prepagas se niegan a realizar la operación si no hay un daño o amenaza concreta, pero de esa manera desprecian la cuestión psicológica”, agregó Dalessandro, quien puntualizó que “el Anmat recomendó a las mujeres implantadas que concurran al médico para resolver cualquier duda, ya que se comprobó que los implantes tienen un gel que no es de uso medicinal y puede ser tóxico para la salud”.

Aseguró además que “autorizar la extracción en forma gratuita es un procedimiento económico y preventivo, ya que evita problemas posteriores que en definitiva le pueden costar millones al sistema de salud”.

Cabe recordar que en Francia el gobierno resolvió exhortar a las mujeres que fueron implantadas con ese material a que concurran a los centros médicos para extraerse las siliconas.