El proyecto, aprobado por unanimidad con 58 votos positivos, vuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá designarse un defensor público de la víctima.
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad -58 votos positivos- el proyecto de ley de protección a víctimas de delitos, que fue devuelto con modificaciones a Diputados para su sanción definitiva.
El eje de la iniciativa, que fue impulsada por el Frente Renovador en la Cámara baja con acuerdo del oficialismo, consiste en el patrocinio jurídico gratuito y la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas, los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.
También plantea que las víctimas deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados.
Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
En el arranque del debate, el entrerriano Pedro Guastavino destacó las “siete jornadas intensas de debate” que llevaron a cabo las
comisiones encargadas de tratar el tema. Consideró que “la Argentina tiene que contar con una ley de este tipo” que ha sido “muy reclamada”.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales recordó a las “más de 50 víctimas o familiares de víctimas que nos dieron su testimonio” y que “terminaron de convencernos de forma contundente que era necesario contar con una ley de estas características”.
Entre los beneficios que incluye la iniciativa, señaló que establece que la víctima deberá tener “un trato respetuoso de su intimidad, ser informada sobre sus derechos, poder intervenir como querellante, ser informada sobre el estado del imputado”, entre otros numerosos aspectos.
A su turno, el radical Luis Naidenoff manifestó: “hemos escuchado testimonios conmovedores”. Recurrió a estadísticas sobre delitos ocurridos en 2015, año en que se registraron “por día, siete homicidios, 10 violaciones, 12 muertes por accidentes viales”.
El legislador formoseño subrayó que en la protección a las víctimas “el Estado fue deficiente” y “el sistema judicial que ha colapsado”. Por eso, consideró que “hoy damos un paso responsable” y que “se mejora con mucha prudencia la media sanción de Diputados”.
En el recinto, el senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) agradeció y felicitó a “víctimas y familiares que vinieron acá a manifestar su dolor con un enorme respeto”, y entre ellos mencionó a Carolina Píparo, Matías Bagnato, Viviam Perrone, María Luján Rey, entre otros.
El salteño Rodolfo Urtubey (PJ-FpV), impulsor junto a Liliana Negre de Alonso de los cambios propuestos en la Cámara alta, expresó que la Defensoría de la Nación “era el ámbito institucional adecuado para cumplir un aspecto central de esta norma”. Explicó que el defensor público de la víctima deberá contar “con acuerdo del Senado” y será asistido por “123 letrados de la Defensoría para que los puedan asistir”.
La puntana Negre de Alonso dijo: “Hoy estamos visibilizando la temática de la víctima. La víctima tiene que tener los mismos derechos que
tiene el imputado dentro del proceso”. Afirmó que el Estado “tiene que ir en búsqueda de la víctima, no la víctima salir a golpear puertas”, por eso “tiene que ser de oficio”. Por último, confesó estar “muy contenta por haber llegado a este acuerdo” y abogó por que en cada uno de los distritos se avance en la adecuación de legislaciones provinciales para complementar lo dispuesto en la nueva ley.
