Ante la política de terciarización decidida por el Pami, que incorporó sistemas privados de emergencia para trasladar a los pacientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en la ciudad de Rosario, la diputada Graciela Iturraspe (Unidad Popular) advirtió que “el conflicto es muy serio, se replica en todo el país, y significa un enorme perjuicio para los jubilados y los trabajadores”.

“Hace años que los trabajadores viven una situación critica, a la que se van sumando otras problemáticas. Estamos frente a un vaciamiento, no es válida la tercerización. De una vez por todas hay que entender que la Salud es un derecho esencial y no una mercancía”, agregó la diputada, que denunció la creciente precariedad laboral, señalando que “la falta de contratación en áreas criticas de profesionales en terapia intensiva y guardia medica en algunos hospitales. Estos servicios claves para una atención mínima y adecuada se encuentran atendidos por trabajadores contratados como locación de servicio con meses de demoras en el cobro de sus haberes”.

Iturraspe concluyó diciendo que “esta situación que se registra en Pami 1 y Pami2, que pone en riesgo las fuentes de trabajo de más de trescientos trabajadores, viene siendo denunciada por ATE”.