Comenzó a tratarse en la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley que propone la aprobación del convenio suscripto entre el Gobierno porteño y una de las empresas del Grupo IRSA, para construir un complejo habitacional de lujo sobre las 70 hectáreas que conforman lo que debió ser la Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Participaron de la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano unos 20 asesores y más de 80 vecinos, entre ellos unas 20 personas que actualmente viven en la villa Rodrigo Bueno. Durante las casi dos horas que duró el debate, no se escucharon palabras en defensa del proyecto enviado por el Ejecutivo de la Ciudad.

“Tal y como está planteada la ley no sólo es ofensiva para la Legislatura, sino para la dignidad de los diputados y la división de poderes. De aprobarse en estos términos, dejaríamos de ser una democracia participativa -tal como lo establece la Constitución porteña- y nos convertiríamos en una plutocracia, donde manda el poder económico sobre las representaciones políticas electas por el pueblo”, advirtió el legislador Adrián Camps, de Proyecto Sur-.

Por su parte, el diputado Martín Hourest expresó que “estoy planteando la necesidad de archivar este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo porteño porque omitieron incluir dentro de la moción el cumplimiento de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que todo proyecto que modifica el Código de Planeamiento Urbano tendrá tratamiento de doble lectura y necesitará una mayoría especial de 31 votos en cada una de las lecturas”.

“Y, que entre la primera y la segunda sanción, se deberá convocar a una audiencia pública gregó-. Visto y considerando que en la cláusula 4 del convenio de este proyecto de ley que están proponiendo se enuncia que si la legislatura no llegase a aprobar la moción o la aprobara con modificaciones al texto, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto ni valor legal alguno para las partes. Entonces no podemos tratar un proyecto de ley que en si mismo encierra una incongruencia técnica de gravedad, ya que es de por si inconstitucional”.

Durante la reunión se solicitó realizar, la semana próxima, un nuevo encuentro de asesores, diputados y vecinos con invitación abierta al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que aporte la información que aún no consta en el expediente, por ejemplo, estudio de impacto ambiental.