Así se refirió el ministro de Trabajo al régimen actual de ART, sancionado durante el menemismo. Tras explicar los ejes del proyecto oficial, indicó que “el mayor foco está centrado en el sistema indemnizatorio”, aunque consideró que “lo central es la prevención”. “Lo que persigue esta norma es resolver todo lo que pueda complicar, afectar o perjudicar la inmediata y justa reparación del daño laboral”, sostuvo.
El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, defendió este martes el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la actual Ley de ART y eliminar lo que se conoce como “doble vía”, al destacar que la iniciativa apunta a “mejorar derechos, desde la idea de que hoy un trabajador debe recurrir a la Justicia para alcanzar una justa reparación”.
“El mayor foco de esta ley está centrado en el sistema indemnizatorio”, explicó Tomada en el marco de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, a la que asistió junto al superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola.
El ministro apuntó que “lo que persigue esta norma es resolver todo lo que pueda complicar, afectar o perjudicar la inmediata y justa reparación del daño laboral”.
Al precisar los ejes de la iniciativa, Tomada explicó que, “por un lado, se actualizan los pisos mínimos, para que todos los trabajadores, en particular los que tienen salarios más bajos, tengan una reparación adecuada al daño”. Además, el funcionario sostuvo que “se dispone un ajuste semestral de los mismos, para que no pierdan el carácter resarcitorio”.
Sin embargo, aclaró que “lo central es la prevención”. “Hemos venido desarrollando políticas preventivas, y el mayor desafío que tenemos es seguir profundizándolas”, expresó el funcionario más allá de la ley.
“El proyecto será bueno si la indemnización es buena, si no se desactualiza en el tiempo y si la plata de la indemnización le llega rápido a los trabajadores”, sentenció.
Tomada consideró que la actual Ley de Riesgos de Trabajo, sancionada en 1995, “discrimina negativamente al trabajador” y que “las cifras indemnizatorias representaban la mitad de lo que hubiera percibido cualquier ciudadano si recurriera a la vía civil”.
En este sentido, destacó que, desde su renovación en 2003, la Corte Suprema de Justicia “no tardó en declarar inconstitucionales aquellos artículos que vulneraban los derechos de los trabajadores”, en alusión al artículo 39 de la ley en cuestión, que liberaba al empleador de responsabilidad civil. “Era una llave de esta sistema perverso”, sintetizó.
“No queremos el empobrecimiento de la víctima -agregó-, no queremos que se prohíba que un trabajador vaya a la Justicia igual que cualquier ciudadano”.
Por último, Tomada celebró que este Gobierno “ha enfrentado las políticas” de los `90 y que, en esta línea, “ha derogado leyes emblemáticas de ese período”, como la que ordenó privatizar las AFJP.
