La Comisión Bicameral encargada de analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió este martes a representantes de organizaciones indígenas y a la legisladora porteña y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, entre otros, en el Salón Azul del Congreso. En septiembre, el cuerpo que lidera el senador kirchnerista Marcelo Fuentes realizará reuniones en el interior.
La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación realizó este martes la última parte de la audiencia pública para escuchar diversas opiniones y posturas en relación con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El cuerpo que lidera el senador kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) recibió a representantes de organizaciones indígenas, y a la legisladora porteña y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, entre otros, en el Salón Azul del Congreso, en una reunión que comenzó pasadas las 12 y finalizó a las 20.45.
Las cuatro partes de la audiencia dieron un acumulado de 169 ponencias escuchadas de 190 presentadas.
Durante septiembre, la Comisión Bicameral realizará audiencias públicas en el interior hasta que se renueven las autoridades de la misma: el 6 y 7, en Tucumán; el 10, en Rosario; el 13, en La Plata; y el 20, en Neuquén.
Diferentes posturas durante la audiencia pública
María Micaela Gomiz (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas):
“Este proyecto es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación. Hoy, la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos”.
Carlos Marcelo Dalessio (presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires):
“El artículo 1549 prevé que cuando se otorga una donación a favor de un incapaz, debe designarse a éste un tutor ad hoc a los efectos de que proceda a aceptar la donación. Estamos en el supuesto más simple de este padre que dona un inmueble a su hijo menor de edad, que hoy es otorgado con la comparecencia del padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, otorgando esta aceptación en un contrato que, por definición, no puede generar ningún riesgo al incapaz, por lo cual no existe ninguna posibilidad de colisión de intereses entre donante y donatario, entre incapaz y representante. Estas donaciones, desde hace mucho tiempo, se otorgaron en ejercicio de la patria potestad. El artículo prevé la designación de un jurador especial en sede judicial. Creemos que es un trámite engorroso, costoso para las partes y que no cumple función alguna”.
Angela Marcela Jaramillo (Abogada Indígena Pueblo Kolla):
“El tema de la urbanidad y la ruralidad también es un tema para poder buscar alguna fórmula para incluir –en la unificación de los códigos- porque las comunidades no habitan sólo en zonas rurales, sino que también se desarrollan en zonas urbanas. Son pueblos que han sido trasladados por situaciones de trabajo, situaciones históricas. Se han desarrollado con un lazo que le ha marcado una posibilidad de encontrarse, identificarse y recuperar la identidad y la dignidad como ser completo, porque si una persona no puede decir su identidad, entonces es necesario contemplar alguna excepción a lo que está actualmente”.
Andrés Rascovsky (titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina):
En aspectos que tienen que ver con la salud mental y el cuidado del psiquismo y el cuerpo, se avanza positivamente en los derechos del paciente, como por ejemplo, en situaciones de internación, al establecerse la obligatoriedad de la participación previa de un equipo interdisciplinario.
Sandra Elena, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC):
La representante de la entidad solicitó “la protección de las acciones colectivas” y pidió reincorporar “la responsabilidad civil del Estado”. En ese sentido, destacó que “la protección de los derechos está sobre la protección del interés del Estado”.
María Rachid, legisladora porteña y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad:
Sobre las personas con discapacidad, señaló: “Deben ser tratados como sujetos de derecho, con igualdad de dignidad y valor que las demás personas, y es obligación del Estado reconocer su titularidad en todos los derechos, así como también su capacidad plena de ejercerlos por sí misma. Esto implica que no debe privarse a las personas de su posibilidad de elegir y actuar imponiéndole un jurador que la sustituya en el ejercicio de sus derechos y vele por sus intereses reforzando la pasividad de la persona con discapacidad, sino que deben crearse condiciones adecuadas para que la persona con discapacidad obre por sí misma”.
