Así lo anticipó Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, quien recordó que allí se acordó con otros bloques la oralidad de todo el proceso, la investigación a cargo de la fiscalía y la implementación del juicio por jurado.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, diputada nacional Patricia Bullrich (Unión Pro), luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal, reafirmó su intención de analizar su reforma, y recordó que éste fue el primer tema que propuso para su tratamiento al asumir la presidencia de dicha Comisión.
Bullrich señaló al respecto que “al asumir como titular de la Comisión de Legislación Penal, el primer tema que pusimos en tratamiento fueron los proyectos que proponen una reforma del Código Procesal Penal. Señalamos la necesidad de una reforma procesal y judicial a partir de las demandas sociales de mayor protección”.
“La iniciativa que se acordó con los diferentes bloques de la comisión proponía, entre otras modificaciones, la oralidad de todo el proceso, la investigación a cargo de la fiscalía y la implementación de juicios por jurado. La comisión en ese momento también aprobó un cronograma de audiencias públicas para el análisis de la reforma”, indicó Bullrich y agregó que “avanzamos en el estudio hasta el artículo 40, cuando el oficialismo dejó de participar y quitó el apoyo, porque no quería tratar más el tema”.
“Estamos de acuerdo en analizar una reforma del Código Procesal Penal. Es más, junto a los diputados Federico Pinedo y Pablo Tonelli, en el mes de junio presentamos un proyecto de reforma, cuyo espíritu es avanzar hacia un sistema acusatorio con la oralidad como principio para garantizar la justicia en tiempos cortos”, puntualizó la diputada.
Bullrich consideró que “con el proyecto que enviamos, el procedimiento penal ganará notablemente en agilidad y transparencia, se logrará acabar con los procesos de tramitación indefinida que el sistema actual produce, y se dará a la sociedad respuesta en tiempo y forma respecto de los casos sometidos al conocimiento de la justicia federal”.
“Se trata, en definitiva, de producir un cambio substancial en la cultura judicial imperante, de un modo que permita recuperar la confianza del pueblo en el servicio de justicia penal”, concluyó.
