El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública. La iniciativa busca que cualquier manifestación realizada por un funcionario en redes sociales, entrevistas o medios públicos sea presumida como parte de su función.
El proyecto surge a partir de un dictamen reciente de un fiscal federal que sostuvo que los mensajes publicados por el presidente desde su cuenta de X deben considerarse actos oficiales.
En un contexto donde las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación de muchos funcionarios, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que apunta a cerrar un vacío legal: propone que toda declaración pública realizada por un funcionario en ejercicio sea considerada como hecha en el marco de su cargo, a menos que se demuestre lo contrario.
La propuesta modifica la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en 1999, cuando el ecosistema comunicacional era radicalmente distinto. Según el legislador, hoy las manifestaciones en redes personales, entrevistas informales o incluso documentales pueden tener un impacto institucional tan fuerte como una conferencia de prensa oficial.
“El objetivo no es limitar la libertad de expresión, sino establecer una presunción legal que permita exigir responsabilidad por declaraciones que afectan la percepción pública, la transparencia y la rendición de cuentas”, explicó Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.
Uno de los antecedentes que motivó la iniciativa fue un dictamen reciente del fiscal federal Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien sostuvo que los mensajes publicados por el presidente Javier Milei desde su cuenta verificada en X (ex Twitter) deben considerarse actos oficiales, al tratarse de una cuenta institucional.
El proyecto establece que solo mediante prueba fehaciente se podrá demostrar que una declaración fue de carácter estrictamente personal y sin relación con el cargo. De aprobarse, la norma podría tener implicancias directas en causas judiciales, investigaciones administrativas y en el control ético de los funcionarios.
La propuesta ya genera debate en el Congreso y entre especialistas en derecho público, quienes discuten si esta presunción podría fortalecer la institucionalidad o abrir la puerta a interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión.