“El decreto 2067/2008 del Poder Ejecutivo Nacional crea un verdadero tributo bajo la denominación de cargo tarifario que será adicionado a la liquidación del precio del servicio en la respectiva boleta de gas, implicando subas que oscilan entre un 70% y un 260%. Este tributo está destinado a la formación de un fondo, con el cual se constituirá un fideicomiso destinado a la eventual importación de gas”, explicó la legisladora socialista María Elena Martín.

La diputada llamó la atención sobre la “inconstitucionalidad” de este decreto, al afirmar que “el Congreso Nacional no ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de crear tributos, ni en la ley de Emergencia Económica Nº 25.561 del año 2002, ni en la ley regulatoria del gas de 1992, ni en la de hidrocarburos del año 1967. Y, ni aún en un contexto de emergencia como el que se invoca, puede omitirse lo establecido por la Constitución Nacional: las cuestiones atinentes al derecho tributario sustantivo corresponden al Congreso de la Nación”, aseguró.

La diputada socialista agregó que “esto es así en nuestro sistema democrático no por casualidad, ya que cuando se trata de detraer parte del patrimonio o del ingreso o renta de las personas, hablamos de crear una obligación que merece y debe ser discutida en el ámbito legislativo”.

Martin lamentó que con “esta decisión tomada en soledad por el Gobierno nacional, se privó al Congreso de la posibilidad de debatir razones de oportunidad, conveniencia y proporción del tributo, como así también otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el estado de ejecución de las obras del gasoducto Magallánico destinado a proveernos gas desde las reservas existentes en Tierra del Fuego, cumplimiento de la obligación legal de abastecer el consumo interno como condición previa a exportar, nueva contratación de buques gasíferos para proveer gas desde el puerto de Bahía Blanca, avances alcanzados en la construcción del gasoducto del NEA y eventuales alternativas ante la necesidad de importar”.

“Pedimos la eliminación por ley de este tributo porque así como solo el Congreso posee competencia exclusiva para establecer tributos, también el Congreso tiene competencia para dejar sin efecto esta medida. Diputados y Senadores de la Nación deben asumir la discusión de estas cuestiones que son de su competencia”, explicó la legisladora.

Finalmente, Martin pidió además “la suspensión de cualquier corte del servicio a los usuarios que se opongan al pago del tributo hasta tanto haya pronunciamiento judicial definitivo acerca de su validez” y remarcó la necesidad del “estudio y confección de un nuevo cuadro tarifario, que segmentarice a los usuarios residenciales no en base a su consumo, sino al nivel socio-económico de los mismos y a su localización geográfica”.