El diputado nacional Jorge Albarracín expresó que los proyectos de ley de reforma al Poder Judicial que la presidente anunció que enviará al Congreso con el propósito de producir una democratización de la Justicia “está direccionada a una mayor politización en la elección de los jueces, el ejercicio de facultades disciplinarias y la posibilidad de remoción de los mismos”.

“Esto está muy claro por el propio fundamento constitucional que expuso la presidenta: la relación del artículo. 114 de la Constitución Nacional (Consejo de la Magistratura) con el artículo. 38 (regulación de los partidos políticos). Esto significa en la práctica que, los magistrados, abogados, científicos y académicos que quieran formar parte del Consejo que eligen los jueces y los remueven van a tener que participar en política partidaria”, expresó Albarracín.

El legislador radical ratificó que la participación de científicos, académicos, abogados, etcétera en política partidaria “se aclara más cuando se establece que para hacerlo deberán participar en las PASO, igual que los diputados nacionales, senadores nacionales y presidente de la República. Van a tener que hacer campañas política, igual que los políticos propiamente dichos. Además, si nos guiamos por el resultado de las últimas PASO, se producen un efecto arrastre de la candidatura presidencial sobre las restantes”, juzgó.

Albarracín recordó que por ejemplo “si se repite la elección de 2011, el kirchnerismo o quién gane tendría: la Presidencia de la Nación, mayoría legislativa propia y Consejo de la Magistratura propio (que quienes eligen y remueven jueces podrá ser del mismo signo político). En los hechos al pertenecer a un mismo partido político se anula la división de poderes que es la base de la República”.

Por último, consideró que las restantes iniciativas se pueden discutir pero “esta reforma es la más importante y la más aberrante. La incorporación de los partidos políticos en la elección de los jueces es de tal magnitud y gravedad que disminuye las restantes y genera nuestro rechazo a la politización partidaria del Consejo de la Magistratura”.