Por medio de esta reforma, el kirchnerismo pretende ampliar y profundizar el pacto de impunidad que caracteriza a la Justicia Federal Penal. Tras décadas de corrupción y saqueo del patrimonio público, las condenas son escasas y resultan irrisorias, existen cientos de causas encajonadas y quedan, por ejemplo, descaradamente impunes casos como el de Carlos Menem y los funcionarios absueltos en la causa de la voladura de la fábrica de explosivos de Río Tercero. Por eso afirmamos que la “inseguridad es hija de la corrupción” y que “la corrupción mata”, como lo atestiguan las 52 muertes de la Estación Once y las más de 60 de las recientes inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Cuando ambas tragedias pudieron haberse evitado si el Estado, en todas sus jurisdicciones, funcionara realmente en atención al Bien Común en vez de ser aprovechado -como lo es- fundamentalmente para el interés de funcionarios y empresarios inescrupulosos, en un ambiente de desidia e ineficiencia de gestión que -por desgracia- seguirá cobrándose vidas de inocentes.

Es que los poderes públicos y las instituciones están fuertemente atravesadas por la cultura de la mafiosidad: la asociación ilícita de funcionarios con grupos privados y transnacionales en beneficio personal, la cultura del sobreprecio en la obra pública, el narcotráfico, la trata de personas, la complacencia con los miles de talleres que ejercen el trabajo esclavo, el comercio de armas, los negocios supermillonarios a costa de la contaminación del agua y el medio ambiente, y el reparto impune del subsuelo, la tierra pública y los bienes comunes.

Por consiguiente, quienes tenemos como principio indeclinable “democratizar la democracia” y salvaguardar a rajatabla los derechos de la ciudadanía, no podemos aceptar que en su nombre se pretenda legalizar la arbitrariedad, el abuso, y la sistemática violación del orden jurídico. Democratizar la justicia nada tiene que ver con someterla a los designios de los gobiernos de turno. Con los pretendidos proyectos del oficialismo se cierra, en definitiva, el círculo de impunidad que implica doblegar a los pocos magistrados independientes que quedan con el fin de unificarlos en una camarilla complaciente que justifique cualquier atropello, naturalice los excesos, permita afectar los derechos y las libertades públicas, y termine consolidando un Poder Judicial adicto para actuar en sistemática complicidad con el poder político.

Qué significan sino los cambios propuestos, cuando en el Consejo de la Magistratura se busca destituir a los jueces independientes y convertir a los postulantes en candidatos subordinados a los partidos políticos propiciando la imposición de los oficialistas a partir de mayorías ocasionales, cuando la limitación de las medidas cautelares se dirige a dejar indefenso al ciudadano frente a la discrecionalidad gubernamental, y cuando la creación de las tres Cámaras de Casación redundará en nuevos obstáculos que retracen aún más los procesos judiciales. Así, habremos perdido una parte sustancial de la Democracia que se funda en la defensa del ciudadano ante la superioridad de los que se encuentran en ejercicio del poder; y la democracia política argentina, en tal caso, ya no lo será.