“Las explicaciones hay que pedirlas en el máximo nivel de responsabilidades”, dijo la titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer tras presentar el pedido de interpelación al ministro Julio De Vido y al canciller Héctor Timerman.

A juicio de la diputada del GEN, ambos ministros son “los que deben rendir cuentas al Congreso, sobre las relaciones diplomáticas y las negociaciones comerciales entre Argentina y Venezuela, desde la asunción de Néstor Kirchner”.

“Es tiempo de que el Congreso haga venir a los funcionarios a dar explicaciones de su gestión, y especialmente cuando el escándalo desatado en torno a la existencia de una diplomacia paralela para encubrir irregularidades administrativas, negociaciones sospechosas y actos de corrupción, afecta seriamente la credibilidad del Gobierno y del país”, puntualizó la presidenta del bloque GEN.

Stolbizer,acompañada por el bloque radical y los diputados Felipe Sola y Elisa Carrió, presentó esta iniciativa para que, expliquen los propios ministros todos los episodios que hoy se ventilan en la opinión pública y en los Tribunales, con relación a los negocios que ha hecho la Argentina en estos años con la República de Venezuela.

Precisamente durante el encuentro de jefes de bloques de la oposición se acordó impulsar este proyecto. La diputada Patricia Bullrich confió que “estamos todos de acuerdo”, en la propuesta de convocar a los funcionarios.

Según afirmaron voceros consultados, la oposición sólo necesita una mayoría simple para aprobar el pedido de la oposición.

Los fundamentos de la presentación dejan claro el objetivo del pedido de interpelación: “Son demasiadas las situaciones que se repiten en torno a este relación oficial bilateral y que han quedado cargadas de sospechas: un convenio de cooperación para encubrir compras directas sin licitación pública; la valija de Antonini; viajes de funcionarios sin competencia específica de manera permanente; quejas y reportes de la Cancillería por la existencia de esas negociaciones por afuera de su conocimiento y trámite; denuncias de pedido de comisiones; discrecionalidad en el tratamiento de las empresas argentinas; reuniones paralelas; denuncias judiciales. En el medio, enriquecimiento de funcionarios, procesamiento de otros y la renuncia intempestiva del Ministro afectado en su área. Todas estas cuestiones casi obligan al Congreso a reaccionar haciendo venir, en los términos en que lo faculta la Constitución Nacional, a los máximos responsables a rendir explicaciones e informes”.