El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, y su par Manuel Garrido presentaron este lunes una ampliación de la denuncia realizada el viernes pasado contra más de cinco funcionarios públicos por “severas irregularidades” en la licitación de represas en la provincia de Santa Cruz.

La denuncia original incluía al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi, y; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, entre otros.

Ahora, los diputados apuntaron también a Jorge Omar Chueco, un abogado “acusado de lavar fondos a través de la financiera SGI” (alias “La Rosadita”), a quien acusan de haberse adjudicado “la mayor parte de las nuevas redes de transporte de electricidad que se hicieron en el país”.

Al mismo tiempo, advirtieron que el fundador la empresa de Chueco fue Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, la empresa que acaba de adjudicarse la construcción de las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic.

“La licitación desde el inicio hasta el final fue un desastre absoluto, llena de puntos oscuros, aprietes e irregularidades destinadas a favorecer a amigos del Gobierno”, señalaron los legisladores que denunciaron a los funcionarios por los delitos de abuso de autoridad y por negociaciones incompatibles con la función pública.

Los diputados destacaron que “como si todo ese manto de corrupción e irregularidades no fuera ya suficiente, ahora se le agrega esto: conexiones claras con el lavado de dinero”.

“Que Chueco, acusado de lavar a través de la ‘Rosadita’, sea síndico de dos empresas en las que participa Ferreyra, muestra otra hilacha de la enorme trama de corrupción en la que se transformó nuestro Estado en los últimos diez años”, alertaron los radicales, que el viernes se presentaron ante los tribunales de Comodoro Py.