Cuando en 2012 se decidió la expropiación de YPF me opuse a esta medida, tratando de tener una visión de largo plazo del futuro energético argentino, y creo que no me equivoqué. Recibí muchas críticas de mis colegas por este voto, pero creo que lo que pasa hoy demuestra que tomé el camino correcto.

Como argumenté en la votación, la Constitución argentina dice que para expropiar hay que pagar, cosa que nunca hicimos. Hoy Repsol reclama 10.500 millones de pesos por su parte de YPF. O sea que, con lo que el Gobierno hizo el año pasado, estamos hablando de una confiscación, un concepto casi prohibido en nuestra tradición constitucional y jurídica.

Entonces dije que el entonces nuevo presidente de YPF, Miguel Gallucio, se iba a aburrir de recorrer el mundo para conseguir inversores sin éxito, por el comportamiento que tuvo el Gobierno. Mi predicción se cumplió y hoy nos encontramos regalando nuevamente nuestra soberanía energética a través de un acuerdo con Chevron que le da a esta empresa condiciones mucho más ventajosas que las que tenia Repsol en su momento.

Con este acuerdo con Chevron la Argentina esta embargando su futuro energético, mientras aumenta cada día sus necesidades de importación de energía. Al no ser un país confiable, debido a la confiscación de YPF y otras tantas medidas que minaron nuestra seguridad jurídica, tenemos que pagar todo más caro, y todo el dinero que se genera por las exportaciones ya no alcanza para pagar el agujero energético.

Como contracara de este sector energético en rojo y necesitado de importaciones, tenemos al sector agropecuario, el que provee la caja para pagar las importaciones energéticas y otros varios desaguisados del Gobierno. A este sector, gran proveedor de divisas, se lo está asfixiando con una presión fiscal superior al 75 por ciento.

Me pregunto yo ¿No hubiera sido más práctico y fácil exigir a Repsol y las demás petroleras actuantes en el país un nivel de reinversión adecuado para generar alternativas energéticas? ¿No hubiera sido más fácil poner reglas claras para todos los actores del sector energético y no tener que tomar una decisión a las apuradas, entregando gran parte de nuestra riqueza a una empresa porque ya no tenemos más salida? ¿No debiéramos haber hecho un análisis exhaustivo de nuestras reservas y de que posibilidades de desarrollo de energías renovables teníamos?

Sin una política de Estado, sin respetar los pactos y sin generar acuerdos en sintonía con la política energética que se lleva adelante el mundo, será muy difícil salir de nuestra encrucijada energética.

Mientras resolvemos esto, también debemos apuntalar al sector que puede generar las divisas necesarias para resolver nuestro problema con la energía, que es el campo. Pero para ello hay que generar ciertas condiciones, como disminuir la presión fiscal, liberar las exportaciones, tener un dólar competitivo, fomentar la industrialización de los productos primarios y bajar la inflación. Estas medidas son necesarias para oxigenar al interior y detener la migración de los pobladores rurales a las grandes ciudades.

Es posible otra Argentina. El mundo demanda alimentos y somos uno de los pocos países que pueden satisfacer esa necesidad en gran escala. Pero para eso necesitamos volver a un contexto normal, con un estado facilitando y apoyando la actividad privada, brindando servicios, resolviendo los grandes temas de Estado como la energía con políticas pensadas. Es hora de que cambiemos el rumbo y retomemos la senda del crecimiento y la normalidad jurídica.

Lucio Aspiazu es diputado nacional de la UCR por la provincia de Corrientes.