La reunión contó con la disertación de la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia quien informó que “400 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), se reunió este jueves con el fin de analizar los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia.
En el Salón Arturo Illia, recibió a Paula Wachter, directora Ejecutiva de la Red por la Infancia quien enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
En ese sentido, explicó que “a causa de la pandemia, las guerras, los desastres naturales y por la situación de la niñez migrante a nivel global, cada vez hay más niños en situación de desprotección y vulnerabilidad”.
Respecto a la violencia sexual, Wachter indicó que “se trata de un tema complejo, multicausal y multidimensional que se encuentra oculto a plena luz”, al señalar que “es una problemática que aún no se manifiesta en la misma medida en que sucede”.
Además, la responsable de Red por la infancia, una fundación que trabaja en la prevención y abordaje de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, citó: “El 73 por ciento de los países recopilan datos sobre la prevalencia y comprenden el problema”.
Por otra parte, aseguró que para poder abordar la violencia en la niñez “se necesitan dos ejes: la prevención, teniendo buenas leyes, y la respuesta, teniendo servicios de apoyo y recuperación”.
Finalmente, a modo de conclusión, explicó que en materia de legislación “estamos por encima de la media regional y global”, y que “nos caracterizamos por tener un buen marco normativo en protección de las niñas, niños y adolescentes y, además, adherimos a todas las convenciones internacionales”.
También disertó la presidenta de la Asociación civil “Arco Violeta”, Claudia Rizzo, quien se refirió a “la ayuda y prevención en violencia de género” que realizan desde su fundación y en ese sentido aseveró: “Queremos ayudar a las niñas, niños y adolescentes del futuro, pero también del presente”.
Por otra parte, el pleno de la comisión aprobó una declaración en los 40 años de democracia “defendiendo los derechos adquiridos por nuestro país”. “La violencia y los abusos son un problema que atraviesa a todos los estados y por eso debemos ser todos agentes preventores del delito”, señaló Vega.
En tanto, la diputada oficialista Paola Vessvessian manifestó que “el gran reto que tenemos en las políticas públicas es la integralidad, en todo aspecto, y sobre todo garantizando la participación de niñas, niños y adolescentes. También deberíamos debatir lo normativo”, mientras que su par Victoria Morales Gorleri (Pro) coincidió en “concentrarnos en mejorar nuestras políticas públicas y el abordaje”.
Se trata del tucumano José Orellana, actual intendente de la ciudad de Famaillá. El hecho se registró en 2016, con la empleada de otra diputada nacional del Partido Socialista.
Llegó a su fin el juicio contra el ex diputado nacional José Orellana, con una condena a prisión. Se trata de la causa iniciada por abuso sexual dentro del mismísimo Congreso de la Nación, cuando el tucumano representaba al bloque Frente para la Victoria, y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 28 le aplicó una condena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los jueces que lo condenaron son Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvá quienes habían escuchado los alegatos de las partes el viernes pasado.
En la actualidad, Orellana es intendente de la ciudad tucumana de Famaillá, cargo al que accedió a pesar de haberse iniciado la causa en su contra en 2016.
No obstante la dura condena que le aplicaron, Orellana anunció que será candidato en las próximas elecciones: a legislador provincial, mientras que para la intendencia de Famaillá competirá su hermano mellizo Enrique.
A propósito de su condición de hermano mellizo, el entonces diputado José Orellana es autor del proyecto para instituir el 9 de julio de cada año como Día Nacional de los Mellizos y Nacimientos Múltiples.
Amén de ese dato que tiene que ver con su paso por la Cámara de Diputados, donde ocupó una banca entre 2015 y 2019. Es la primera vez que un exdiputado es condenado por delito sexual en sus funciones, tal cual remarcó la abogada Fernanda González Allega, representante de la denunciante, Agustina Poch.
Orellana había sido procesado en mayo de 2019 por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento que previamente le habían dictado a Orellana.
El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2016 y la víctima fue Agustina Poch, una joven platense que trabajaba en el despacho de la entonces diputada nacional socialista Gabriela Troiano.
Poch -que en un primer momento utilizó el pseudónimo “Luz” y más tarde reveló su identidad- denunció que Orellana la acosó en su despacho, tanto verbal como físicamente.
Por entonces, Poch tenía 22 años, y según detalló, el entonces diputado incurrió en “manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos” que nunca consintió. Ella había concurrido a su despacho para avisarle que tenía gente esperándolo.
Si bien la Cámara de Diputados no tomó ninguna decisión respecto de su denuncia al momento de los hechos, luego, en julio de 2020, incorporó a Poch a la planta permanente de empleados a partir de la iniciativa del Departamento de Género y Diversidad Sexual de la Cámara baja.
La jueza de primera instancia María Alejandra Provítola dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer del legislador tucumano, basándose fundamentalmente en el testimonio del secretario de Orellana, José Romero, quien dio una versión diferente a la de Poch.
La decisión fue apelada por la otra abogada defensora de Poch, la ex diputada nacional socialista María Elena Barbagelata, con la intervención de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres), pero la Sala IV de la Cámara de Apelaciones confirmó la falta de mérito.
Barbagelata presentó nuevas pruebas y se realizó un careo entre Poch y Romero, tras lo cual la magistrada resolvió sobreseer a Orellana, aunque manteniendo el “estado de incertidumbre”.
Por esa razón, la querella volvió a presentarse ante la Cámara, y finalmente el mismo tribunal -que cambió a dos de sus tres miembros- no solo revocó el sobreseimiento del exdiputado, sino que también dictó su procesamiento.
En el fallo, la Sala IV se basó en un testimonio clave, el de una arquitecta que dio detalles sobre las cámaras de seguridad del edificio Anexo de Callao 86.
Para el tribunal, los elementos incorporados permitían tener por acreditada la intervención culpable de José Fernando Orellana en el suceso que se le atribuía, pues se comprobó que Poch permaneció a solas por un momento junto a Orellana en la oficina.
“En definitiva, la prueba reunida conforma la convicción necesaria para dictar el procesamiento de José Fernando Orellana en orden al delito de abuso sexual”, concluyó la Sala IV.
Ahora, los jueces también le prohibieron al intendente acercarse a Agustina por un plazo de cuatro años.
Los fundamentos la sentencia se conocerán el próximo 16 de diciembre.
Los legisladores de ese espacio expresaron su preocupación por el sobreseimiento de Mariano Coselino, quien había sido imputado por abuso sexual hacia su hijo de 7 años.
La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, junto a otros diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración en el que buscaran expresar su “profunda preocupación por el sobreseimiento a Mariano Coselino, imputado por abuso sexual hacia su hijo de 7 años”.
En los fundamentos de la iniciativa recientemente presentada, los opositores aseguraron que el nene reveló haber sufrido “abusos sexuales, golpes y amenazas de muerte por parte de su progenitor”, por lo que su madre decidió realizar una denuncia que se encuentra radicada actualmente en la Cámara de apelaciones en lo Criminal y Correccional, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 36, Secretaria Nº 123.
En abril pasado el nene fue sometido a una pericia psicológica en la que, según consigna el proyecto, se “encubren todos los indicadores subjetivos de abuso sexual que Martín presentaba, apelando al Síndrome de las Falsas Memorias (SFM). Luego de dicha pericia, le aplicaron SAP a la madre”.
Al mes siguiente se le realiza el primer examen físico en el Hospital Público del Niño, y allí se observan e informan en la historia clínica indicadores de abuso sexual con acceso carnal crónicos. Ante este informe, la abogada de Coselino denuncia a la médica por “mentir”. Ya en agosto se solicitó una psicológica y psiquiátrica del acusado, quien se niega a realizar dichas pericias.
“En el mismo mes, se hace el segundo examen físico a Martín, donde participan dos médicos del cuerpo médico forense (que no son los especialistas en ‘infanto juvenil’). Ambos, junto con Sandoval Hernández de APADESHI, niegan las lesiones observables. La médica perito de la madre firma en total disidencia y realiza un informe describiendo indicadores físicos de abuso sexual observados en el examen”, sostuvieron los legisladores y recordaron que la madre del nene presentó en septiembre fotografías que comprobarían los abusos.
Es por ello que “la madre inicia el pedido de producciones de pruebas, pidiéndole al Juez que no desconozca el examen de Mayo y que cite a las médicas que observaron los indicadores. Pero intempestivamente dictó el sobreseimiento”.
En tanto los legisladores del FdT concluyeron asegurando que “Martín sufrió abuso sexual por parte de su progenitor. El niño ya habló, su cuerpo también habla de lo que sufrió. No vamos a dejar que se viole su integridad nunca más”.
El texto recientemente presentado en la Legislatura también lleva la firma de Alejandro Amor, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Cecilia Segura y María Magdalena Tiesso (FdT).
Se trata de Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz a quien la legislatura provincial de Santiago del Estero le impugnó los títulos por “inhabilidad moral”.
En el acto de jura de los 40 diputados provinciales electos en las últimas elecciones, la legislatura de Santiago del Estero rechazó los títulos de Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz, que había sido electo diputado por el Frente Patriótico Laborista, por “inhabilidad moral”, ya que había sido condenado por abuso sexual en un juicio abreviado en donde se declaró culpable.
Durante la sesión preparatoria los diputados del Frente Renovador presentaron un escrito solicitando la impugnación de Ruiz por “inhabilidad moral” documento que fue analizado por la comisión integrada por seis diputados de la mayoría y tres de la minoría, quienes resolvieron que no asuma en su banca. También, la presión de organizaciones feministas y de Ni Una Menos Santiago, fueron cruciales para la decisión.
Los movimientos feministas habían alzado su voz para frenar la asunción de Ruiz por su pasado y porque todavía pesan sobre él otras denuncias de violación que se están investigando en la justicia penal. “Incluso hay juicios de filiación pendientes”.
“Desde el conjunto de organizaciones que integramos el movimiento feminista de Santiago del Estero queremos manifestar nuestro fuerte repudio y decir que no estamos dispuestas a tolerar en la Cámara de Diputados de nuestra provincia a una persona condenada por el delito de abuso sexual y con otra causa similar en curso (con idéntico patrón)”, expresaron desde la agrupación Ni Una Menos Santiago.
Y agregaron: “Actualmente existe otra causa judicial en curso, iniciada en virtud de una denuncia en agosto de 2013 por otra mujer, que también llegó al despacho del entonces intendente de La Banda a pedir trabajo y apenas iniciada la conversación, Ruiz se bajó los pantalones exigiéndole mediante uso de la fuerza la práctica de sexo oral, luego de lo cual, también intentó perpetrar el delito de abuso sexual con acceso carnal”.
“En virtud de las pruebas que acreditan los hechos denunciados la fiscal a cargo de la investigación requirió la elevación a juicio, sin embargo, se desconocen las razones de la inactividad del proceso. De acuerdo con el Código Penal, art. 119 tercer párrafo, se configura la violación cuando el acceso carnal es por vía oral, por lo que se trata de otro hecho de violación”, denunciaron desde la agrupación.
Ruiz había sido condenado en 2015 del delito de abuso sexual con acceso carnal, en un juicio abreviado donde se declaró culpable de abuso sexual para evitar una condena mayor. Por esa razón, estuvo un corto tiempo en la cárcel y luego fue liberado. Había estado prófugo y fue detenido en una casa en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Cuando se presentó como candidato, el Frente Renovador hizo un planteo ante la Justicia Electoral Provincial que, a pesar de ello, lo autorizó a postularse.
Se trata del diputado provincial electo Héctor Ruiz por Santiago del Estero que está imputado por delitos de abuso sexual. Desde la institución expresaron su repudio.
Ante la próxima asunción como diputado provincial de Héctor Eduardo Ruiz, condenado por violación, y habiendo tomado conocimiento de la denuncia pública realizada por el movimiento de mujeres de Santiago del Estero, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) presentará ante la Legislatura provincial una nota expresando su preocupación y repudio.
Este jueves por la tarde funcionarias de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio se reunieron en la provincia con las organizaciones denunciantes, mientras que algunas de sus integrantes viajaron a la ciudad de Buenos Aires, donde fueron recibidas por la titular de la cartera de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, para profundizar acerca del caso.
“Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz resultó electo por la lista Frente Patriótico Laborista en las elecciones del pasado 14 de noviembre, por lo que a partir del lunes 6 de diciembre ocupará una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Ruiz fue condenado por distintos delitos de abuso sexual contra mujeres cometidos mientras se desempeñaba como intendente de La Banda y en la actualidad existe una causa judicial en curso”, detallaron desde la institución.
En el marco de su encuentro con la ministra, las organizaciones expresaron preocupación por el hostigamiento que están atravesando desde que hicieron pública la denuncia. En ese sentido, el MMGyD manifestó su repudio y acompañamiento.
“Para el MMGyD que asuma en un cargo público una persona condenada por violación durante el ejercicio de la función en el ámbito estatal, como es el caso de Ruiz, atenta contra la calidad de la democracia y de las instituciones”, expresaron y agregaron que “además, constituye un mensaje negativo para toda la ciudadanía en términos de qué resulta tolerable y qué no y revictimiza a las mujeres violentadas por Ruiz”.
Sobre el tema, la ministra Gómez Alcorta sostuvo: “Una democracia fuerte es aquella en la que se respetan los derechos de todas las personas. Para garantizarla, debemos tener absoluta claridad acerca de los límites que establecemos y ser inflexibles con las violaciones a los derechos de las mujeres y LGBTI+”.
El senador tucumano pidió ampliarla hasta fin de año. La misma se viene extendiendo desde fines de 2019 por una denuncia de presunto abuso sexual de la que se defiende en los tribunales.
El senador nacional tucumano José Alperovich renovó este lunes su pedido de licencia sin goce de sueldo en la Cámara alta para continuar enfocado en su defensa, tal cual explicó.
La nota fue presentada este lunes ante la Presidencia del Senado y a través de la misma solicita la extensión de la licencia sin goce de sueldo hasta el 31 de diciembre del presente año.
En la misiva, que fue difundida a través de la oficina de prensa del exgobernador tucumano, se informa sobre “importantes avances en los procesos penales que se sustancian tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la provincia de Tucumán”. Según se indica, en ambos casos “se produjeron pruebas contundentes que demuestran la falsa acusación” que Alperovich atribuye a “adversarios políticos”.
“Lamentablemente, el contexto de pandemia ha provocado que los tiempos procesales se extiendan más de lo previsto, y a la fecha se aguarda la producción de otras pruebas ofrecidas y se espera también la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobe la competencia territorial de la investigación penal”, señala la presentación en la que se acota que “toda esta situación motiva que el senador continúe abocado a su defensa judicial y requiera nuevamente una extensión de la licencia sin goce de sueldo hasta el 31 de diciembre de 2020”.
La nota concluye expresando el senador nacional su confianza en “el avance de la investigación y en el Estado de Derecho que rige en nuestro país, que consagra el principio de presunción de inocencia”, como así aclarando que mantiene su decisión de no hacer declaraciones en los medios ni en las redes sociales “debido a la exposición política que tiene su figura y para permitir la libre actuación de la Justicia”.
El pedido deberá ser votado en la próxima sesión del Senado. El cuerpo aprobó por última vez el 4 de junio una extensión de la licencia por 90 días que entonces ya había vencido el 26 de mayo.
Alperovich está acusado de abuso sexual contra una empleada del Congreso que además es sobrina suya.
Durante una reunión de comisión, el senador aludió a la denuncia que recibió por parte de una empleada, tras la cual fue sobreseído.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el radical Juan Carlos Marino se refirió al espionaje y recordó la causa por abuso sexual en la que fue sobreseído: “Sufrí la peor de las operaciones”.
“Yo sufrí la peor de las operaciones. Ser acusado de un delito de abuso es terrible”, dijo, e insistió: “Yo me di cuenta desde un primer momento que era una operación”.
Marino continuó: “Hice lo que tiene que hacer cualquier persona razonable. La primera, bajé al recinto y dije que me consideraba inocente -pero lo tenía que demostrar la Justicia-; la segunda, me ajusté rápidamente a derecho e instruí a mi abogado para que se presentara en Comodoro Py -yo nunca pisé un juzgado en mi vida-; y la tercera, le dije a todos mis pares que si en algún momento el juez entendía que tenía que pedir mi desafuero, que no dudaran ni un minuto”.
En octubre del año pasado, la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Marino en la causa por abuso sexual contra una empleada legislativa, Claudia Guebel, quien también denunció a otros dos trabajadores que también resultaron sobreseídos.
Tras cumplirse los seis meses pedidos por el senador tucumano, acusado de abuso sexual, los legisladores del interbloque opositor enfatizaron sobre el retraso de la investigación judicial y consideraron que “es fundamental seguir protegiendo a la denunciante”.
Al cumplirse los seis meses de licencia pedidos por el senador nacional José Alperovich, quien fue acusado de presunto abuso sexual por una sobrina suya en noviembre pasado, los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio le solicitaron al bloque Frente de Todos que el tucumano la prorrogue.
A través de un comunicado difundido este martes, los senadores de la oposición expresaron su “rechazo a la posibilidad de que el senador José Alperovich reasuma su banca en medio del proceso judicial en el que se investiga la denuncia por abuso sexual realizada por una empleada de este Congreso, quien a su vez es familiar del senador”.
“Instamos al bloque Frente de Todos a que el miembro de su bancada solicite una ampliación de la licencia, que venció hoy, a efectos de que la investigación judicial pueda avanzar sin que existiera algún manto de sospecha de protección por parte de los miembros de este cuerpo”, sostuvieron.
Además, los integrantes de Juntos por el Cambio aclararon que “de ninguna manera este pedido busca afectar la presunción de inocencia del senador Alperovich, pero lo cierto es que la Justicia Federal y la de la provincia de Tucumán lejos han estado de darle la celeridad a una investigación que ha trascendido las esferas privadas por los aberrantes hechos denunciados y por la persona del acusado”.
“Por el contrario, se han perdido semanas fundamentales para el avance de la investigación, y aún hasta hoy sigue pendiente de resolución cuál es la jurisdicción competente”, agregaron sobre los idas y vueltas de la denuncia, que se investiga en ambas jurisdicciones donde fue radicada, pero todavía resta que la Corte Suprema resuelva sobre la competencia.
En el comunicado, los senadores manifestaron: “Si el bloque del Frente de Todos no conmina a su integrante a que prorrogue su licencia hasta que exista algún grado de certeza judicial en torno a la acusación, el mensaje que estamos dando a las víctimas que se animan a denunciar estos graves hechos, es que si no consiguen rápido demostrar ellas lo que denuncian, el que ocupa un lugar de poder lo va a seguir haciendo y la investigación judicial seguirá en un plano de desigualdad”.
“Es fundamental seguir protegiendo a la denunciante, que se pueda investigar sin especulaciones políticas y con todas las garantías para todas las partes”, concluyeron.
El exlegislador tucumano había sido denunciado por una exempleada del Congreso a raíz de un episodio ocurrido en 2016. Ahora deberá ir a juicio oral.
El exdiputado nacional y actual intendente de la localidad tucumana de Famaillá, José “Mellizo” Orellana, fue procesado en una causa por presunto abuso sexual contra una exempleada en el Congreso y ahora deberá someterse a juicio oral.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento de Orellana y dictó su procesamiento en la causa.
El episodio ocurrió el 11 de noviembre de 2016 y la víctima fue Agustina Poch, una joven platense que trabajaba en el despacho de la entonces diputada Gabriela Troiano.
Poch -que en un primer momento utilizó el pseudónimo “Luz” y hace dos años reveló su identidad- denunció que Orellana la acosó en su despacho, tanto verbal como físicamente.
La jueza de primera instancia María Alejandra Provítola dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer del legislador tucumano, basándose fundamentalmente en el testimonio del secretario de Orellana, José Romero, quien dio una versión diferente a la de Poch.
La decisión fue apelada por la abogada defensora de Poch, María Elena Barbagelata, con la intervención de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres), pero la Sala IV de la Cámara de Apelaciones confirmó la falta de mérito.
Barbagelata presentó nuevas pruebas y se realizó un careo entre Poch y Romero, tras lo cual la magistrada resolvió sobreseer a Orellana, aunque manteniendo el “estado de incertidumbre”.
Por esa razón, la querella volvió a presentarse ante la Cámara, y finalmente el mismo tribunal -que cambió a dos de sus tres miembros- no solo revocó el sobreseimiento del exdiputado, sino que también dictó su procesamiento.
En el fallo, al que accedió parlamentario.com, la Sala IV se basó en un testimonio clave, el de una arquitecta que dio detalles sobre las cámaras de seguridad del edificio Anexo de Callao 86.
Para el tribunal, “los elementos incorporados permiten tener por acreditada la intervención culpable de José Fernando Orellana en el suceso que se le atribuye”, pues se comprobó que Poch “permaneció a solas por un momento” junto a Orellana en la oficina.
“En definitiva, la prueba reunida conforma la convicción necesaria para dictar el procesamiento de José Fernando Orellana en orden al delito de abuso sexual”, concluyó la Sala IV.
