Un nuevo plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo lugar este martes, con la participación de especialistas y jubilados que cada miércoles forman parte de protestas en las puertas del Congreso.

Antes y después de las exposiciones de los invitados, legisladores de distintos bloques coincidieron en acelerar el pedido a la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal e impacto que tendrían las distintas propuestas.

Las principales medidas que se plantean en la veintena de iniciativas tienen que ver con la extensión de la moratoria previsional -cuyo final originó la apertura de este debate en las comisiones-, la actualización del bono extraordinario y la creación de una prestación proporcional en base a los años aportados.

En el arranque, la presidenta de la Comisión Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, recordó que la reunión del próximo 13 de mayo será para avanzar en los dictámenes e informó sobre la solicitud, por medio del titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, a la OPC "para poder tener algunos números en relación a algunos proyectos".

En tanto, hacia el final de la reunión, ante una consulta del radical Roberto Sánchez, Espert dijo: "En este momento la OPC está evaluando el costo fiscal sobre emergencia en discapacidad. Sobre el tema previsional tendríamos que tener algún acuerdo sobre líneas comunes de todos los espacios para que la Oficina pueda evaluarlos". "La OPC no está en condiciones de evaluar 21 proyectos", planteó.

Recogió el guante el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien coincidió en que era "razonable" que la OPC no puede analizar con escaso tiempo una veintena de proyectos, pero consideró que al menos sobre uno de los temas se puede conseguir un "cálculo concreto", a partir de saber "lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria". Y, al remarcar el consenso que hay entre algunos bloques de la oposición sobre la actualización del bono, pidió que el organismo de asistencia técnica evalúe "cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105 mil pesos".

Las exposiciones

El primer orador de la jornada fue Nicolás Machuca, periodista especializado en temas previsionales, quien señaló que la crisis en el sistema jubilatorio "pasó a ser una crisis económica por muchas políticas públicas que han fallado en su momento, que se han otorgado en momentos equivocados y que no tuvieron sostenibilidad".

"Los adultos mayores se han convertido en la Argentina en la clase social más marginada", resaltó y, al referirse a la gran masa de trabajo precarizado e informal que hay en la actualidad, advirtió: "Vamos a tener más personas longevas, pero pocos jóvenes aportantes, y eso con el correr del tiempo va a ser más peligroso que lo que estamos atravesando en este momento".

Respecto al bono extraordinario, Machuca expresó que "un bono congelado hace más de un año lastima al haber" y debería "ser incorporado" al mismo. "Según estudios del CEPA, el bono debería ser de 154 mil pesos y sigue estando en 70 mil", agregó. En su exposición, también opinó que "eliminar hoy las moratorias es un error, son necesarias en este tiempo" y habría que extenderla "al menos 10 años más". "La PUAM tiene que tener también una lavada de cara, tiene que ser compatible a los aspectos laborales", sumó.

Por su parte, Renee Girardi, del Frente de Adultos Mayores en Unidos y Organizados, se quejó de que mientras se buscan los consensos, "la situación de los jubilados sigue siendo pésima; mientras tanto el tiempo corre, los perjuicios aumentan, los palos en la Plaza del Congreso se acentúan. Y todo aumenta mientras dicen que la inflación baja".

"Solicitamos un aumento de emergencia urgente, que nos devuelvan los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente", pidió, además de manifestar que "el bono es una vergüenza". Y anticipó: "Mientras esto no ocurra, habrá calle".

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, sostuvo que "no es cierto que los trabajadores no hicieron su trabajo durante su vida laboral", sino que no cuentan con los años correspondientes a raíz de "las leyes incompletas, los no aportes o la precarización laboral, que son lo que han impedido las jubilaciones".

Tras denunciar una "intención de privatización del sistema previsional" por parte del Gobierno, se mostró a favor de "la sanción a una ley de moratoria que garantice en el tiempo jubilaciones y pensiones mientras construimos un sistema previsional digno".

A su turno, Carlos Martínez, licenciado en Economía e investigador docente, subrayó que "el no ajuste del bono implica un ajuste sobre la vida de los beneficiarios" y "un ajuste más grave para quienes menos cobran, como los de la PUAM o pensión por invalidez". Apuntó que si el bono se actualizara acorde a la inflación -desde que se congeló en abril de 2024- "estaríamos hablando de unos 115 mil pesos".

"De los 45 mil que se recibiría (por ese aumento), 30 mil sería para pagar medicamentos que antes eran gratis", explicó. Y detalló que esto tendría un costo fiscal de 0,21% del PBI en 2025, que se podría financiar sobre cambios en exenciones impositivas.

Luciano González, abogado especialista en seguridad social, indicó que "en todas las provincias, la cantidad de personas que se han jubilado por moratoria son mayor a un 60%". "Lo fundamental es que se prorrogue, se vuelva a sancionar, se mejore", dijo y planteó que sea por un plazo de diez años o "sin límite temporal, porque tiene que perdurar en el tiempo". Además, opinó que "la PUAM tendría que ser derogada y reemplazada en su totalidad por una ley de moratoria, porque la PUAM no es un derecho".

En la reunión también expusieron Alberto Atilio Meneses, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados; Alicia Aban, abogada previsionalista; y Nora Biaggio, docente jubilada y representante del Movimiento de Jubilados.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz celebró las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el titular de Economía Martín Guzmán al subrayar que “estamos avanzando en un esquema de redistribución que nivela hacia arriba preservando el poder adquisitivo frente a la inflación”. 

“El Gobierno tomó una decisión acertada en materia de políticas de ingresos, buscando redistribuir parte de lo que recauda mediante el bono que busca cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas”, amplió Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10. 

En esa línea, la legisladora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires agregó: “Por eso celebramos esos $ 18.000, que para algunos puede resultar poco, pero hay que tener presente que representa una canasta y media alimentaria básica”. 

“Estamos hablando de gente que trabaja, pero que no tiene la relación del empleador y del sindicato para iniciar una paritaria”, precisó Tolosa Paz y completó: “Ahí sí existe el riesgo de que los ingresos se vayan licuando día a día”. 

Como se anunció el lunes, el Gobierno nacional otorgará bonos extraordinarios de $18.000 a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años, y otra ayuda de $12.000 a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos. 

“Hay un crecimiento que se tiene que redistribuir”, remarcó Tolosa Paz y en ese sentido enumeró algunas de las últimas medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández, como el bono otorgado a los jubilados, el aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar. 

Ahora, con la medida anunciada el lunes, el Gobierno busca llegar a un “universo de 10 millones de personas”, dijo Tolosa Paz, donde “el ingreso sigue siendo magro cuando la inflación golpea como golpeó en el mes de marzo”. 

Por otra parte, consultada por Radio Delta sobre los cuestionamientos de un sector de la oposición al denominado proyecto de “renta inesperada”, Tolosa Paz evaluó que “oponerse por oponerse no tiene mucha razonabilidad”. 

Al respecto precisó que, en caso de lograr un trámite legislativo favorable, “no alcanzará a personas físicas sino a jurídicas, es decir empresas, que además tienen ganancias extraordinarias de más de mil millones de pesos; en un contexto donde ni las propias empresas esperaban un escenario de guerra como el de Rusia y Ucrania”. 

“Se trata de sectores muy definidos que representan un 3% y que tienen ganancias inesperadas producto de la guerra; en ese contexto se inscribe la medida que por un lado apunta a seguir redistribuyendo el ingreso, y cuya alícuota será menor en los casos en que parte de esa renta inesperada se utilice para la reinversión en nuevas plantas, procesos productivos y generación de empleo”, explicó la dirigente peronista. 

Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.

Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.

La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.

“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).

De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.

Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.

Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.

“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.

Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.