Ante la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, y de cara a la movilización que se prepara para el próximo 23 de abril, el diputado nacional Christian Castillo (PTS-FIT) presentó un proyecto de ley que propone declarar la “Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024″.

La iniciativa “apunta a quebrar el ahogo presupuestario del Gobierno y garantizar el financiamiento necesario para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país”, explicó el bonaerense, que fue acompañado en la propuesta por sus pares de bloque.

Además, agregó que el proyecto “establece algo elemental: un aumento de al menos el 300% del presupuesto anual vigente, que tiene en cuenta la inflación que hubo desde que se congeló el presupuesto para este año, y con partidas destinadas a cubrir la totalidad de los gastos salariales, generales y de funcionamiento que tiene cualquier universidad pública”. “Es una medida básica para que la educación superior estatal siga siendo pública, laica y gratuita, y salga del ahogo al que quiere someterla el gobierno de (Javier) Milei”, remarcó.

Asimismo, el legislador denunció que “mientras apunta a la reducción del gasto público que reclama el Fondo Monetario Internacional, y sigue pagando la deuda que dejaron todos los gobiernos anteriores, el gobierno de Milei hace peligrar la continuidad de 2 millones de estudiantes, el desarrollo y la investigación en ciencia y técnica, el poder de compra de los salarios de docentes y no docentes y, de conjunto, el funcionamiento de las universidades nacionales. Es inadmisible”. “Mientras acompañamos activamente la organización de la comunidad educativa, nos comprometemos a pelear para que este proyecto se trate de inmediato en el Congreso Nacional”, agregó.

Finalmente, Castillo destacó que el proyecto “debe entenderse como parte de la pelea por derrotar el conjunto del plan de ajuste del Gobierno nacional, que incluye la nueva versión de la ley ómnibus, apoyada -entre otros- por una mayoría de los parlamentarios radicales; y la pelea por la nulidad del nefasto DNU 70/23, que ha permitido los brutales aumentos en alimentos, medicamentos, combustibles, alquileres y prepagas, que también afectan directamente el acceso al derecho a enseñar y aprender”.

El diputado nacional Christian Castillo, autor del dictamen de minoría del Frente de Izquierda, planteó que son “parte de quienes enfrentamos el plan motosierra de Milei”, y chicaneó: “Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte del Gobierno”, y calificó la iniciativa de “mamarracho”.

En su disertación, Castillo expresó: “Venimos de varios días donde hemos visto un espectáculo bochornoso. No solo por todas las violaciones al reglamento de la Cámara y hasta el propio texto constitucional que ha ocurrido con el tratamiento de esta ley. Hemos visto a los gobernadores negociando con el Gobierno cómo querían repartirse el botín del Fondo de Garantías de los Jubilados una disputa que parece que entró en una tregua”.

“Hemos escuchado, para justificar el apoyo a este mamarracho que es la ley ómnibus, decían que había que votarla porque había un sector de la oposición que se autodefinían como responsables. Yo me pregunto si escucharon a Milei hablar en Davos, donde dijo uno de los discursos más cavernícolas de toda la ultraderecha”, cuestionó.

El diputado de izquierda preguntó: “Quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo y que vienen por el aborto, a este Gobierno que quiere imponer un estado policial, que quiere borrar los derechos de la clase trabajadora, que dice que el cambio climático es un invento que hicimos los socialistas”.

“No van a votar porque son responsables, la única actitud mínimamente responsable frente a este Gobierno, el DNU, esta ley, el ajuste es enfrentarlo con toda la fuerza en este Parlamento y en las calles”, se diferenció y chicaneó: “Van a votar porque son todos unos gatitos del poder económico porque van a votar porque se los manda la EA que nuclea a los grandes empresarios del país, porque se los pide el FMI y la Embajada norteamericana”.

“Van a votar una ley que es una impostura desde su título, desde su presentación hasta los últimos artículos. Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte de un Gobierno que nos pone como modelo el agroexportador donde unos pocos se llenan los bolsillos”, lanzó.

Para Castillo: “Acá están apoyando un proyecto que sostiene que su modelo de país es que las huelgas van a las páginas policiales, donde cualquier protesta terminaba con la policía baleando a los manifestantes”, e ironizó: “Si un profesor lo escucha a Milei le diría ‘alumno, menos Twitter y vaya a leer un libro que no muerde’”.

“Esta ley agudiza las condiciones de dependencia y atraso que se vienen profundizando desde la dictadura, agravando la pobreza, para que el país sea una suerte de factoría, con un saqueo de nuestros bienes y recursos”, cerró.

Su compañera de bloque, Romina Del Pla afirmó que “esta ley es parte de un plan de guerra contra los trabajadores. La rechazamos de plano y de conjunto, antes y después de la caída del paquete fiscal, lo cual también es mentira porque se roban de un plumazo u$s 37500 millones del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados”.

“La disputa que llevó a este dictamen amputado que se firmó en blanco, es para ver cómo los distintos sectores patronales y los gobernadores, que son lobbystas de esas patronales, se reparten el botín del Rodrigazo, de la devaluación, del tarifazo”, expresó.

Asimismo, señaló que “con la consolidación de deuda pública del FGS, también se cae el discurso de los gobiernos kirchneristas sobre que no importa la deuda intraestado. Acá se revela en que consistió el mito del desendeudamiento k, vaciar de dólares el ANSES y llenarlo de una deuda que ahora se netea, Milei viene a completar el saqueo que se llevó adelante durante años”.

“Esta ley tiene una coherencia interna: a los empresarios todo, a los trabajadores ni justicia”, aseguró.

Por último, refirió que “esta ley es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita: aumentos salariales, paritarias y recomposición de las jubilaciones e ingresos populares. No seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU y el protocolo represivo. No le cedemos una sola emergencia como no se la votamos a ningún otro gobierno”.

En la parte final de la extensa jornada en la que se discutió sobre la ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado Christian Castillo quiso hacerle al ministro de Justicia una pregunta que Mariano Cúneo Libarona contestara en ese momento. No fue posible, porque el presidente del plenario le aclaró que debía esperar a que a la hora de las respuestas, el funcionario le sacara su duda. Que no era otra que saber “si él o gente de su entorno participó alguna vez de una movilización donde se cortó la calle”. Quería la respuesta para continuar con su argumentación, por cuanto sostuvo que “él afirmó algo que es absolutamente falso, que una persona que corta una calle está cometiendo un delito, es decir que es un delincuente”.

Luego abundó contando que él mil veces fue a marchas y que nunca le pasó nada. Pero a la hora de las respuestas, el ministro de Justicia fue taxativo: “Yo nunca corté una calle, ni participé de una manifestación en la calle; yo siempre trabajé , no tuve tiempo para ir a cortar calles, tenía que trabajar para pagar el colegio de los chicos”.

“Y tenemos una visión de la atipicidad bastante distinta. La atipicidad es la adecuación de una conducta a una figura legal. A mi juicio, con todo respeto, usted confunde lo que es el derecho a la protesta y la manifestación, con lo que yo consideré el derecho a huelga, que es lícito, con lo que es la perturbación, entorpecimiento, cortar una calle, amenazar, dañar y las distintas conductas punitivas que se prevén, por eso en cuanto a temas de tipicidad, con todo respeto, diputado Castillo, yo no voy a discutir con usted; lo invito, hay libros de autores de Derecho Penal parte especial, que prevén la descripción de las conductas del artículo 194 y a ellas me remito”.

Luego de protagonizar un fuerte cruce con José Luis Espert tras ser ungido titular de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), denunció que lo “ponen para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus”, y señaló que la designación “es totalmente irregular”.

En diálogo por la AM 990, el diputado de izquierda expresó: “Parece una monarquía. Él es cuestionado por ser parte de un monobloque y tendría que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuesto y puedan darle la presidencia”.

“Nosotros hicimos el cuestionamiento porque el viene de hace semanas de pedir cárcel o bala para Myriam Bregman y Nicolás del Caño y fuñimos más de 30 diputados que presentamos y firmamos una declaración de repudio a las expresiones de Espert que, lejos de haberse retractado, cada vez que va a un canal de televisión reafirma lo que dice y trata de delincuente a todos los diputados que no piensan como él y dice que hay que meterles bala de plomo, de goma, taser o gas pimienta si cortan una calle. Incita a las fuerzas de seguridad a ejercer la violencia física sobre adversarios políticos y a gente paraestatal. Es algo grave más en un país donde hubo un atentado contra la exvicepresidenta”, explayo en su denuncia.

Castillo explicó: “Como miembro de la comisión quería impugnar la propuesta de Espert a la presidencia y como esto iba a ser apoyado por otros diputados hicieron una suerte de no votación porque no se contaron los votos, no se hizo el procedimiento y de ahí Espert le negó la palabra a cualquiera nadie pudo hablar, esto es una barbaridad, es totalmente irregular porque a ningún diputado se le puede negar la palabra en comisión y vamos a cuestionar ese lugar de Espert que ellos ven como legítimo el trámite”.

Para el legislador “lo ponen para tratar de limitar  la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus que es un capítulo de terror de esta obra que empezó hace 25 días Javier Milei en el gobierno que tiene la devaluación en primer acto, el DNU en el segundo y ahora la ley ómnibus que son todas medidas de transferir ingresos de trabajadores y jubilados hacia el capital más concentrado, negocios par empresarios, hay artículos que parecen escritos por esas empresas para ser favorecidas en determinados negocios y saqueos en bienes naturales”.

“No hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer y concentración del poder en el Ejecutivo si se votase la ley y el DNU, porque sería el cierre del Congreso por la delegación de facultades que pide e instalar un Estado de sitio donde dos o tres personas si quieren estar en la calle tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y ellos autorizar o no”, denunció.

En ese sentido, reiteró: “Esto es una barbaridad y cada vez más crece la oposición en las calles a esta política y el 24 de enero vamos a ser muchos en la movilización y paro convocado por la CTA y la CGT y vamos a demostrar muy importante del descontento”.

“Ayer fue una imposición muy irregular, con mucha gravedad porque se negó la palabra y el debate sobre quién tenía que presidir la comisión porque algunos estaban a favor y otros en contra. A quienes estaban a favor les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado”, disparó y planteó que “por la cantidad de temas que abarca la ley debería ser enviada a mínimo 23 comisiones y están pretendiendo tratarla solo en 3 o 4. Cómo va a ser eso no se sabe porque nunca llamaron a una reunión de presidentes de bloques para discutir cómo sería la mecánica y lógica del tratamiento”.

“No creo que nadie vaya a levantar la mano para aprobar a libro cerrado una ley que tiene más de 650 artículos, que son muchas leyes dentro de una que requiere discusión donde hay oposición a núcleos clave como por ejemplo la delegación de facultades, la eliminación de ley de bosques, ley de tierras”, opinó y adelantó: “Vamos a ser muchos los que nos vamos a oponer. A partir del 23 de enero los diputados podemos pedir una sesión especial para tratar el DNU pese a que no se haya conformado la comisión Bicameral para derogarlo e impulsar el rechazo. Es totalmente irregular”.