El segundo año de la gestión mileísta fue bastante intenso en la Cámara de Diputados. Al punto tal de haber contado con el período ordinario de mayor actividad para un año electoral, desde 2017. A lo largo del año hubo una decena de sesiones especiales; 2 en minoría; 3 informativas; una de homenaje; una preparatoria; 2 extraordinarias en febrero y una en diciembre. Que quede claro que estamos hablando del año 2025, desde febrero a diciembre. Esto es, las extraordinarias de este mes de febrero no han sido contabilizadas en este trabajo destinado a medir las palabras expresadas en el recinto a lo largo del año.

Tal fue el número de reuniones que hubo, que se registraron 1.149.895 palabras en el recinto, un número inusualmente alto para un año electoral, donde la actividad legislativa suele bajar bastante.

Este conteo de palabras elaborado en base a las transcripciones taquigráficas de la Cámara baja corresponde al informe anual realizado por Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa, contabiliza las tres presentaciones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos a lo largo del año, una de ellas para ser interpelado por el caso $LIBRA. En total, el exfuncionario expresó 41.556 palabras en esas tres visitas.

Guillermo Francos expuso tres veces ante los diputados este año: 41.556 palabras.

Pero ahora vayamos a los datos más sabrosos: quiénes fueron los legisladores que más hablaron a lo largo del año en el recinto. Y, sobre todo -para alimentar el morbo-, cuáles no abrieron la boca en las sesiones.

Y ya adelantamos que este último número es elevado: 17 diputados no hablaron nunca, ni siquiera para aclarar el sentido de sus votos.

Hechas estas especificaciones, vayamos ahora a los datos concretos de esta tradicional medición que todos los años realiza Parlamentario.

Los más expresivos

Vale hacer primero una aclaración, como todos los años: hablar mucho en el recinto no es un mérito en sí mismo. No es hablar allí la única función de los legisladores, y por lo tanto figurar en lugares encumbrados de la lista no necesariamente sea índice de mayor laboriosidad. Pero es un dato valioso que tampoco puede ser soslayado.

Otra aclaración importante es que el diputado que suele figurar al tope de estos ránkings es quien conduce la Cámara, por ser la persona que más veces interviene al tratarse de quien se encarga de dar la palabra. Eso suma mucho, y un dato a tener en cuenta es que en cada intervención de un legislador, quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras. Por fórmula, en el momento de concederle la palabra a un legislador debe citar el apellido de quien va a hablar y su distrito: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.

Si bien eso no significa que el presidente de la Cámara figure siempre al tope, es lo que suele suceder. En este caso, 2025 no fue la excepción. En el segundo año del riojano Martín Menem al frente de Diputados, se ubicó en el tope de la lista, con 84.977 palabras. Más incluso que el año anterior, cuando formuló 72.276.

Martín Menem dirigió todas las sesiones y dio un único discurso al ser reelecto en diciembre.

Veamos cómo les fue a quienes también tienen la oportunidad de conducir parte de los debates, cuando el presidente no está en el estrado. Quien fue a lo largo de 2025 vicepresidente segundo de la Cámara, el radical Julio Cobos, fue el más encumbrado entre esas autoridades: figuró 32°, con 9.994 palabras. Le siguió la vicepresidenta primera, Cecilia Moreau, que quedó en el puesto 45°, con 7.060; mientras que la vice segunda, Silvia Lospennato sumó 5.395 palabras, que la ubicaron en el 60° puesto. Todos ellos, a diferencia del presidente de la Cámara, sumaron fundamentalmente con sus propios discursos, más allá del aporte que pudo representarles conducir pasajes de los debates.

No fueron los únicos que por momentos quedaron al frente del recinto. También cumplieron esa función otros diputados que no figuran entre las autoridades de la Cámara, pero que en ocasiones reemplazaron a Menem, como sus compañeros de bancada Nicolás Mayoraz (13°, con 15.573 palabras) y Santiago Santurio (20°, con 11.843).

Germán Martínez, el que más pide la palabra y el segundo del ranking.

En segundo lugar en la lista de los diputados que más hablaron aparece -igual que en 2024- el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras. Es, además, el legislador que más veces pide la palabra a lo largo del debate.

Muy cerca, con 33.932 palabras, se ubicó el primer representante de la izquierda, Christian Castillo, que completó de esta manera el podio.

Christian Castillo fue el tercer diputado que más habló en el año.

Lo cierto es que como viene sucediendo desde hace algunos años, resulta elevado el protagonismo que tienen los diputados de la izquierda, que se las arreglan para participar mucho en todos los debates. Tan es así que Romina del Plá llegó a ocupar el primer lugar en 2023. Este año Nicolás del Caño ocupó el octavo lugar, con 18.250 palabras, en tanto que en el puesto 11° aparece Vanina Biasi, con 17.344 palabras. Ambos dando la ventaja de no haber concluido sus mandatos, por el sistema de rotación que usa la izquierda, y que les permitió a otros diputados estar en el Congreso parte del año, haciéndose notar mucho en el recinto.

Veamos sino: Vilma Ripoll quedó 17°, Alejandro Vilca 19°, Mercedes De Mendieta 22°, Juan Carlos Giordano 34° y Mónica Schlotthauer 37°. Incluso podría decirse que por terminar su mandato el 10 de diciembre, Christian Castillo no pudo estar en la sesión preparatoria, ni en la extraordinaria de diciembre; de lo contrario hubiera conseguido encumbrarse en el segundo lugar.

Vale destacar que los presidentes de bloques son los que más tiempo tienen para explayarse, lo cual los favorece en estos conteos. Y la izquierda, donde actúan en conjunto pero representan en muchos casos bloques individuales, aprovecha al máximo esta chance que les da el reglamento.

Sin presidir un bloque, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot ocupó el cuarto lugar, con 26.816 palabras. En rigor, cuando presidía el bloque Pro, entonces oficialista, no hablaba tanto en el recinto.

Nicolás Massot habla más ahora que cuando presidía el bloque del Pro siendo oficialismo.

Sí lo hace mucho la diputada Silvana Giudici, quien quedó en el quinto lugar, con 25.890 palabras. Intervino mucho a lo largo del año en su condición de secretaria parlamentaria del Pro, y así la consideramos para este trabajo, dado que estuvo en el bloque conducido por Cristian Ritondo a lo largo de todo el año. Lo mismo hicimos con todos los diputados del Pro que en diciembre se sumaron al oficialismo. A todos los diputados los consideramos en el bloque donde estuvieron la mayor parte de 2025.

Silvana Giudici fue siempre una voz que defendió las políticas oficiales, aun estando en el Pro.

Otro jefe de bloque que ya dejó el Congreso es el de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien con 20.671 palabras se ubicó en el sexto lugar, por encima de otra autoridad de bancada, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), con 20.508.

El noveno lugar fue para el veterano Miguel Angel Pichetto, con 17.697, y cierra el “top ten” Victoria Tolosa Paz, que con 17.562 palabras es la segunda miembro de Unión por la Patria en este ranking.

El décimo segundo lugar le correspondió al cordobés Oscar Agost Carreño, con 16.930 palabras, un lugar por encima del segundo integrante de La Libertad Avanza en este ránking, Nicolás Mayoraz.

Hablando de los diputados oficialistas, uno que sumó bastante poco a pesar de ocupar la presidencia de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien quedó en el puesto 133°, con apenas 1.865. Esto fue porque “el Profe” dejó el Congreso antes de las elecciones de octubre, acorralado por las denuncias que lo vinculaban con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y lavado de dinero.

Su sucesor al frente de la principal comisión del Congreso, Bertie Benegas Lynch, figuró en el puesto 66°, con 4.901 palabras.

Bertie Benegas Lynch, voz cantante por el Presupuesto 2026.

El presidente del bloque oficialista no tiene todavía tanto protagonismo a pesar de ocupar semejante cargo. Gabriel Bornoroni ocupó el 43° lugar, con 7.120. El titular del bloque Pro, aliado principal del oficialismo, se ubicó tres puestos detrás, con 6.989 palabras. Otro que colaboró bastante con LLA, el jefe del bloque radical y ahora exdiputado. Rodrigo de Loredo, ocupó el 24° lugar, con 10.788 palabras.

Los más desapercibidos

Vayamos ahora al otro extremo de la lista. Como dijimos, 17 diputados aparecen en cero al cabo de esta medición. Ellos son los libertarios Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También los de Unión por la Patria Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi.

Completa este grupo de los diputados más silenciosos, Nancy Ballejos, del Pro.

Pero no fueron estos los únicos diputados que no hablaron a lo largo del año. Otros 43 no dieron ningún discurso en el recinto, mas no figuran en cero por habérseles requerido -en muchos casos más de una vez- manifestar a viva voz el sentido de sus votos. Esto es, solo abrieron la boca para decir cómo votaron, cuando no quedaron registrados por los sistemas electrónicos.

Así, tenemos el caso de los diputados Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Jorge Ávila, que sumaron más de una veintena de palabras de esa manera. O el caso de la tucumana Elia Marina Fernández que no dijo nada en todo el año, pero al asumir para un nuevo mandato el 3 de diciembre, dijo 13 palabras al jurar: “Por la provincia de Tucumán y mi querida ciudad de Aguilares, ¡sí, juro!”.

Además de los citados, no dieron discursos este año Ignacio García Aresca, Marcela Antola, Emilio Monzó, Juan Carlos Polini, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Jorge Antonio Romero, Aníbal Tortoriello, Romina Diez, Estela Mary Neder, Luis Basterra, Gerardo Gustavo González, Luciano Laspina, María Luisa Montoto, Florencio Randazzo, Belén Avico, Beltrán Benedit, Alejandro Bongiovanni, María Florencia De Sensi, Carlos García, Roxana Monzón, María de los Ángeles Moreno, Nilda Moyano, Juan Carlos Núñez, Verónica Razzini, César Treffinger y Natalia Zabala Chacur.

Solo dos palabras dijeron Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri, y apenas una Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza.

De todos estos, los casos más extremos son los de Rocío Bonacci, quien cumplió su segundo año como diputada sin decir una palabra; pero peor fue lo de Julio Pereyra, quien pasó sus cuatro años sin decir nada en el recinto.

Suma de palabras

                                                                FUENTE: ÍNDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Los nuevos diputados

Los diputados que asumieron el 10 de diciembre tuvieron su bautismo de fuego en la sesión del 17 de diciembre, pero varios pudieron hablar ya en la sesión preparatoria del 3 de diciembre. El que más habló de los nuevos es Martín Lousteau, quien pronunció 3.155 palabras; seguido por la diputada de izquierda Myriam Bregman, con 2.726.

Muchos lograron figurar por sus extensas juras, como Horacio Pietragalla Corti, que dijo al jurar: “Por Liliana Corti, Chacho Pietragalla, por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos; por la justicia que implementó Néstor en cada condenado genocida por delito de lesa humanidad y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro”. 37 palabras a las que en la sesión posterior sumó un par de gritos y otro “Cristina libre” al pedírsele el sentido de su voto.

En el caso de la diputada oficialista Patricia Holzman sumó estas 5 palabras al jurar: “Sobre el Tanaj, sí, juro”.

A continuación, detallamos por separado lo que hablaron en las dos sesiones que participaron los legisladores que asumieron el 10 de diciembre (la preparatoria y la especial en la que se aprobó el Presupuesto 2026).

Cuánto hablaron los nuevos diputados en diciembre 2025

 FUENTE: ÍNDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

El recurso de Leiva para quedarse con la última palabra 

Un caso especial es el del chaqueño Aldo Leiva, quien inexorablemente en todas las sesiones omite emitir el voto para poder hacerlo luego a viva voz, a pedido del presidente de la Cámara, y aprovecha esos momentos para expresar sus juicios de valor. Ya es un clásico en las sesiones, y si bien más de una vez Martín Menem parece perder la paciencia y estar por pasarlo por alto y dejarlo sin votar, generalmente entra en su juego.

Como cuando en la primera sesión del año, el diputado de UP dijo al pedírsele el sentido de su voto: “Como esto es para que el homofóbico de Milei arrodille al gato de Macri, me voy a abstener, señor presidente”. A lo que el presidente de la Cámara repuso: “No podía faltar una última expresión para empezar el año”.

Aldo Leiva apela a un recurso remanido pero efectivo.

El chaqueño llegó a cosechar imitadores, como el santafesino Eduardo Toniolli, quien al pedírsele indicara el sentido de su voto contestó: “¿Sabe lo que da vergüenza, diputado Monti? ¡Entrar a un cierre de lista con una boina blanca y salir vestido con un buzo violeta! ¡Indigno!”, lo que le valió el reto de Menem: “Por favor, diputado Toniolli. ¡Diputado Leiva hay uno solo!”, a lo que Toniolli repuso: “¡Sí, y lo admiro profundamente! Mi voto es afirmativo, señor presidente. ¡Vivan los jubilados!”.

Lo cierto es que a lo largo del año pasado, Aldo Leiva pronunció 8.376 palabras, que lo ubicaron en el puesto 36°. Pero con el recurso de tener un bonus track con los agregados que hace al emitir su voto a viva voz, sumó nada menos que 4.084 de esa cantidad de palabras, casi la mitad del total de sus discursos en el año.

Según pasan los años

Cantidad de diputados que quedaron en cero, según pasan los años

2025: 17

2024: 6

2023: 50

2022: 7

2021: 15

2020: 2

2019: 62

2018: 18

2017: 30

2016: 11

2015: 35

2014: 14

2013: 33

2012: 14

2011: 80

2010: 43

2009: 55

2008: 35

2007: 68

Diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de resolución para expresar su repudio al acto encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que se restituyeron los nombres de Coronel Ramón Falcón y Comisario General Alberto Villar a las escuelas de formación de la Policía Federal Argentina.

La iniciativa, firmada por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano, rechaza “toda forma de reivindicación o legitimación de figuras vinculadas a la represión estatal, al terrorismo de Estado y a crímenes de lesa humanidad”, y denuncia un intento de “reescribir la historia desde una perspectiva negacionista”.

En los fundamentos, los legisladores repasan el rol de Falcón en la represión de protestas obreras a comienzos del siglo XX, y el de Villar como organizador del terrorismo paraestatal en los años previos a la última dictadura, incluyendo su participación en la creación de la Triple A. El proyecto también expresa solidaridad con las víctimas del accionar represivo estatal y con los organismos de derechos humanos.

El flamante canciller Pablo Quirno señaló ante los diputados durante la presentación de este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que “toda operación de deuda que realiza el Tesoro se mira con ojos desvirtuados”, haciendo hincapié en que siempre se va a preguntar u objetar sobre el banco elegido para poder asesorar al Estado nacional en esa operación. “Hay un montón de prejuicios que creo que es válido aclarar”, advirtió.

En ese sentido recordó que tanto el actual ministro Luis Caputo, como el presidente del Banco Central y otros funcionarios del actual Gobierno, incluido él, trabajaron en el JP Morgan. “Creo que debo ser uno de los últimos que salió del JP Morgan, hace 20 años -aclaró-. Estamos hablando de una institución donde trabajamos hace 20 años, como empleados, y a partir de ese momento hemos trabajado en un montón de otros lugares”, con lo cual enfatizó que “no hay ningún conflicto de intereses”.

“La deuda es déficit”

En otro pasaje de su presentación, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores aclaró respecto a preguntas del diputado  Christian Castillo que “la deuda es déficit”. “El endeudamiento es resultado de un déficit fiscal”, y apuntó respecto de la autorización del Congreso a endeudarse que la aprobación que se da a cada Presupuesto con déficit fiscal representa una aprobación a tomar deuda.

“El déficit fiscal se paga con deuda, entonces es el Congreso el que da autorización. La Secretaría de Finanzas no puede salirse de ese marco legal que ordena estas cuestiones”, precisó Quirno.

Agregó el funcionario que “se nos ha cerrado el mercado de capitales; ahí operan inversores y es virtuoso poder tomar deuda para poder justamente realizar los proyectos que debe realizar una compañía, un país, etcétera. Desde 2023, el déficit desapareció; a partir de ahí no necesitamos tomar deuda. Sí tenemos que administrar las obligaciones ya existentes”.

Con relación a la pregunta de Castillo respecto de la deuda tomada durante la última dictadura militar, el canciller aclaró que “en los últimos 123 años tuvimos déficit; no hay una excepción en esa situación de deuda”.

“Sí, la deuda es hija del déficit fiscal”, cerró Quirno, quien por otra parte se rehusó a contestar sobre la compra de dólares en 2018, durante su anterior paso por la gestión. “Estoy acá para otra situación”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados sobre las partidas destinadas a su área para el 2026, fue consultada respecto de si estaba al tanto o no de los vínculos entre el diputado libertario José Luis Espert y el empresario Fred Machado vinculado al narcotráfico y lavado de dinero.

Tras dar su exposición, el primero en abrir la ronda de preguntas fue el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo quien le consultó si tenía conocimientos del vínculo entre el diputado José Luis Espert y Fred Machado: “Si no sabía, tiene un problema siendo ministra de Seguridad, pero si sabía por qué no expuso esa relación y nos enteramos después de casi 6 años que había viajado 36 veces en los aviones de Machado y recibió transferencias de la sociedad y la minera que usa para lavar dólares”.

“Acá usted dice que ‘el que las hace las paga', pero si es de su partido las zafa, no las paga”, apuntó Castillo, quien también le preguntó si conocía el vínculo entre Alejandra Vidal Bada Vázquez con Machado que “aportó a su campaña en 2023”.

La ministra evitó responder sobre la relación entre Espert y Machado al plantear: “Fred Machado no tiene una causa en Argentina. Cuando llegamos al gobierno, Fred Machado estaba detenido por la Policía Aeroportuaria y el Juez Villanueva de Neuquén, primero en una cárcel de Viedma y luego prisión domiciliaria. Es decir que Fred Machado está preso para extradición, no por haber cometido delitos en el país. ¿Qué hay antes? Hay dos informes que ya se los enviamos a la justicia”.

Así, explicó que uno de los informes es del 2021 de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que expone la situación de Machado, sus contactos y que dice que “habría colaborado con la campaña del 2019”, y comentó: “Al enviar el informe, a la justicia le abrimos un expediente administrativo al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal porque no explica que haya judicializado esa información a partir del informe”.

“El otro informe es de la PSA conducida por un diputado nacional que respeto mucho, pero bastante flojito el informe, se incluye que uno de los miembros de la PSA tenía un carnet para manejar el auto de Machado y se lo mandé a la justicia. El director de la PSA en el 2021 no hizo nada con ese personal y se le abrió un expediente para que explique”, contó.

Bullrich señaló que “la responsabilidad de quien debía haber actuado en este caso es de quienes estaban al frente de los organismos de la Dirección Nacional de Inteligencia y de delitos complejos, tanto de la PSA como del Ministerio de Seguridad Nacional. Lamentablemente esos informes no fueron judicializados”.

“Nuestra situación sobre Machado fue seguir adelante con la tarea de su extradición que llegó a la Corte Suprema y está para ser enviado. En noviembre se lo van a llevar para ser juzgado en Estado Unidos. Lo que no lo hicieron fueron los que elaboran los informes en 2021 y no lo judicializaron por lo que incumplieron sus deberes de funcionarios públicos”, cerró.

Más tarde, cuando la diputada Mercedes de Mendieta le preguntó nuevamente sobre el tema Espert, Bullrich reiteró que “hay dos justicias que tenían que haber actuado en 2021, cuando presentaron los informes de inteligencia, con la gestión de Alberto Fernández. Debían haber mandado a la Justicia Electoral la información, si pensaban que había una irregularidad. No sé si lo mandaron, porque en los informes del ministerio no dicen que lo hayan hecho.

“Si había un delito, debían haber denunciado en ese momento”, insistió, para remarcar luego que “Fred Machado cometió todos sus delitos fuera del país, por eso está en extradición, sino lo estaríamos juzgando acá”. Y cerró: “No es problema nuestro, nosotros no juzgamos; lo que hacemos es pasar información. En ningún lugar figura que lo judicializaron, la responsabilidad está ahí, búsquenla en el 2021”.

Era de prever que el arranque de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este martes estuviera dedicado a la reunión realizada el día anterior, con eje en el Presupuesto 2026, como sucedió a instancias de los diputados de la izquierda.

Arrancó el encuentro con el presidente de la comisión aclarando los cambios de agenda de reuniones con los funcionarios, apuntando que el secretario de Educación Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez concurrirán el próximo 29 de octubre a las 14.30. Aclaró al respecto que eso no significa que se altere el emplazamiento, por lo que el horario de las 10 de la mañana para ese mismo día sigue vigente.

Para este miércoles, agregó que no podrá asistir Gabriela Real, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pero sí estará el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

A continuación pidió la palabra el diputado Christian Castillo, quien se refirió a la reunión llevada a cabo el día anterior con los presidentes de bloques. “A nosotros no nos llegó ninguna invitación -aclaró-. A lo mejor, por una evaluación política certera que hacen de que no vamos a acompañar el Presupuesto del FMI”, dijo, para preguntar cuál fue el tenor de esa reunión: si fue oficiosa, si fue una “reunión de bar”. Estimó, eso sí, que los diputados convocados correspondían a aquellos que el Gobierno considera que “son amigos” y es con los que “están construyendo el nuevo consenso ordenado por Scott Bessent, con una gravedad extra, porque hoy salió el decreto promulgando y suspendiendo las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica”.

Castillo sostuvo que esa medida pone a quienes firmaron los decretos “por fuera del marco institucional”, y advirtió que “el Gobierno desconoce la Constitución. “Por suerte no me llaman, porque con Bessent, ni a la esquina…”.

Tomó la palabra a continuación el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, quien se ocupó de contestarle a Castillo. Sobre las leyes promulgadas y suspendidas por el Gobierno, hizo referencia al artículo 5° de la Ley 24.639, que leyó y hace referencia a que toda ley debe prever el financiamiento de la misma. “Que quede claro para todos que vamos a seguir defendiendo el superávit fiscal y que todas estas leyes con un alto sentido de sensibilidad social son leyes que buscan tener participación en este período electoral para ganar un voto más”, lanzó el salteño, que cerró sugiriéndole a la oposición empezar a trabajar en “un proyecto superador para que en 2027 lo discutamos para ver quién tiene razón”.

Habló luego el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien compartió la preocupación de Christian Castillo en cuanto a las leyes promulgadas y suspendidas. Habló de un “conflicto de poderes casi estructural en el que estamos inmersos”, y se preguntó si no tendrá que ser la Corte Suprema la que termine resolviendo el tema.

Con relación a la reunión del día anterior, mantenida con el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete José Rolandi, aclaró que son reuniones de lo más frecuentes, en todos los gobiernos, incluido el de Juntos por el Cambio que él integró. “No son muy diferentes a las reuniones que hemos celebrado para arribar a los dictámenes conjuntos que se incorproan al Presupuesto”, dijo, y pidió: “Cuidemos la casa, porque estas son prácticas de gobernabilidad. No importa la simpatía o antipatía, o grado de coincidencia con el gobierno de turno. Los dictámenes, cuando son muchos, son difíciles de discutir a viva voz. El dictamen se hace con reuniones de esta naturaleza”.

Dicho lugar, aclaró que a su juicio “la reunión fue muy mala”. Si bien destacó la buena voluntad de Bertie Benegas Lynch para convocarla, aclaró que “el Poder Ejecutivo mostró la misma arrogancia e inflexibilidad de siempre”. Con todo, aclaró que fue una “reunión pública en el marco de esta casa; básicamente quedó clara la postura de algunos bloques. Compartimos la predisposición y el énfasis en el equilibrio fiscal, pero estamos absolutamente convencidos de que no se puede hacer jamás perpetuando un conflicto de poderes, violando la aprobación de leyes por amplias mayorías”.

Aclaró finalmente que todo esto termina justificando la necesidad de tener un presupuesto y remarcó que la financiación de las leyes suspendidas está incluida en el dictamen que ellos presentarán, que prevé un superávit del 0,9%, a diferencia del 1,5% que establece el proyecto del Poder Ejecutivo. La financiación de esas leyes “va a ser de Rentas Generales y aun así va a haber un considerable superávit fiscal”.

Germana Figueroa Casas justificó su participación en la reunión de este lunes porque son convocatorias que “yo no voy a rechazar”, ya que se trata de trabajo en comisiones. “¿O ustedes se comunican por telepatía?”, preguntó, aclarando que ella trabaja permanentemente, e insistió: “¿Ustedes no trabajan todos los días en las comisiones, solo lo hacen los martes y miércoles? Durante los dos años del gobierno anterior a mí me convocaron varias veces y nunca fue nada espúreo”.

“Estamos perdiendo tiempo con esto, y no les voy a permitir que hablen de algo engañoso”, le advirtió a la izquierda.

El titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó lo que consideró de manera crítica un “nuevo estilo de promulgación de leyes, agregando de facto un elemento que no está en la Constitución, en el proceso de sanción de leyes”.

“A mi criterio y de nuestro bloque, esa decisión de Javier Milei es absolutamente inconstitucional y además recarga la mirada sobre la tarea del jefe de Gabinete. Su tarea es hacer operativas las leyes del Congreso a través de todas las herramientas que tenga”, sostuvo, recordando que la semana anterior se aprobó una interpelación previa a la moción de censura para Guillermo Francos, que se tratará en la próxima sesión, y cuando lo hagamos pidió agregar a esa orden del día estos dos elementos nuevos. Hay tres motivos para interpelar y activar la moción de censura”.

Martínez aclaró que su bloque había sido invitado a participar de la reunión del lunes, y señaló que tomaron la decisión de que después de dos años sin presupuesto, “ir a instancias de negociaciones paralelas a la instancia del presupuesto, me parece que es un error. Cada uno sabe a qué reuniones va o no. A nosotros el diputado Benegas Lynch nos invitó y decidimos no ir. Me parece clave que la comisión funcione”.

De paso, recordó que el secretario de Hacienda se había ido antes la vez que estuvo, a lo que Benegas aclaró que estaba tramitando que el secretario de Hacienda asista en la última semana de reuniones para tratar el Presupuesto.

En el comienzo de la sesión de este miércoles en la Cámara baja, la diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll abrió la tanda de cuestiones de privilegio con un planteo contra el oficialista José Luis Espert, cuyo pedido de licencia -hasta el final de su mandato- se conocía en ese mismo momento.

La sesión arrancó tras una reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó sacar del temario el proyecto que proponía remover a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ya había quedado en abstracto con la renuncia del legislador como integrante de la comisión.

Envuelto en una total polémica, y ya habiendo renunciado a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, solo la izquierda -pues no hubo consenso en el arco opositor- quedó reclamando su expulsión directa del cuerpo, por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado acusado de narcotráfico.

“Hay que excluirlo de su banca”, arrancó Ripoll, al considerar a Espert como “el más importante” dentro de “este Gobierno de brutal ajuste, corrupción, mentiroso y estafador”. “Nos mintió a todos Espert, a todos los integrantes de esta cámara y a todo el país. Primero negaba los 200 mil dólares. Después diciendo que era un trabajo de consultoría por el que le pagaban; después que había viajado una vez en el avión del narcotraficante; después 35 veces y en 17 de esos viajes los hizo en acompañamiento de él”, enumeró.

La legisladora sostuvo: “Yo creo que no es ingenuo ni víctima de ningún chimento de peluquería, sino que es el partícipe necesario de una verdadera asociación ilícita para financiar la política con el narcotráfico”.

“Si no quiere fueros ni privilegios tiene que renunciar, y si no renuncia tendremos que ver cómo avanzamos por él”, reclamó y recordó que la frase de “cárcel o bala” Espert la reversionaba en “bala o bala” para los narcos. “Bueno, que se cuide porque a lo mejor termina entrando dentro de su propia definición y le toca para él bala o bala”, cerró y volvió a pedir “la exclusión inmediata de forma definitiva”.

A su turno, el diputado Christian Castillo cuestionó que “Espert pidió ‘cárcel o bala’ para mi compañera Myriam Bregman, Nico Del Caño, Romina Del Plá” y esa frase del oficialista “incidió, sin ninguna duda, en la acción de las fuerzas de seguridad”, al recordar casos de violencia y represión policial.

Además, el diputado de la izquierda enfatizó que “el abogado de Javier Milei es el abogado de Machado. ¿No les parece raro? Un abogado de narcos y lavaderos”. “Patricia Bullrich que se la pasa diciendo que combate el narcotráfico, ¿no sabía de los 35 vuelos?”, reprochó y añadió que “Espert mintió y ocultó todo hasta que la evidencia saltó”.

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario generó un inmediato repudio en la oposición, que salió a cuestionar con dureza la medida. Desde la izquierda hasta el radicalismo, pasando por el peronismo y sectores del centro, referentes de distintos bloques advirtieron sobre el impacto negativo que tendrá el veto en miles de estudiantes, especialmente los del interior y de sectores vulnerables.

Además, llamaron a organizar protestas, asambleas y acciones legislativas para revertir la decisión del Ejecutivo.

El senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad posteó en sus redes sociales: “Frente al nuevo veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, quiero ser claro: el Gobierno persiste en un error que daña las bases del desarrollo argentino. No se puede seguir ajustando sobre la educación. La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión estratégica para el futuro del país. Sin universidades fuertes, sin ciencia, sin tecnología, no hay posibilidad de crecimiento sostenible ni de movilidad social. Ya lo he dicho y lo reitero: el veto desconoce el reclamo genuino de la sociedad y atenta contra un derecho fundamental. Es inadmisible que, en lugar de fortalecer nuestras casas de estudio, se elija el camino del recorte y el conflicto permanente”.

El diputado de izquierda Christian Castillo pidió que “seamos cientos de miles en las calles cuando se trate en el Congreso. A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”.

La diputada Margarita Stolbizer apeló a la ironía: “PRIMERA GRAN MEDIDA DE LA MESA DE MADERA QUE REEMPLAZA AL TRIÁNGULO DE HIERRO”. Y agregó: “No entendieron nada”.

PRIMERA GRAN MEDIDA DE LA MESA DE MADERA QUE REEMPLAZA AL TRIÁNGULO DE HIERRO

No entendieron nada.

En octubre, #ProvinciasUnidas pic.twitter.com/UuCp39DTzl

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) September 10, 2025

Por su parte, la diputada de UP Blanca Osuna consideró que “Milei vuelve a mostrar su desprecio por la educación pública. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario es condena a miles de jóvenes a perder la oportunidad de formarse y construir su futuro y el de Argentina”.

“El ajuste es contra las/los estudiantes, contra la ciencia y contra la igualdad de oportunidades. La universidad pública es orgullo argentino”, agregó la diputada entrerriana.

Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo señaló: “Insistente con el veto, el presidente afirma estar 'cuidando' la macroeconomía. Pero esa protección tiene un costo muy alto: desfinancia a las universidades públicas y la ciencia, desprotege la salud y la discapacidad, hipotecando el futuro social y productivo de nuestra Argentina. Desconoce —o decide ignorar— la obligación del Congreso, vetando leyes que promueven el desarrollo. El Gobierno Nacional insiste en el enfrentamiento, sin ocuparse de gestionar ni de dar las respuestas a las que está obligado. ¡Basta de eludir obligaciones!”.

La diputada radical Gabriela Brouwer de Koning habló de “otro grave error del Gobierno Nacional. El veto a la ley de financiamiento universitario es un palo en la rueda para las oportunidades de desarrollo que el pueblo argentino necesita con urgencia. Esta medida golpea especialmente a jóvenes del interior del país y de los sectores más desfavorecidos”.

Por otra parte señaló que “defenderemos la educación pública en las calles y dentro del Congreso”.

“Rechazaremos este nuevo veto”, anticipó por su parte el titular del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien le advirtió al presidente: “Usted fue elegido para gobernar para todos. Sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos. Como diputados tenemos la obligación de INSISTIR en la ley de Financiamiento Universitario. Acceder a una educación de calidad es condición imprescindible para progresar como individuos y como sociedad”.

“Veto total a la ley de financiamiento universitario. Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina. Ni en su peor semana el gobierno de Javier Milei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”, posteó por su parte el presidente del radicalismo, senador Martín Lousteau.

A su vez, la vicepresidenta del bloque Democracia para Siempre, Marcela Coli, dijo que “el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque a la educación pública y a miles de estudiantes que sueñan con un futuro mejor. Las universidades son movilidad social, conocimiento y desarrollo para la Argentina”.

“Nos vemos en el recinto para bajar ese veto”, concluyó.

A su vez, la diputada de Izquierda Socialista y docente de la facultad de sociales UBA, Mercedes de Mendieta, llamó a “preparar el plan de lucha y la tercera marcha federal para derrotarlo en las calles. Sigamos el camino del colectivo de discapacidad y sus familias. Unamos las luchas y convoquemos a toda la sociedad a apoyarnos. El 12 vamos con el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo. A todo esto, ¿La CGT que va a hacer? Es momento momento de empujar hasta derrotarlo”.

En el inicio de la sesión especial que trata el proyecto de ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, el diputado nacional Christian Castillo (Frente de Izquierda) presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por haber mencionado que va a invitar a la Argentina a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Durante su intervención, Castillo, notoriamente emocionado, remarcó que el mandatario israelí tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional acusado de cometer crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante la conflagración entre el Estado de Israel y Hamas desde octubre del 2023.

El presidente Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Asimismo, apuntó contra el jefe de Estado y cargó: “Milei basta de mirar para otro lado, basta de encubrir el genocidio, basta de encubrir el crimen, basta de silencio cómplice y basta de genocidio”. Dirigido al primer ministro de Israel, alzó la voz y expresó: “Netanyahu no va a ser bienvenido en este país”.

El legislador del FIT señaló que Milei tiene “complicidad con el genocida”. Luego, mencionó las sensibles imágenes que se hicieron virales a nivel mundial en las que se vio a miles de niños y personas abalanzadas por agua y comida en la Franja de Gaza. Después, acusó que los “soldados israelíes fusilan niños con hambre”.

En ese punto, pidió que se incorpore en la próxima sesión el proyecto de resolución del Frente de Izquierda que propone declarar como “persona no grata” a Netanyahu. Después de esta proclamación, Carolina Gaillard de Unión por la Patria irrumpió en el recinto y exigió que la iniciativa se sume en este temario. Rápidamente, Martín Menem negó esa posibilidad.

Carolina Gaillard pidió incorporar el proyecto al temario y Menem no dio lugar.

La entrerriana cargó que “se está cometiendo una masacre en Gaza”, donde hubo “50.000 personas y 18.000 niños asesinados”. “no es una cuestión de privilegio, es una obligación de este Parlamento y es un acto de dignidad para un Estado argentino que ha sufrido el terrorismo de Estado pronunciarnos”, enfatizó la diputada.

Una cuestión de privilegio es un procedimiento que permite a un legislador o a la propia Cámara abordar asuntos que afectan el funcionamiento, la seguridad, la dignidad o la integridad de la institución o de sus miembros. Estas cuestiones tienen prioridad sobre otros temas y se consideran para garantizar el adecuado desarrollo de las labores legislativas.

En la Cámara de Diputados, figuran en dos artículos del reglamento: el 127 y el 128, donde se establece que “son exclusivamente aquellas que se vinculan con los privilegios que la Constitución otorga a la Cámara y a cada uno de sus miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardar su decoro y serán consideradas con desplazamiento de cualquier otro asunto. Para plantearlas, los diputados dispondrán de cinco minutos. La Cámara decidirá por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, si se le acuerda trato preferente. En caso afirmativo, se iniciará la consideración del fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario se girará la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

En la Cámara alta, figuran en el inciso 6 del artículo 140 de su reglamento y tienen la misma prerrogativa, pero el legislador tiene el doble de tiempo para plantearlas.

Con todo, no es en el Senado donde más se aplican. Con sesiones en general maratónicas, en la Cámara baja constituyen un recurso que estira en extremo -a veces deliberadamente- las sesiones. A lo largo del primer año de La Libertad Avanza como oficialismo han intentado modificar la implementación de ese recurso para acomodar los debates, evitando que el inicio del debate de los temas centrales se postergue indefinidamente. En la sesión del 4 de junio de 2024, el diputado Ricardo López Murphy planteó que habían pasado cinco horas dedicados a tratar homenajes y cuestiones de privilegio. “No podemos funcionar así -dijo ese día-. Yo creo que todos debemos reconocer que ese mecanismo de funcionamiento nos quita tiempo razonable de debate y que deberemos buscar algún otro. Se podría poner un micrófono y, durante un día en que no haya sesión, despachar todos esos temas, pasarlos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y así evitarnos a todos los demás esta enorme pérdida de tiempo. Todo aquello nos quita tiempo para tratar el problema tan serio que se discute durante esta sesión y durante esta noche”.

“No podemos funcionar así”, se quejó López Murphy tras cinco horas de homenajes y cuestiones de privilegio.

Un día entero de cuestiones de privilegio

No fue la única queja que se escuchó a lo largo del año. Pruebas al tanto, hubo a lo largo de todas las sesiones del año pasado 229 cuestiones de privilegio, pronunciadas por 96 diputados nacionales. Esto es, el 37% de los legisladores utilizó ese recurso, muchas veces sin dejar claro a quién estaba dirigida la cuestión de privilegio.

A 5 minutos por cuestión de privilegio, podemos estimar que en 2024 hubo al menos 1.145 minutos dedicados a ese menester. O sea, 19 horas… Y teniendo en cuenta que rara vez se respetan los tiempos, podríamos decir que el año pasado se le dedicó a las cuestiones de privilegio prácticamente un día entero. O más, pues si el promedio fuera de 6 minutos, serían 23 horas. Y con 7 minutos… ¡26 horas!

“¿Sabe qué, señor presidente? Las cuestiones de privilegio, sabiamente, fueron puestas para que los diputados, cualquiera sea su número, puedan expresarse libremente, y no para que usted, con acuerdos espurios con los otros bloques, imponga la manera en que se tienen que llevar a cabo”, planteó en una sesión el diputado de Unión por la Patria Aldo Leiva, durante uno de los tantos tironeos que se plantearon para definir en qué momento de la sesión incluirlas. Cuando se decidió dejarlas todas para el final, la propuesta no tuvo aceptación.

Desde Unión por la Patria siempre se pusieron en guardia respecto de ese tema. Expresidenta de la Cámara, Cecilia Moreau advirtió el 14 de agosto de 2024 que no podrían limitarles las cuestiones de privilegio. “Y esto lo planteamos siempre, siendo oficialismo y oposición; siendo 99, 130, o 4… Las cuestiones de privilegio no solamente se vinculan con nuestros fueros y libertad de expresión, sino también con las posiciones políticas de los diputados y las diputadas”. Por eso advirtió entonces que intentar suspenderlas era “una forma más de intentar acallar el pensamiento y el accionar de los diputados y las diputadas”.

Para Cecilia Moreau, las cuestiones de privilegio se vinculan también con las posiciones políticas de los legisladores.

Con los bríos que intentó ponerle a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento su presidenta, Silvia Lospennato, el 26 de marzo de este año se pusieron a consideración propuestas para regular el uso de los tiempos en el recinto. En ese contexto se planteó la posibilidad de llevar los homenajes al final de cada sesión -una alternativa que ya fue ensayada-, aprovechando que no se necesita contar con quórum en esa instancia. Pero los propios protagonistas no quieren saber nada: no es lo mismo hablar al principio de la sesión que al final, ante un recinto vacío. Lo mismo pasa con las cuestiones de privilegio.

Que hay abuso, hay abuso con el tema, y lo planteó ese mismo día la secretaria Parlamentaria del bloque UP, Paula Penacca, quien recordó cuando el Pro propuso en una sesión 30 cuestiones de privilegio siendo gobierno el kirchnerismo.

Silvia Lospennato planteó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento cambios sobre los homenajes y cuestiones de privilegio.

La primera cuestión de privilegio de la historia

Lo cierto es que la herramienta de las cuestiones de privilegio ha sido desvirtuada. La primera vez que se usó desde que se recuperó la democracia fue en la sesión del 16 de diciembre de 1983. Consta en los registros taquigráficos de la Cámara baja que fue el peronista Mario Gurioli quien la implementó por primera vez, y el destinatario de la misma fue George Bush padre. Sucede que en su condición de vicepresidente de los Estados Unidos había concurrido a la Argentina la semana anterior, para asistir a la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, cosa que el diputado peronista repudió al recordar la participación que Estados Unidos había tenido el año anterior en favor de Gran Bretaña durante el conflicto bélico de Malvinas.

Al concluir el planteo de Gurioli, el entonces presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliese, señaló: “La Presidencia entiende que las expresiones del señor diputado no comportan el planteamiento de una cuestión de privilegio, sino una manifestación de repudio ante un hecho”. Por eso puso a consideración de la Cámara si constituía o no una cuestión de privilegio, y el resultado fue negativo.

“El mecanismo de Pugliese fue bastante democrático”, opinó Silvia Lospennato ante sus pares de Peticiones, Poderes y Reglamento, sugiriendo la posibilidad de buscar un mecanismo para limitar ese recurso del que se hace uso y, muy seguido, abuso.

Con 20 años como diputada, Margarita Stolbizer ha conocido muchas composiciones de la Cámara bien distintas y por eso es palabra autorizada en la materia. En el recinto planteó el 12 de marzo de este año que el tema debía ser ordenado, dado que las cuestiones de privilegio están a su juicio “perfectamente determinadas en el reglamento”. Lo dijo después de escuchar a un diputado plantear una cuestión de privilegio que para ella estaba “lejísimo de serlo”, y le pidió entonces al presidente de la Cámara que ordenara el tema dejando de mandar las cuestiones de privilegio que no correspondieran a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde dicho sea de paso nunca se tratan.

Margarita Stolbizer le pidió a Martín Menem ordenar el sistema de las cuestiones de privilegio.

Le dio pie al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para dejar clara su postura sobre el tema: “La diputada Penacca me trató de sommelier de cuestiones de  privilegio”, recordó, para advertir que “todavía no he visto una sola cuestión de privilegio que se adecue al reglamento que tanto dicen defender. Entonces, pónganse de acuerdo, porque no hay ningún privilegio vulnerado desde que estoy en esta Cámara que se haya tratado en una cuestión de privilegio. Pero como es una práctica política en la cual expresan sus pensamientos institucionales o de lo que fuere, vamos a seguir con esta temática hasta que toda la Cámara esté de acuerdo”.

Y tras manifestar que él era el más interesado en terminar con el abuso de ese recurso, concluyó que “no hay voluntad de terminarlo”.

Confesó de paso su deseo de “poner un atril en la puerta de la Cámara para que vayan a hablar ahí, los filmamos, eso se sube a las redes sociales, y algún día serán importantes las cuestiones que quieran plantear”.

“Creo que, en cuarenta años, hubo dos cuestiones de privilegio planteadas en la Cámara que han sido tratadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, mi recomendación es que dejen de perder el tiempo y que cualquier manifestación política, ahora que tienen el celular, la graben con estos dispositivos móviles, las suban a las redes sociales y todos felices y contentos, porque encima les hacemos gastar un montón de papel a todos los argentinos –que pagamos con nuestros impuestos–, y la Secretaría Parlamentaria está harta de las cuestiones de privilegio, al igual que todos los argentinos que nos están escuchando”.

Todas las cuestiones de privilegio de 2024

Para determinar quiénes son los diputados que más echan mano a este recurso, Parlamentario apeló a su Índice de Calidad Legislativa para medir el número de planteos de este tipo que se realizaron a lo largo de todo el año 2024. De ahí surge el número de 229 presentadas durante esa medición.

Como dijimos, 96 fueron los diputados que hicieron uso de las mismas, distribuidos entre todos los sectores, porque también el oficialismo ha tenido sus cuestiones de privilegio.

La izquierda pica en punta, como era de suponer. Los siete diputados que pasaron por el recinto en 2024 figuran entre los que más cuestiones de privilegio presentaron. En promedio, obviamente, ya que Unión por la Patria los supera cuantitativamente. Los 7 diputados de la izquierda sumaron 42 cuestiones de privilegio, con un promedio de casi 6 por diputado.

UP, en tanto, presentó 101 cuestiones de privilegio a través de 42 de sus 98 diputados. El promedio es de 2,4 por persona.

Lorena Villaverde, la libertaria que más cuestiones de privilegio presentó.

La Libertad Avanza, como dijimos, tuvo también su protagonismo en la materia: 18 de sus diputados presentaron un total de 34 cuestiones de privilegio, siendo la rionegrina Lorena Villaverde la más activa en la materia, con 6 cuestiones de privilegio. El 15% de las cuestiones de privilegio fueron del oficialismo.

Fernando Iglesias con 4 fue el diputado del Pro que más presentó en 2024. Once diputados del principal aliado del oficialismo presentaron un total de 22 cuestiones de privilegio.

Fernando Iglesias planteó 4 cuestiones de privilegio.

Solo 4 miembros del bloque radical se anotaron en estos planteos, sumando 6 cuestiones de privilegio; en tanto que por Encuentro Federal Esteban Paulón, con 4, fue el que más presentó. Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, con una cada uno, fueron los restantes miembros del bloque de Miguel Pichetto que presentaron cuestiones de privilegio.

De Democracia Para Siempre, entre Fernando Carbajal (2) y Pablo Juliano presentaron las 3 cuestiones de privilegio de ese bloque, en tanto que la Coalición Cívica se anotó con 9, siendo Mónica Frade la más activa en la materia, con 4.

Del bloque de Innovación Federal solo planteó una el diputado Pablo Outes.

“Los bloques más chicos hablan más porque tienen derecho a expresarse, y porque el otro no quiere hacer uso de su derecho, no deben cercenar el nuestro... Se enojan porque hablamos por homenajes y por cuestiones de privilegio. Entonces hablen ustedes solos y voten directamente las leyes del emperador Milei”, dijo en la citada reunión de Peticiones, Poderes y Reglamento el diputado Christian Castillo. Este diputado de la izquierda y el peronista Eduardo Toniolli fueron los que más cuestiones de privilegio presentaron el año pasado. Veamos el detalle:

8 cuestiones de privilegio

Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad)

Eduardo Toniolli   (Unión por la Patria)

7 cuestiones de privilegio

Nicolás del Caño  (PTS-Frente de Izquierda Unidad)

Germán Martínez  (Unión por la Patria)

Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad)

6 cuestiones de privilegio

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)

5 cuestiones de privilegio

Myriam Bregman  (PTS-Frente de Izquierda Unidad)

Romina del Plá (PO-Frente de Izquierda Unidad)

Aldo Leiva   (Unión por la Patria)

Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad)

Carlos Zapata  (La Libertad Avanza)

4 cuestiones de privilegio

Vanina Biasi  (PO-Frente de Izquierda Unidad)

Mónica Frade  (Coalición Cívica)

Carolina Gaillard   (Unión por la Patria)

Diego Giuliano   (Unión por la Patria)

Fernando Iglesias  (Pro)

Juan Marino   (Unión por la Patria)

Leopoldo Moreau   (Unión por la Patria)

Esteban Paulón  (Encuentro Federal)

Victoria Tolosa Paz   (Unión por la Patria)

Pablo Yedlin   (Unión por la Patria)

3 cuestiones de privilegio

Leandro Almirón    (La Libertad Avanza)

Damián Arabia   (Pro)

Martín Ardohain   (Pro)

Pablo Carro   (Unión por la Patria)

Maximiliano Ferraro   (Coalición Cívica)

Silvina Ginocchio   (Unión por la Patria)

Lilia Lemoine    (La Libertad Avanza)

Juan Manuel Pedrini   (Unión por la Patria)

Paula Pennaca   (Unión por la Patria)

Agustina Propato   (Unión por la Patria)

Martín Soria   (Unión por la Patria)

Eduardo Valdés  (Unión por la Patria)

2 cuestiones de privilegio

Sabrina Ajmechet   (Pro)

María Fernanda Araujo    (La Libertad Avanza)

Daniel Arroyo   (Unión por la Patria)

Karina Banfi  (UCR)

Fernando Carbajal  (Democracia para Siempre)

Florencia Carignano   (Unión por la Patria)

Emiliano Estrada   (Unión por la Patria)

José Luis Garrido  (Por Santa Cruz)

Silvana Giuidici   (Pro)

José Glinski   (Unión por la Patria)

Tomás Ledesma   (Unión por la Patria)

Hernán Lombardi  (Pro)

Cecilia Moreau   (Unión por la Patria)

Julio Moreno Ovalle    (La Libertad Avanza)

Paula Oliveto   (Coalición Cívica)

Fabio Quetglas   (UCR)

Cristian Ritondo   (Pro)

Leandro Santoro   (Unión por la Patria)

Santiago Santurio    (La Libertad Avanza)

Vanesa Siley   (Unión por la Patria)

Julia Strada   (Unión por la Patria)

Rodolfo Tailhade   (Unión por la Patria)

1 cuestión de privilegio

Sergio Acevedo (Por Santa Cruz)

Ernesto Alí   (Unión por la Patria)

Eugenia Alianiello   (Unión por la Patria)

Juan Ansaloni  (La Libertad Avanza)

Lourdes  Arrieta (Transformación)

Gabriel Bornoroni  (La Libertad Avanza)

Sergio Capozzi    (Pro)

Lelia Chaher   (Unión por la Patria)

Gabriel Chumpitaz  (Futuro y Libertad)

Carlos Cisneros   (Unión por la Patria)

Alida Ferreyra  (La Libertad Avanza)

Daniel Gollán   (Unión por la Patria)

Ramiro Gutiérrez  (Unión por la Patria)

Itai Hagman   (Unión por la Patria)

Ana María Ianni   (Unión por la Patria)

Pablo Juliano  (Democracia para Siempre)

Silvia Lospennato   (Pro)

Mónica Macha   (Unión por la Patria)

Alvaro Martínez   (La Libertad Avanza)

Gisela Marziotta   (Unión por la Patria)

Nicolás Massot (Encuentro Federal)

Nicolás Mayoraz   (La Libertad Avanza)

Eugenia Orozco (La Libertad Avanza)

Blanca Osuna   (Unión por la Patria)

Pablo Outes  (Innovación Federal)

Liliana Paponet   (Unión por la Patria)

Santiago Pauli  (La Libertad Avanza)

José Peluc  (La Libertad Avanza)

Nancy Picón Martínez   (Producción y Trabajo)

María Celeste Ponce  (La Libertad Avanza)

Roxana Reyes  (UCR)

Juliana Santillán   (La Libertad Avanza)

Natalia Sarapura   (UCR)

Carlos Snopek   (Unión por la Patria)

Héctor Stefani  (Pro)

Margarita Stolbizer  (Encuentro Federal)

Pablo Todero   (Unión por la Patria)

César Treffinger (La Libertad Avanza)

Patricia Vázquez  (Pro)

Luana Volnovich   (Unión por la Patria)

Natalia Zaracho   (Unión por la Patria)

Fuente: Índice de Calidad Legislativa

La escena se repite cada miércoles: un enorme operativo de seguridad, a veces con el cierre total de los alrededores del Congreso, se instala para persuadir la manifestación de jubilados que reclaman por sus bajos ingresos. Pero, en particular desde hace dos semanas, legisladores y trabajadores advierten por el uso de las instalaciones del Anexo de Diputados por parte de efectivos de Gendarmería Nacional.

Esto motivó que los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca enviaran una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, donde expresan "el absoluto repudio que merece el uso de las instalaciones y dependencias de esta Cámara de Diputados por parte de distintos integrantes y pelotones de las diversas fuerzas de seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación que, en particular desde el miércoles 15 de mayo y con extrema alevosía el pasado 21 de mayo, se pasean, se desplazan, se organizan y pertrechan para su faena represiva contra las y los jubilados que se manifiestan cada miércoles en las instalaciones de esta Cámara".

"Sostenemos y denunciamos hace meses que la represión contra quienes cada miércoles reclaman por ingresos dignos, y por no ser recortados hasta lo más básico como es acceder a los medicamentos, es una política deliberada contra quienes resisten las políticas de ajuste de este Gobierno", sostuvieron.

Los legisladores de la izquierda continuaron: "Ejercemos nuestro legítimo derecho a manifestarnos junto a ellos y denunciamos en nuestro rol de diputados de la Nación las continuas represiones criminales al mando de Patricia Bullrich, que no sólo satura de fuerzas federales las inmediaciones del Congreso, sino que además son las responsables de haber disparado y dejado sin visión de un ojo a un empleado de esta misma casa, Matías Aufieri, asesor de la banca del PTS Frente de Izquierda, que debe cruzarse en su lugar de trabajo con los mismos criminales que le dispararon".

"Es inadmisible no sólo que se militaricen las inmediaciones del Congreso cada miércoles, sino que ahora lo hagan también en el interior mismo de esta Cámara de Diputados", enfatizaron e insistieron con que "el Congreso no puede ser militarizado cada miércoles para reprimir a los jubilados y quienes se manifiestan en su apoyo, y ahora además ser utilizado como base de maniobras por parte de las fuerzas represivas". "Exigimos una inmediata respuesta y el cese de las acciones que señalamos", concluyeron.

En el inicio de la sesión del 6 de febrero en la que se aprobaron tres de los proyectos previstos en extraordinarias, durante el debate de la suspensión de las PASO, expuso largamente el diputado de izquierda Christian Castillo, hasta que el presidente del Cuerpo le advirtió sobre la finalización de su tiempo, aclarándole que tenía que fundamentar el dictamen de minoría, y no era lo que estaba haciendo (ergo, se estaba “yendo por las ramas”). “Parece que le molestan mis palabras”, replicó Castillo, a lo que Martín Menem le aclaró que no le había escuchado decir nada de la suspensión de las PASO, y le pidió atenerse al motivo de lo que estaban tratando.

A continuación fue el turno de Vanina Biasi, quien defendió la presentación que había hecho su compañero de bloque, apuntando que Menem no tenía “los atributos para venir a decirnos cómo debemos defender los dictámenes que presentamos, ni en qué términos políticos debemos hacerlo”. Y cerró advirtiéndole al presidente de la Cámara “que no vuelva a atreverse a querer censurarnos en esta Cámara, porque nosotros no somos como el resto de los felpudos de esta Cámara y usted nunca logrará callarnos”.

A lo que Menem le contestó que “no hay ningún tipo de censura, sino que simplemente le manifiesto que mi función es cumplir con el reglamento como usted me lo solicitó en la reunión de Labor Parlamentaria”. Y completó: “Aprovecho también para decirle que según las estadísticas, los bloques de la izquierda son los que más han hablado. Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados. Le pido que no hable de censura porque bajo ningún punto de vista se lo voy a permitir”.

El diputado Martín Menem es, por lejos, el que más palabras pronunció en el recinto a lo largo del año.

Se refería el presidente de la Cámara baja al informe anual recientemente publicado por parlamentario.com, que refleja la cantidad de palabras expresadas por cada diputado en el recinto a lo largo de 2024. Allí, los diputados de izquierda ocupan lugares de privilegio, al punto tal que entre los diez primeros lugares figuran tres de sus siete diputados.

En efecto, el mencionado Christian Castillo ocupa el tercer lugar, con 32.743 palabras, seguido por su compañero Nicolás del Caño, con 28.167, y sexta está Vanina Biasi, con 19.481, a pesar de haber ocupado una banca solo medio año, ya que entró en lugar de Myriam Bregman, 13° con 13.881 palabras. Por eso, al hablar de sus siete diputados estamos incluyendo a Romina del Plá (12° lugar, con 15.742 palabras), en tanto que su reemplazante Mónica Schlottahuer, quedó 38°, con las 8.882 palabras expresadas a lo largo del año. El jujeño Alejandro Vilca resultó 34°, con 9.505.

Esto es, todos los diputados de izquierda tienen máxima exposición y aprovechan que, al representar tres bancadas van alternándose en los distintos temas para exponer como jefes de sus bancadas. Ejemplo, por el PTS-Frente de Izquierda Unidad figuran Del Caño, Castillo y Vilca; por Izquierda Socialista está Schlottahuer y Biasi representa al Partido Obrero.

“Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados”, les dijo Martín Menem ese día y lo repitió Miguel Pichetto en la sesión siguiente, cuando le pidió al titular del Cuerpo que hiciera callar a Biasi mientras él pronunciaba una cuestión de privilegio. “Son los que más hablan en esta Cámara”, señaló. Y en efecto, el promedio de los diputados de izquierda es largamente superior al resto de los bloques: con 128.401 que sumaron sus siete diputados el año pasado, el promedio da 18.343, mientras que el promedio de UP es más de cuatro veces inferior, con 4.054 palabras. Eso sí, el bloque que conduce Germán Martínez es el que suma más palabras, con 401.380 expresadas a lo largo del año. Así surge del informe anual elaborado por el Indice de Calidad Legislativa para Parlamentario.

Obvio, a menor cantidad de integrantes, mejor promedio… si sus diputados hablan mucho. Máxime con los monobloques, que al no dividir pueden encaramarse bien alto. Ejemplo, el neuquino Osvaldo Llancafilo pronunció 12.102 palabras, con lo que si se considera a todos los bloques juntos, ocuparía el segundo lugar en la tabla general.

Con casi la misma cantidad de diputados que la izquierda, la Coalición Cívica tiene menos de la mitad de palabras, sumadas todas las de sus seis miembros. Y un promedio módico: 8.818 palabras.

Entre los bloques más grandes, le siguen Encuentro Federal en el cuarto lugar y la UCR en el quinto. Con Por Santa Cruz, un bloque de dos, terciando entre ellos y en el podio.

Con sus 39 diputados, La Libertad Avanza está en el sexto lugar, con un promedio de casi cinco mil palabras, por encima de Unión por la Patria y con la ventaja de tener al presidente de la Cámara, Martín Menem, que por presidir el Cuerpo y dirigir las sesiones, tiene una ventaja. Y con sus 72.276 palabras pronunciadas, aventaja a todos los bloques por sí solo… menos a la izquierda.

Recordemos de paso sobre el presidente de la Cámara que reglamentariamente quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras cada vez que da la palabra: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.

Cuánto hablaron en el recinto, bloque por bloque

Los monobloques

Radiografía de los bloques

Izquierda

Coalición Cívica

Por Santa Cruz

Encuentro Federal

UCR

La Libertad Avanza                              

247°)

Unión por la Patria

Democracia para Siempre

Pro

MID

Innovación Federal

Producción y Trabajo

Independencia

   FUENTE: Índice de Calidad Legislativa

Luego de la expulsión del Senado de Edgardo Kueider, quien había ingresado en 2019 por el Frente de Todos pero este año se convirtió en un aliado de La Libertad Avanza, diputados nacionales del Frente de Izquierda denunciaron que "la Ley Bases es nula, no se puede aplicar".

Nicolás del Caño remarcó que el oficialismo "intentó evitar la expulsión y luego tuvo que reubicarse para no quedar pegado con este senador que les prestó muchos servicios clave". "Queda claro que la Ley Bases no puede aplicarse, hay que anularla e investigar a fondo las coimas", apuntó.

Para el bonaerense, "quedó expuesto ante todos que la Ley Bases es la nueva Ley Banelco y lo venimos denunciando hace meses, ya no pueden mirar para otro lado".

Por su parte, el diputado Christian Castillo señaló que presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto "para que se declare la nulidad de la Ley Bases y el Paquete Fiscal" porque "son leyes corruptas".

"Los legisladores de los diferentes bloques deberían acompañarnos, sino se separa el mecanismo de aprobación de las consecuencias que tienen estas leyes nefastas", agregó.

En tanto, su par Alejandro Vilca dijo que "queda claro que sin la compra de votos difícilmente esta ley se hubiera aprobado; sin Kueider en la Ley Bases no se daba un empate y no hubiese tenido que definir (Victoria) Villaruel".

"No nos olvidemos que la Ley Bases contiene el capítulo del RIGI que implica legalizar el saqueo a nuestros pueblos y nuestros territorios. Y tampoco nos olvidamos que para aprobarla se desplegó una brutal represión en las afueras del Congreso durante semanas", recordó el jujeño.

Diputados del Frente de Izquierda – Unidad encabezaron este lunes una audiencia pública en en rechazo al proyecto que tuvo media sanción en la Cámara baja que declara la educación como servicio esencial, para que se garanticen las clases los días de paro.

Estuvieron presentes Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Christian Castillo y Nicolás del Caño, quienes fueron acompañados por la exlegisladora Myriam Bregman y varias docentes.

Con relación a la audiencia, Del Caño señaló que “estamos apoyando a la docencia contra esta mal denominada esencialidad educativa que lo único que busca es cercenar el derecho a huelga y la protesta de la docencia de todo el país, que tiene salarios magros de 450 mil pesos, de 500 mil pesos, mientras los senadores se han aumentado sus dietas en 9 millones de pesos, o mientras el ñoqui de Adorni gana 5 millones de pesos”.

“Tenemos docentes que son pobres y que reclaman no solamente por sus salarios, por sus condiciones laborales, sino también por la infraestructura escolar, por las viandas miserables que le dan a los pibes y que tienen que hacerse cargo de toda la crisis social que llega a las escuelas”, agregó el diputado.

Del mismo modo, anticipó que “vamos a un gran plan de lucha en contra de esta mal llamada esencialidad educativa para garantizar el derecho a la educación pública de todas nuestras niñas y niños”.

Por  su parte Castillo indicó en la apertura del encuentro que “lo primero que tenemos que ver es que estamos en el medio de una lucha, porque lo que se votó la semana pasada en Diputados es una media sanción, falta el Senado y lo que pueda pasar en otras instancias, porque esta iniciativa puede ser impungada”. “Sabemos que hay resoluciones, como de la Organización Internacional del Trabajo, como de Cámara Nacional del Trabajo y hasta de la Corte Suprema de la Nación que señalan que la categoría de servicio esencial estratégico no puede ser aplicado a la educación”, consideró el diputado y docente universitario.

En el final cargó contra el Gobierno nacional y los bloques dialoguistas: “Buscan defender los derechos de las niñeces, una hipocresía, una caradurez porque quienes están todos los días sosteniendo la educación los docentes, no los funcionarios que cubran sueldos suculentos y quieren limitar los reclamos docentes”.

Diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el socialismo, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal presentaron una nota a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la próxima semana convoque a periodistas que fueron agraviados y se traten expedientes relacionados. 

La nota, encabezada por el vicepresidente primero, Christian Castillo (FIT), pide que se cite a periodistas que han sufrido agravios, ataques e intimidaciones en los últimos meses, y a quienes fueron reprimidos durante las manifestaciones en contra de la Ley de Bases y otras protestas públicas. También, a los trabajadores de Télam y otros medios públicos, a representantes de FOPEA y de todo el país. 

Los opositores cuestionaron que la comisión no se reúne desde su constitución, el pasado 25 de abril. “Nos parece deliberado y por eso estamos exigiendo a la comisión que se reúna y cite a los periodistas afectados, en un marco de crecientes ataques del Poder Ejecutivo a cualquier periodista que emita una posición crítica o que al presidente no le guste. Y cuando hemos visto represión a periodistas y reporteros gráficos que estaban cubriendo las manifestaciones contra la Ley Bases y cuando están amenazados los medios públicos”, señaló Castillo. 

En tanto, los proyectos que solicitan tratar están referidos a la agencia de noticias Télam; el canal Diputados TV; la “persecución penal” del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra Nancy Pazos y Sergio Darío Villarruel; pedido de informes al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las acreditaciones de prensa en Casa Rosada; y un repudio por las expresiones del presidente Javier Milei contra las periodistas Silvia Mercado, Luisa Corradini y María O’Donnell. 

Mientras el presidente sigue atacando a cualquier periodista que le haga una crítica y Bullrich justifica las represiones a quienes cubren manifestaciones, la Comisión de Libertad de Expresión de @DiputadosAR sigue sin reunirse. Presentamos nota de integrantes de la comisión de… pic.twitter.com/WcrB2tk9M9

— Christian Castillo (@chipicastillo) July 9, 2024

Ante la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, y de cara a la movilización que se prepara para el próximo 23 de abril, el diputado nacional Christian Castillo (PTS-FIT) presentó un proyecto de ley que propone declarar la “Emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024".

La iniciativa "apunta a quebrar el ahogo presupuestario del Gobierno y garantizar el financiamiento necesario para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país”, explicó el bonaerense, que fue acompañado en la propuesta por sus pares de bloque.

Además, agregó que el proyecto “establece algo elemental: un aumento de al menos el 300% del presupuesto anual vigente, que tiene en cuenta la inflación que hubo desde que se congeló el presupuesto para este año, y con partidas destinadas a cubrir la totalidad de los gastos salariales, generales y de funcionamiento que tiene cualquier universidad pública”. “Es una medida básica para que la educación superior estatal siga siendo pública, laica y gratuita, y salga del ahogo al que quiere someterla el gobierno de (Javier) Milei”, remarcó.

Asimismo, el legislador denunció que “mientras apunta a la reducción del gasto público que reclama el Fondo Monetario Internacional, y sigue pagando la deuda que dejaron todos los gobiernos anteriores, el gobierno de Milei hace peligrar la continuidad de 2 millones de estudiantes, el desarrollo y la investigación en ciencia y técnica, el poder de compra de los salarios de docentes y no docentes y, de conjunto, el funcionamiento de las universidades nacionales. Es inadmisible". "Mientras acompañamos activamente la organización de la comunidad educativa, nos comprometemos a pelear para que este proyecto se trate de inmediato en el Congreso Nacional”, agregó.

Finalmente, Castillo destacó que el proyecto “debe entenderse como parte de la pelea por derrotar el conjunto del plan de ajuste del Gobierno nacional, que incluye la nueva versión de la ley ómnibus, apoyada -entre otros- por una mayoría de los parlamentarios radicales; y la pelea por la nulidad del nefasto DNU 70/23, que ha permitido los brutales aumentos en alimentos, medicamentos, combustibles, alquileres y prepagas, que también afectan directamente el acceso al derecho a enseñar y aprender”.

El diputado nacional Christian Castillo, autor del dictamen de minoría del Frente de Izquierda, planteó que son “parte de quienes enfrentamos el plan motosierra de Milei”, y chicaneó: “Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte del Gobierno”, y calificó la iniciativa de “mamarracho”.

En su disertación, Castillo expresó: “Venimos de varios días donde hemos visto un espectáculo bochornoso. No solo por todas las violaciones al reglamento de la Cámara y hasta el propio texto constitucional que ha ocurrido con el tratamiento de esta ley. Hemos visto a los gobernadores negociando con el Gobierno cómo querían repartirse el botín del Fondo de Garantías de los Jubilados una disputa que parece que entró en una tregua”.

“Hemos escuchado, para justificar el apoyo a este mamarracho que es la ley ómnibus, decían que había que votarla porque había un sector de la oposición que se autodefinían como responsables. Yo me pregunto si escucharon a Milei hablar en Davos, donde dijo uno de los discursos más cavernícolas de toda la ultraderecha”, cuestionó.

El diputado de izquierda preguntó: “Quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo y que vienen por el aborto, a este Gobierno que quiere imponer un estado policial, que quiere borrar los derechos de la clase trabajadora, que dice que el cambio climático es un invento que hicimos los socialistas”.

“No van a votar porque son responsables, la única actitud mínimamente responsable frente a este Gobierno, el DNU, esta ley, el ajuste es enfrentarlo con toda la fuerza en este Parlamento y en las calles”, se diferenció y chicaneó: “Van a votar porque son todos unos gatitos del poder económico porque van a votar porque se los manda la EA que nuclea a los grandes empresarios del país, porque se los pide el FMI y la Embajada norteamericana”.

“Van a votar una ley que es una impostura desde su título, desde su presentación hasta los últimos artículos. Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte de un Gobierno que nos pone como modelo el agroexportador donde unos pocos se llenan los bolsillos”, lanzó.

Para Castillo: “Acá están apoyando un proyecto que sostiene que su modelo de país es que las huelgas van a las páginas policiales, donde cualquier protesta terminaba con la policía baleando a los manifestantes”, e ironizó: “Si un profesor lo escucha a Milei le diría ‘alumno, menos Twitter y vaya a leer un libro que no muerde’”.

“Esta ley agudiza las condiciones de dependencia y atraso que se vienen profundizando desde la dictadura, agravando la pobreza, para que el país sea una suerte de factoría, con un saqueo de nuestros bienes y recursos”, cerró.

Su compañera de bloque, Romina Del Pla afirmó que “esta ley es parte de un plan de guerra contra los trabajadores. La rechazamos de plano y de conjunto, antes y después de la caída del paquete fiscal, lo cual también es mentira porque se roban de un plumazo u$s 37500 millones del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados”.

“La disputa que llevó a este dictamen amputado que se firmó en blanco, es para ver cómo los distintos sectores patronales y los gobernadores, que son lobbystas de esas patronales, se reparten el botín del Rodrigazo, de la devaluación, del tarifazo”, expresó.

Asimismo, señaló que “con la consolidación de deuda pública del FGS, también se cae el discurso de los gobiernos kirchneristas sobre que no importa la deuda intraestado. Acá se revela en que consistió el mito del desendeudamiento k, vaciar de dólares el ANSES y llenarlo de una deuda que ahora se netea, Milei viene a completar el saqueo que se llevó adelante durante años”.

“Esta ley tiene una coherencia interna: a los empresarios todo, a los trabajadores ni justicia”, aseguró.

Por último, refirió que “esta ley es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita: aumentos salariales, paritarias y recomposición de las jubilaciones e ingresos populares. No seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU y el protocolo represivo. No le cedemos una sola emergencia como no se la votamos a ningún otro gobierno”.

En la parte final de la extensa jornada en la que se discutió sobre la ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado Christian Castillo quiso hacerle al ministro de Justicia una pregunta que Mariano Cúneo Libarona contestara en ese momento. No fue posible, porque el presidente del plenario le aclaró que debía esperar a que a la hora de las respuestas, el funcionario le sacara su duda. Que no era otra que saber “si él o gente de su entorno participó alguna vez de una movilización donde se cortó la calle”. Quería la respuesta para continuar con su argumentación, por cuanto sostuvo que “él afirmó algo que es absolutamente falso, que una persona que corta una calle está cometiendo un delito, es decir que es un delincuente”.

Luego abundó contando que él mil veces fue a marchas y que nunca le pasó nada. Pero a la hora de las respuestas, el ministro de Justicia fue taxativo: “Yo nunca corté una calle, ni participé de una manifestación en la calle; yo siempre trabajé , no tuve tiempo para ir a cortar calles, tenía que trabajar para pagar el colegio de los chicos”.

“Y tenemos una visión de la atipicidad bastante distinta. La atipicidad es la adecuación de una conducta a una figura legal. A mi juicio, con todo respeto, usted confunde lo que es el derecho a la protesta y la manifestación, con lo que yo consideré el derecho a huelga, que es lícito, con lo que es la perturbación, entorpecimiento, cortar una calle, amenazar, dañar y las distintas conductas punitivas que se prevén, por eso en cuanto a temas de tipicidad, con todo respeto, diputado Castillo, yo no voy a discutir con usted; lo invito, hay libros de autores de Derecho Penal parte especial, que prevén la descripción de las conductas del artículo 194 y a ellas me remito”.

Luego de protagonizar un fuerte cruce con José Luis Espert tras ser ungido titular de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), denunció que lo “ponen para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus”, y señaló que la designación “es totalmente irregular”.

En diálogo por la AM 990, el diputado de izquierda expresó: “Parece una monarquía. Él es cuestionado por ser parte de un monobloque y tendría que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuesto y puedan darle la presidencia”.

“Nosotros hicimos el cuestionamiento porque el viene de hace semanas de pedir cárcel o bala para Myriam Bregman y Nicolás del Caño y fuñimos más de 30 diputados que presentamos y firmamos una declaración de repudio a las expresiones de Espert que, lejos de haberse retractado, cada vez que va a un canal de televisión reafirma lo que dice y trata de delincuente a todos los diputados que no piensan como él y dice que hay que meterles bala de plomo, de goma, taser o gas pimienta si cortan una calle. Incita a las fuerzas de seguridad a ejercer la violencia física sobre adversarios políticos y a gente paraestatal. Es algo grave más en un país donde hubo un atentado contra la exvicepresidenta”, explayo en su denuncia.

Castillo explicó: “Como miembro de la comisión quería impugnar la propuesta de Espert a la presidencia y como esto iba a ser apoyado por otros diputados hicieron una suerte de no votación porque no se contaron los votos, no se hizo el procedimiento y de ahí Espert le negó la palabra a cualquiera nadie pudo hablar, esto es una barbaridad, es totalmente irregular porque a ningún diputado se le puede negar la palabra en comisión y vamos a cuestionar ese lugar de Espert que ellos ven como legítimo el trámite”.

Para el legislador “lo ponen para tratar de limitar  la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus que es un capítulo de terror de esta obra que empezó hace 25 días Javier Milei en el gobierno que tiene la devaluación en primer acto, el DNU en el segundo y ahora la ley ómnibus que son todas medidas de transferir ingresos de trabajadores y jubilados hacia el capital más concentrado, negocios par empresarios, hay artículos que parecen escritos por esas empresas para ser favorecidas en determinados negocios y saqueos en bienes naturales”.

“No hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer y concentración del poder en el Ejecutivo si se votase la ley y el DNU, porque sería el cierre del Congreso por la delegación de facultades que pide e instalar un Estado de sitio donde dos o tres personas si quieren estar en la calle tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y ellos autorizar o no”, denunció.

En ese sentido, reiteró: “Esto es una barbaridad y cada vez más crece la oposición en las calles a esta política y el 24 de enero vamos a ser muchos en la movilización y paro convocado por la CTA y la CGT y vamos a demostrar muy importante del descontento”.

“Ayer fue una imposición muy irregular, con mucha gravedad porque se negó la palabra y el debate sobre quién tenía que presidir la comisión porque algunos estaban a favor y otros en contra. A quienes estaban a favor les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado”, disparó y planteó que “por la cantidad de temas que abarca la ley debería ser enviada a mínimo 23 comisiones y están pretendiendo tratarla solo en 3 o 4. Cómo va a ser eso no se sabe porque nunca llamaron a una reunión de presidentes de bloques para discutir cómo sería la mecánica y lógica del tratamiento”.

“No creo que nadie vaya a levantar la mano para aprobar a libro cerrado una ley que tiene más de 650 artículos, que son muchas leyes dentro de una que requiere discusión donde hay oposición a núcleos clave como por ejemplo la delegación de facultades, la eliminación de ley de bosques, ley de tierras”, opinó y adelantó: “Vamos a ser muchos los que nos vamos a oponer. A partir del 23 de enero los diputados podemos pedir una sesión especial para tratar el DNU pese a que no se haya conformado la comisión Bicameral para derogarlo e impulsar el rechazo. Es totalmente irregular”.