Un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado arrancó este miércoles con el debate de distintos proyectos, presentados tanto desde la oposición como del oficialismo, para establecer un sistema equitativo de distribución de los subsidios al transporte en todo el país. 

Dadas las coincidencias entre las iniciativas, los legisladores se mostraron a favor de avanzar en un dictamen unificado. Todos coinciden, entre otros puntos, en fijar como criterios para el reparto el parque móvil, los agentes computables y los kilómetros recorridos. 

Al concluir el encuentro se aclaró que se irá trabajando el texto en asesores, mientras que se convocarán al debate a los funcionarios del Ministerio de Transporte y a representantes de COFETRA. 

Autor de uno de los proyectos, arrancó con las exposiciones el salteño Sergio “Oso” Leavy (UC-FdT), quien resaltó que se trata de “un tema sumamente importante” propiciar “una reforma, un cambio en el sistema de subsidios al transporte” que actualmente “llega a las capitales y después al interior con mucha desigualdad”. En ese sentido, recordó que antes de la última actualización de tarifas en AMBA, mientras el boleto mínimo costaba 18 pesos en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, en Salta Capital era de 41 pesos y en la localidad de Tartagal, “el lugar más pobre”, era de 90 pesos. 

En ese sentido, subrayó la necesidad de establecer un “coeficiente relacionado con la densidad poblacional”, porque “si hay una empresa de transporte en un pueblo pequeño seguramente necesita más subsidios” que aquella que opera en un lugar con muchos pasajeros. 

Al hacer un repaso histórico, el oficialista señaló que el sistema de reparto “comenzó muy bien, era equitativo”, pero con el tiempo “se fue concentrando con un laberinto de resoluciones y terminó beneficiando al AMBA”. Además, apuntó que en diciembre de 2019 “las provincias quedaron afuera del SISTAU” (Sistema Integrado de Transporte Automotor).

En su alocución, Leavy apuntó que “en el año 2021, a través de los diversos mecanismos, se distribuyeron 133 mil millones” de pesos en subsidios, de los cuales “al AMBA le correspondieron 102 mil millones, el 77%”. “Me parece una injusticia de toda forma. Es una ofensa que esto esté ocurriendo”, sostuvo y reclamó volver “al SITSTAU porque es un sistema que cuando comenzó, comenzó bien”. 

A su turno, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) consideró que este es “un debate absolutamente necesario” y manifestó su “esperanza de que pueda salir y llegar a un dictamen común” ya que las iniciativas presentadas “son prácticamente similares”. “No es sacarle a uno para darle a otro”, aclaró, sino de tener “un sistema de transporte público de pasajeros que tenga una distribución justa, equitativa, como debe ser en un país federal”. 

Autor del proyecto firmado por Vigo y la tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC), el senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC), expresó que “habitualmente se relegan temas estructurales para tratar temas coyunturales”, mientras esta cuestión “recorre la vida cotidiana de buena parte de los argentinos”, porque se trata de “un servicio público masivo”. “Los tres proyectos tienen un altísimo consenso, hay diferencias menores al respecto”, indicó el mendocino, por lo que opinó que “no debería tener grandes dilaciones el tratamiento de este proyecto”. 

El jefe de la principal bancada opositora remarcó que este tema “no nació de la nada”, sino que “nuestro desorden macroeconómico, que lleva un par de décadas, ha generado condiciones para estas distorsiones”. 

Así, compartió conclusiones realizadas por el COFETRA (Comité Federal del Transporte), que precisan que en el interior los usuarios costean -en promedio- un 32% de la tarifa, mientras que en el AMBA es un 19%. Además, el AMBA tiene “un 80% del costo del sistema subsidios nacionales”, mientras que en el interior es del 28% y “en algunas provincias es menor”. 

Cornejo detalló que “por cada peso que se destinó al interior en 2021, el AMBA recibió 3,37 pesos” en subsidios; mientras que “por cada coche de AMBA” se destinaron “por mes 1.425.000 pesos” y para cada unidad del interior fueron 272.000 pesos. “Es abrumador”, enfatizó. 

El senador dijo que esta cuestión “se agravó en los últimos años, pero viene de hace muchos años”. Y recordó que en el Pacto Fiscal de 2017 se acordó “ir eliminando los subsidios e ir haciéndose cargo las provincias; orgulloso de ese planteo para ir saneando la economía” pero como contraparte el Gobierno nacional “debía dejar de financiar a AySA en el 2019; y a Edenor y Edesur le daba las competencias de distribución”. También, de acuerdo a ese documento, “en el 2021 entrabamos a un régimen de subsidios nacional distribuido más o menos como están proponiendo estos tres proyectos”, pero ese Pacto “se suspendió en 2019 con bombos y platillos” y ahora “se sigue subsidiando a AySA, Edenor y Edesur, y el transporte público ve cada vez más reducidos sus subsidios”.  

En defensa del proyecto presentado junto a su par Rubén Uñac, la senadora Cristina López Valverde (FNyP-FdT) habló de “una realidad que nos pega fuerte” al señalar que por mes el AMBA recibe en subsidios “26 mil millones de pesos”, mientras que las provincias en su conjunto reciben “3.500 millones de pesos”. “Se da una situación de asimetría y esto provoca la injusticia y la ineficiencia del transporte público, además de estar muy lejos de ser federales”, manifestó. 

Al mencionar que el Presupuesto 2023 contempla unos 85 mil millones de pesos para este área, la sanjuanina estimó que “los problemas van a seguir”, por eso se necesita “una ley que ordene una distribución equitativa”. 

La oficialista explicó que la falta de transporte o el alto costo de éste en el interior, “afecta otros derechos, el de la salud, el de la educación, el del trabajo”, ya que, por ejemplo, un empleado de comercio -por las condiciones climáticas- debe viajar cuatro veces al día y eso “afecta al salario”. 

“No arreglar esto significa dejar crecer potenciales conflictos”, advirtió, al tiempo que reveló que en su provincia “ha habido una renovación importante de las unidades” pero “quienes han invertido quieren la correlación con el boleto”, además de que “los choferes tienen sus paritarias”. 

En el encuentro también expuso Natalio Mema, secretario de Transporte y Servicios de Mendoza, quien se mostró a favor del proyecto presentado por Cornejo, ya que fue “consensuado con todas las provincias” y “no es en contra de nadie”, sino que busca implementar criterios “que vienen a generar equidad y dar mejores condiciones de vida”. 

El funcionario provincial denunció que en el año de la pandemia (2020), en AMBA “la frecuencia no se disminuyó ni una hora” y “se hacía circular a todos los colectivos igual a antes del aislamiento”, mientras en las provincias había “trabajadores esenciales que se habían quedado sin servicio”. Además, ese año “el 45% de la flota se puso a 0 kilómetro” cuando “en todas las provincias estábamos haciendo equilibrios”. 

Sobre esto, el senador Leavy expresó: “Es muy grave lo que acaba de decir que durante la pandemia todos los colectivos estuvieron trabajando, porque la gente no se movilizaba. Hay errores muy graves, muy cerca del delito”. Y pidió “investigar este tema” de “la compra de unidades”. 

En el tramo final, la presidenta de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FNyP-FdT) subrayó que “todas las provincias tenemos realidades totalmente diferentes, no solamente territorialmente, sino institucionalmente con respecto a los tratamientos de las líneas municipales, interurbanas e interprovinciales”. 

“Una de las grandes aristas es el tema de las paritarias que afecta directamente a los gobiernos provinciales que son los que las deben afrontar”, agregó, y defendió la importancia de escuchar la voz de las provincias porque “los gobiernos provinciales son los que conocen su parque automotor y los que tienen una evaluación y un diagnóstico exacto de la problemática”. 

Por su parte, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), abogó por “una discusión amplia donde todos estén presentes”. “Hay que escuchar, más allá de que se comience a consensuar un solo proyecto, algo que me parece saludable, a todos los actores, no solo de las provincias sino también Nación”, insistió. 

Para el riojano, “el servicio público es algo que debe ser subsidiado” y “el subsidio tiene que ser a la demanda y no a la oferta; para eso se van a necesitar medios electrónicos, será la tarjeta SUBE o alguna por el estilo, pero es fundamental que el esfuerzo que haga el Estado sea hacia las personas y no hacia las empresas, porque así se pueden evitar las distorsiones”. 

La inequidad en el reparto de los subsidios al transporte entre el AMBA y el resto del país es un tema de discusión todos los años, pero este en particular tuvo singular centralidad.

Más allá de la partida que se consiguió para el Fondo de Compensación en el Presupuesto 2023, de unos 85 mil millones de pesos como “piso”, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición reclaman establecer un mecanismo ordenado, en base a ciertos criterios.

Esa discusión se dará el próximo miércoles, a partir de las 10, en un plenario que realizarán las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado, ambas presididas por el oficialismo.

El temario incluye tres proyectos. En orden, de acuerdo a su fecha de presentación, se encuentra la iniciativa encabezada por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.

El proyecto, presentado en mayo pasado, dispone la creación en todo el territorio de la Argentina del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, que alcanzaría tanto a líneas urbanas como suburbanas del país.

Para el reparto de los recursos fija criterios tales como unidades computables, agentes computables y kilómetros recorridos.

Otra de las iniciativas es la de los senadores oficialistas Rubén Uñac, Cristina López Valverde y Pablo Yedlin, que propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.

Al igual que el proyecto de los opositores, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.

En el mismo sentido que los dos anteriores avanza el texto impulsado por otros senadores oficialistas, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro. En este caso habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina (REFECOT)”.

Luego del plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda analizará un proyecto del radical Víctor Zimmermann sobre una modificación a la ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

La inequidad en el reparto de los subsidios al transporte entre el AMBA y el resto del país es un tema de discusión todos los años, pero este en particular tuvo singular centralidad.

Más allá de la partida que se consiguió para el Fondo de Compensación en el Presupuesto 2023, de unos 85 mil millones de pesos como “piso”, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición reclaman establecer un mecanismo ordenado, en base a ciertos criterios.

Esa discusión se dará el próximo miércoles, a partir de las 10, en un plenario que realizarán las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado, ambas presididas por el oficialismo.

El temario incluye tres proyectos. En orden, de acuerdo a su fecha de presentación, se encuentra la iniciativa encabezada por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.

El proyecto, presentado en mayo pasado, dispone la creación en todo el territorio de la Argentina del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, que alcanzaría tanto a líneas urbanas como suburbanas del país.

Para el reparto de los recursos fija criterios tales como unidades computables, agentes computables y kilómetros recorridos.

Otra de las iniciativas es la de los senadores oficialistas Rubén Uñac, Cristina López Valverde y Pablo Yedlin, que propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.

Al igual que el proyecto de los opositores, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.

En el mismo sentido que los dos anteriores avanza el texto impulsado por otros senadores oficialistas, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro. En este caso habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina (REFECOT)”.

Luego del plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda analizará un proyecto del radical Víctor Zimmermann sobre una modificación a la ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

El Senado continúa a paso firme con la conformación de comisiones, retrasada para el comienzo del año parlamentario, pero no al nivel de lo que ocurre en la Cámara de Diputados.

A las 11 comisiones que ya hay constituidas (son 27 en total), se sumaron este miércoles dos más: Infraestructura, Vivienda y Transporte; y Minería, Energía y Combustibles.

La primera reunión que se realizó en el Salón Illia fue para elegir las autoridades de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que continuará en manos de la formoseña Teresa González (FdT), mientras que en la vicepresidencia resultó designada la mendocina Mariana Juri (UCR). El santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) será el secretario.

Tras agradecer haber sido reelecta, González señaló que esta comisión “como nunca adquiere una verdadera y justa trascendencia, tanto en la situación que está viviendo nuestra patria como la que está viviendo el mundo entero”. “La infraestructura, el transporte, son ejes fundamentales en materia de desarrollo de todos los pueblos”, agregó.

“Enfrentamos un desafío muy importante para todas las provincias, para todas las regiones”, expresó la oficialista y abogó por tratar proyectos que contribuyan “a una Argentina más inclusiva y más grande para todos y todas”.

Por su parte, Juri afirmó que “tenemos que ser capaces entre todos de encontrar ejes comunes”. “El tema de la federalización de los fondos públicos para los tres temas que convocan a esta comisión” es una de las cuestiones a tratar, consideró, como también “la grave crisis de política aerocomercial”.

En tanto, Lewandowski señaló que la comisión “tiene aspectos que para quienes representamos a las provincias son fundamentales”. En esa línea, sobre transporte, mencionó “la lucha que se viene dando por los subsidios” y las diferencias que existen entre el AMBA y las provincias. Y pidió “poner esas diferencias sobre la mesa para ser un país federal e igualitario”.

Asimismo, el oficialista resaltó que “la vivienda es una de las grandes deudas que tiene la democracia” y, en cuanto a la infraestructura en general”, apuntó que la pandemia puso al descubierto las dificultades en cuanto a la conectividad en la totalidad del país.

La comisión está integrada por los senadores del Frente de Todos Teresa González, Ana María Ianni, Carlos “Camau” Espínola, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Mariano Recalde, Maurice Closs y Marcelo Lewandowski.

Mientras que por Juntos por el Cambio se encuentran Beatriz Ávila, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Pablo Blanco, Alfredo De Angeli, Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff. También son miembros las monobloquistas Clara Vega y Magdalena Solari Quintana.

Minutos después se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que también tendrá al mismo presidente que estuvo durante los dos años anteriores: el sanjuanino Rubén Uñac (FdT). En tanto, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) será vicepresidente y la neuquina Silvia Sapag (FdT), secretaria.

Al tomar la conducción de la reunión, Uñac agradeció a su bloque “por la confianza y la ratificación. Para mí es un grato honor presidir esta comisión”. “Espero que podamos trabajar en la generación de consensos y de esta manera emitir los mejores dictámenes”, expresó.

Fama aseguró que en su provincia “la minería es un hito fundamental” y “estamos viviendo un momento muy especial”, por eso “es importante para nosotros estar discutiendo” estos temas. También abogó por “los consensos que son tan necesarios para temas tan importantes del país”.

En la misma línea, Sapag apuntó a sacar “leyes que sean beneficiosas para toda la Nación, no solamente para Neuquén” y que “tengamos un buen desarrollo de la industria porque hay una buena legislación”.

Por el oficialismo integran la comisión Rubén Uñac, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, José Mayans, Sergio “Oso” Leavy, Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Guillermo Snopek y Carlos Linares.

Por su parte, por Juntos por el Cambio fueron nombrados Eduardo Costa, Humberto Schiavoni, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Gladys González, María Belén Tapia, Lucila Crexell y Flavio Fama. La nómina se completa con el rionegrino Alberto Weretilneck.

Durante una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara alta que se realizó de forma remota este miércoles, se avaló el proyecto de la senadora Inés Blas (FdT – Catamarca) que busca declarar de interés nacional un corredor bioceánico ferroviario del Noroeste Argentino que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico.

Blas explicó que los proyectos de su autoría “apuntan a un único objetivo que refiere a la mirada del Congreso a que considere de importancia estratégico el corredor bioceánico ferroviario NOA-Centro como una herramienta para promover el desarrollo y fortalecer las economías regionales de un vasto sector”.

“Cada proyecto busca promover la puesta en marcha del corredor y reflejan tres momentos de esa búsqueda. Los presenté oportunamente cuando esos acontecimientos tuvieron lugar. Declarar de interés nacional al propio corredor bioceánico ferroviario, creo que en el extracto esta dicho cuál es el interés que nos mueve. Declarar de interés el memorándum suscripto por las provincias argentinas”, añadió.

Y destacó: “Dada la importancia que tienen los mercados asiáticos en la actualidad y representa un alto porcentaje en la economía mundial porque lo que el corredor bioceánico constituye, sin lugar a dudas, una obra fundamental que permitirá proyectar un plan estratégico y sostenible que impulse la economía”.

“Empresarios y autoridades de China han demostrado su predisposición a realizar una inversión en infraestructura y la explotación en una red ferroviaria de las provincias que concluirán en Tinogasta que se va a construir otro tramo hacia el Océano Pacifico”, comentó la senadora.

A su vez, señaló: “Si lo analizamos en profundidad estamos frente a una reparación histórica porque los ferrocarriles ayudaron a Catamarca, pero en 1978 en pleno proceso militar se levantó. Ahora necesitamos que se ponga en valor, que se reactiven las vías férreas desde La Rioja hasta Catamarca y desde este último punto hay un tramo aprobado por ley que nunca se construyó que va hasta Chile”.

Entre los beneficios Blas detalló: “El corredor prevé aprovechar las ventajas de la Costa de Atacama en Chile para exportar producción del NOA hacia el continente asiático. De acuerdo a los estudios el tren transandino no requiere de inversiones extraordinarias, posibilitaría con obras sencillas superficiales a través de trenes de carga la conexión entre Catamarca y Chile. Disminuye los costos logísticos si se exporta por dichas vías, los ahorros se reducirían entre 10 a 15 días de navegación, el mercado de oriente genera muchas expectativas.

“Este paso significa un gran beneficio en ahorros de 7 a 10%, no se contempla la demanda creciente de productos y que no haya salida al Pacífico que tenga que ver con el ferrocarril”, se lamentó la legisladora catamarqueña. “Es la oportunidad histórica que Argentina tiene para canalizar una vasta cantidad de productos y llegar a más mercados y que muchas provincias tengan salida al Océano Pacífico”, ratificó.

Por consiguiente, hizo uso de la palabra el legislador mendocino Julio Cobos (UCR) quien manifestó: “Creo que podemos comunicar todos los puntos para abrir argentina al exterior. Hay ahorros logísticos por el tiempo que demoran las embarcaciones porque se tienen que ir por el sur”, y recordó la historia de la lucha por el corredor: “Son proyectos que llevan años y cuesta mucho financiar. Cuando fui gobernador apoyé la iniciativa de recuperar el corredor de Mendoza, pero lo cierto es que quedó ahí porque requería mucha inversión en dólares. No quiero arrojar cifras, pero son más de 2mil millones de dólares, no es que no estoy de acuerdo, quiero que se ejecute”.

“Me gustaría que el memorándum tenga aval de la Nación que lo empodere”, consideró el radical y agregó: “Llevamos años sin poner en marcha la extensión de vías. El país necesita unir las capitales, pero no tenemos el corredor de Córdoba, de Santa Fe ni Buenos Aires”.

Por su parte, la senadora Norma Durango (FdT – La Pampa) expresó su apoyo al proyecto y coincidió con las palabras de Cobos porque “trabajamos por el paso Pehuenche” y reconoció que muchas regiones “necesitan estos pasos que son imprescindibles para que los productos puedan llegar a otros países”.

“Son necesarios para reactivar la economía, pero también sé lo caros que son y el poco presupuesto que tenemos para poder ponerlos en marcha. Se la importancia que tiene el tren en provincias que tienen rutas poco viables”, precisó Durango y reiteró su apoyo.

La neuquina Silvia Sapag (FdT) consultó sobre el alcance del proyecto porque “estamos desarrollando un corredor también, va desde el puerto de Bahía Blanca hasta el de Concepción, pasando por Neuquén”.

Por su parte, María Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) realizó un reclamo: “Aspiro que el año que viene podamos todos representar a las provincias de la misma manera, entonces con un Senado más democrático y federal todos los proyectos que se presentan serán bienvenidos y tratados como corresponden”.

“En ningún momento se hizo referencia a este doble discurso que tiene Argentina en las relaciones internacionales especialmente con lo mal parado que quedamos con las declaraciones de nuestro embajador en Chile que, lejos de respetar la investidura, tuvo declaraciones no apropiadas para el que salió ganador en ese país. Entonces creo que esto del doble discurso de aplaudir algunas cosas como es que Chile hace bien algunas cosas y se equivoca en otras y argentina debe analizar esas cosas”.

Y agregó: “Este proyecto se viene trabajando hace tiempo porque es una gran posibilidad, pero hay tantas cosas inconclusas en el país que no tenemos estos corredores especialmente el Norte Argentino que le cuesta ubicar su producción, lo que le daría una gran posibilidad. Pero tenemos que repensar cuál es nuestra matriz productiva. Estamos bregando por una inversión millonaria que no sé si algún día lo vamos a ver”.

Cristina López Valverde (FdT -San Juan) indicó: “Creo que el futuro nos marca el Pacífico como una salida comercial, turística hacia el continente asiático. Esto nos facilitaría animarnos a darles valor agregado a nuestros productos primarios hacia mercados que tienen alto grado de demanda”. Sin embargo, acompañó la duda de la senadora Sapag respecto a si se trata de “dar prioridad a un proyecto sobre otro o si es un simple deseo”. Aunque destacó que “esa salida sería como oxígeno a la economía del país”.

Por lo tanto, Blas aclaró que “con estos proyectos no comprometemos presupuesto de ninguna índole, es solo una declaratoria. No genera ningún tipo de priorización la puesta en marcha el corredor. No es solo un sueño, venimos trabajando para que esto sea una realidad concreta en una interacción constante de Atacama en Chile y con voluntad de que se concrete. El gobernador ha denominado a la concreción del corredor ferroviario bioceánico como la esperanza para la región”.

A su vez, se molestó con el comentario de la senadora Vega: “Me parece fuera de lugar y una falta de respeto el comentario de si lo aprobamos sólo para darme el gusto”, y ratificó: “Estamos tratando declaratorias de interés. Aprobar una declaratoria no significa que el Gobierno va a priorizar una obra en una provincia”.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura María Teresa González (FdT – Formosa) reflexionó: “En la República Argentina hay varios pasos a través de la Cordillera de los Andes, pero es importante destacar que las regiones y las diferentes provincias que componen nuestros pasos han venido trabajando de forma intensa para lograr que se concreten los pasos en obras en infraestructura y en intercambio económico”.

En tanto, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores Adolfo Rodríguez Saá (FdT – San Luis) consideró que del debate surge que “hay varios lugares que son de interés, se viene discutiendo y trabajando desde hace años. Tenemos que trabajar para que todos los pasos se hagan realidad, no es poner uno sobre otro”.

Finalizado el plenario, se dio dictamen al acuerdo con los Emiratos Árabes y a distintos proyectos de ley de declaración.

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado rindió homenaje a Mario Meoni este martes, en una reunión virtual en la que también ratificó a sus autoridades.

Continuará en la presidencia María Teresa González (Frente de Todos-Formosa), en la vicepresidencia María Clara Vega (Interbloque Federal-La Rioja), y en la secretaría Mariano Recalde (Frente de Todos-CABA), por unanimidad.

El senador Maurice Closs (Frente de Todos-Misiones) fue el encargado de arrancar con el homenaje a Meoni, aunque luego más senadores se sumaron.

“El homenaje es para Mario Meoni, nuestro ministro de Transporte hasta hace unos días”, inició el legislador misionero, que calificó a Meoni como un hombre “honesto, trabajador, comprometido. Una persona que además siempre ha sido un hombre de concertación y de diálogo” y “un hombre que además era de tierra adentro, del interior de la provincia de Buenos Aires”. Concluyó al manifestar una “tristeza inmensa por tan temprana pérdida”.

El senador Julio Cobos (UCR-Mendoza) se sumó al recuerdo de Mario Meoni. “Fue un amigo personal, que me acompañó mucho”, aseguró. El mendocino contó que “Mario tenía dos obsesiones” una de las cuales era “la doble vía de Junín o autovía de Buenos Aires a Junín, porque había muchísimos accidentes, y él en representación de su pueblo homenajeaba con el reclamo permanente a quienes representaba. Y bueno, lo logró”.

Por otra parte, durante el encuentro, la vicepresidenta de la comisión se quejó por “la falta de diálogo y de comunicación” durante el año pasado y pidió que “para este año tengamos un trabajo mancomunado que nos lleve a las mejores decisiones con respecto a los proyectos”. Entre una de sus mayores preocupaciones, expresó: “Nuestra traza vial continúa como hace 30 o 40 años atrás”.

Vega también advirtió a la ciudadanía que “cuando reclama el papel de la oposición sepa que somos minoría en esta cámara, en el Congreso de la Nación en su totalidad y que, en muchos casos, los pedidos de informes, todas las cosas o los proyectos que nosotros presentamos tiene que ver con esa decisión que toma hoy la mayoría parlamentaria”. 

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, el senador José Mayans, aprovechó la ocasión para recordar algunos de los temas más importantes que se encuentran en la agenda de la comisión.

“Ustedes saben que se tuvo que trabajar mucho en el tema de los hospitales en esta emergencia tan dura por la que estamos pasando y acompañar a todas las provincias en el tema de los hospitales y dotarlos de toda la infraestructura correspondiente”, mencionó en primer lugar. El formoseño también mencionó las cuestiones del nuevo programa del Gobierno sobre viviendas y la Hidrovía Paraná-Paraguay. 

Al final de la reunión, la presidenta de la comisión anunció que se convocarán a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), quienes “no fueron el año pasado entrevistados, y no tuvimos esos encuentros que realmente son muy fructíferos”.

La formoseña anticipó una “agenda intensa” por delante, dado las “muy diferentes las temáticas que vamos a tratar”, además de aquellas a las que se les dé “prioridad en esta coyuntura”.

Uno de los temas que mencionó, en consonancia con su comprovinciano José Mayans, fue la cuestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vence el próximo viernes y a partir de la muerte de Mario Meoni se encuentra postergado el proceso de licitación.

González indicó que sobre este tema “se viene trabajando” y existen “distintas iniciativas por parte de diferentes senadores”, por eso “está previsto ese tratamiento”. También se abordarán otros temas “que hacen al transporte fluvial, terrestre” y a “la obra pública diferenciada y correlativa con los diferentes municipios”.

Con aval unánime, las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de ley que busca incentivar la construcción privada, con el fin de reactivar el sector.

La iniciativa, que fue votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, establece una serie de beneficios tributarios y la posibilidad de un blanqueo para aquellos inversores que regularicen sus activos y destinen los fondos a proyectos de construcción.

Por el Ministerio de Economía, participó del plenario el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quien indicó que el proyecto “está orientado a atender una problemática que estamos teniendo” con el sector, que en 2018 y 2019 mostró “una caída muy importante de los empleos registrados como consecuencia de la caída macroeconómica”. En tanto, en el 2020 se sumó la pandemia, con lo cual la actividad se vio “críticamente afectada”.

El funcionario señaló que la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA, tiene como objetivo “incentivar una mayor actividad económica, pero también movilizar los ahorros de los argentinos hacia la construcción”.

“Los beneficios tienen dos grandes partes: un beneficio a los cumplidores, aquellos contribuyentes que venían declarando todos sus activos, con una exención por dos años del impuesto a Bienes Personales”, detalló, además de mencionar que se estipula “un crédito fiscal del 1% respecto a todas las inversiones realizadas”.

Arias explicó que también se elimina “una traba muy importante”, al permitir “diferir el pago del impuesto a las Ganancias al momento en que una persona que transfirió el inmueble para la construcción, por ejemplo un edificio, realmente perciba una ganancia”.

Respecto del capítulo referido al blanqueo, el secretario apuntó que podrán acogerse al régimen en “un plazo bastante corto, son 120 días a partir de la vigencia de la ley”. El blanqueo “lo orientamos con una finalidad muy especifica”, subrayó.

En respuesta a los senadores Oscar Parrilli (FdT) y Víctor Zimmermann (UCR), quienes preguntaron si hay una estimación sobre el monto que podría obtenerse a partir del blanqueo, el funcionario afirmó que “es bien difícil hacer estimaciones”. “El INDEC hace un estudio periódico sobre los fondos que están en el exterior no declarados, creo que el último dato está en el orden de los 220 mil millones de dólares”.

A continuación, Arias recordó que el blanqueo de 2016 “si se quiere fue muy exitoso en términos del porcentaje que se logró incluir”, pero “a nuestro juicio no fue bueno”, porque se trataba de “declarar los fondos pero ni siquiera había un compromiso de traerlos al país y mucho menos hacer una inversión productiva”.

Aún si se exteriorizara un “porcentaje bastante pequeño de los fondos que están hoy fuera del sistema”, para el secretario eso “significaría un impacto importante para la industria, significaría una importante creación de puestos de trabajo y, sobre todo, poner en funcionamiento esos fondos que empiezan a producir empleo y valor agregado en el país, en lugar de estar en un colchón o en un banco en el extranjero”.

“Calculando entre el 1% y 2% de los fondos que tienen los argentinos y argentinas en el exterior, ya sería un éxito muy importante para esta ley”, agregó.

En otro tramo de su exposición, el funcionario aclaró que “el objetivo de esta ley no es puntualmente recaudatorio, sino incentivar la construcción”. “Obviamente tiene impacto recaudatorio”, manifestó y resaltó que “claramente es un impuesto coparticipable, porque la ley no especifica puntualmente el destino de los fondos”.

En su intervención, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, dijo que el proyecto “es de una promoción impositiva importante en el momento que estamos viviendo” y “obedece al modelo de reactivación”. “Sería bueno tener un registro para saber cómo impacta a nivel nacional en el sentido de los empleos y las inversiones que se hacen”, consideró y sugirió que se incorpore este tema en la reglamentación, de modo de “informar al Parlamento de forma semestral sobre el impacto”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau (UCR) advirtió que “los blanqueos la verdad que son una mala experiencia en Argentina”, aunque “es cierto que de vez en cuando hay circunstancias excepcionales”, pero “Argentina vive de circunstancias excepcionales”. “Esto muestra que hay un problema más profundo y es que se sigue generando negro en Argentina a una escala muy grande”, añadió.

Además, el radical dijo que le parece “llamativo que esté solamente incluida la construcción” ya que es una actividad que “se recuperó rápido” y “hoy está por encima (de los números) de febrero de 2020”.

Hacia el final de la reunión, la titular de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FdT), ponderó que el proyecto “tiende a dar solución a problemas que aquejan al país en esta circunstancia tal especial”, al tiempo que atiende sobre “el permanente déficit de vivienda habitacional”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo: “Creo que es una muy buena ley, que permite una cosa muy importante y es que el dinero que está fuera del país pueda volver, no solo con un fin recaudatorio sino destinado a desarrollar las inquietudes y necesidades que tenemos los argentinos”.

“La ley es bastante equilibrada”, opinó el cordobés, al tiempo que aseveró que “el blanqueo siempre es injusto, pero mucho más injusto es que el evasor se quede sin ingresar nada y sin exteriorizar los fondos. Por eso me parece que la ley es un gran paso y ojalá en un futuro podamos aplicarla en otras actividades”.

Puntos centrales del proyecto

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

También en la discusión en la Cámara baja, se agregó que “a los fines de la reactivación de las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes planes o programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que los porcentajes de avance físico reales y ediliciamente aptos constituirán la base para la determinación del saldo pendiente de financiamiento para la culminación de las mismas”.

“Las jurisdicciones y entes ejecutores deberán acreditar en forma indubitada el porcentaje del avance físico reales y ediliciamente aptos de las obras paralizadas o abandonadas mediante informes técnicos emitidos con carácter de declaración jurada por profesionales con incumbencia en la materia, avalados por registros fotográficos fechados y certificados por escribano público y rubricados por la máxima autoridad de la jurisdicciones y entes ejecutores con competencia”, señala otro de los artículos incorporados a la versión original.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será la autoridad de aplicación y determinará los requisitos que las jurisdicciones deberán cumplir para acceder al mecanismo.

María Eugenia Bielsa adelantó este martes que “el 30 de septiembre habrá un nuevo sorteo en el Plan Procrear” y ante una pregunta sobre los criterios que utiliza el ministerio que ella conduce para la distribución de los fondos, subrayó que “ningún municipio o provincia que haya presentado los certificados de obra, no ha dejado de recibirlos”.

Así lo expuso la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitad de la Nación, al presentarse este martes ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside la senadora formoseña María Teresa González.

Al responder a las preguntas que le formularon los integrantes de la comisión, la funcionaria precisó que los datos sobre el déficit habitacional, estimado en 3.600.000 viviendas, son una proyección, pues “el censo que estaba previsto para octubre de este año, a partir de la pandemia, ha sido postergado y probablemente se realizará en marzo del año que viene”. Bielsa comentó que de acuerdo con esos datos proyectados se calcula que “las viviendas desocupadas se acercan a  la mitad de la demanda”.

La ministra explicó los diferentes programas oficiales que se llevan adelante para cumplir con los objetivos del ministerio. Entre ellos destacó al plan Argentina Construye, al Plan Procrear, al Plan Nacional de Suelos y al Plan Letrinas.

Subrayó el “carácter virtuoso del Plan Procrear” ya que “es una manera de acceder a la vivienda para los sectores medios y bajos, además de haber generado mucho trabajo”, dijo. En referencia a ese punto destacó que cuando inició su gestión “había 11 mil viviendas sin entregar y 8 mil lotes disponibles, algo que claramente mostraba falta de gestión”.

Ante preguntas de los miembros de la comisión, Bielsa señaló que “venimos siguiendo de manera cercana el aumento de las cuotas de los créditos UVA y también hemos mantenido reuniones con adjudicatarios del Plan Procrear”.

En relación a la modalidad de los créditos UVA, afirmó que “no es ni bueno, ni malo. Es una herramienta difícil de llevar adelante en un país con una inflación descontrolada”. Resaltó la realidad que están viviendo los beneficiarios de esos créditos y dijo que “está claro que tenemos que buscar una salida en la que vamos a trabajar con los hipotecados”. En ese sentido aclaró que “eso no significa licuar la deuda”.

En otro pasaje, Bielsa señaló que su ministerio a día de hoy ha ejecutado “la mitad de nuestro presupuesto y calculamos que a fin de año se ejecutará el 90 por ciento del mismo”.

Recordó que la pandemia hizo del año 2020 un año particular en el que muchas obras en construcción no han podido retomar sus actividades con normalidad. En números dijo que “el presupuesto de 29.400 millones de pesos se amplió en más de 7.500 millones para el Plan Procrear”.