Se trata de un pedido de Cele Fierro (MST), mediante el cual se buscará asegurar el acceso a una “urgente” solución habitacional para toda persona o grupo familiar que lo requiera.
En medio de la fuerte crisis económica que se vive en todo el país, la diputada del MST Cele Fierro presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que el distrito capitalino declare la “emergencia habitacional” por el plazo de dos años.
A través de esta iniciativa se buscará asegurar el acceso a una “urgente” solución habitacional para toda persona o grupo familiar que lo requiera; garantizar la continuidad de quienes ya están habitando una vivienda y por razones económicas no puedan seguir sosteniendo el gasto; elaborar e implementar la realización de un rápido relevamiento sobre la situación habitacional de la Ciudad que pueda discriminar no solo entre propietarios, inquilinos, ocupantes u alojados en hoteles o pensiones, sino también sobre las condiciones de habitabilidad de los inmuebles o el hacinamiento; y asistir prioritariamente a la población más vulnerable resultante de dicho relevamiento a la que se le otorgará un subsidio inmediato, como primera medida.
El proyecto también estable que durante esa emergencia se suspenderán los desalojos forzosos, judiciales o administrativos en el ámbito de la Ciudad, de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño utilizados con uso manifiesto de vivienda, hasta tanto se dé intervención y se expida el Comité de Emergencia, el cual se crearía en caso de que esta iniciativa sea aprobada por el cuerpo parlamentario.
“Cuando los inmuebles en cuestión fueran propiedad del Estado Nacional y localizados en el ámbito de la Ciudad y utilizados con uso manifiesto de vivienda, el Poder Ejecutivo realizará las gestiones ante los entes nacionales que correspondiere a los efectos de suspender todas las actuaciones iniciadas o a iniciarse en materia de desalojo. Asimismo, se suspenden por el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que tramiten en los tribunales de la Ciudad y que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles donde habitaren grupos familiares o personas”, sostiene el documento.
La iniciativa en cuestión plantea la creación de un Comité de Emergencia, el cual tiene como principal función el seguimiento y contralor el cumplimiento de la ley -en caso de que sea aprobada-; el mismo se reunirá quincenalmente y en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fundamentos de la iniciativa, Fierro planteó que “cualquier persona que habite nuestro país no puede, como mínimo, no estar preocupada por la situación económica que empeora día a día luego de la brutal devaluación del peso. El poder adquisitivo de los salarios, que ya venían perdiendo por la creciente inflación y las paritarias que siempre corrieron por detrás, ahora han sufrido un mazazo que ha dejado a miles y miles por debajo de la línea de pobreza y miles en la indigencia”.
“Con una Ciudad a precios de regalo para el turismo internacional, Buenos Aires se ha convertido en un destino de compras para los extranjeros y con ello se ha provocado la dolarización de los alquileres y que los propietarios elijan poner sus departamentos para alquileres turísticos temporarios en dólares y retirarlos del mercado de alquileres para viviendas permanentes. Todo esto con el aval del Gobierno de la Ciudad que no ha controlado el desarrollo de la actividad de las plataformas online de alquileres (Ej: Airbnb). A pesar de haber votado una ley en 2019 en esta casa para la creación de un registro de alquiler turístico temporario, no se estableció ninguna regulación, por consiguiente, no han tributado por semejante negocio. A septiembre de 2023 existían 445 viviendas registradas sobre 26.200 que se estaban ofertando en la Ciudad sólo por la plataforma Airbnb. El 90% correspondía a departamentos enteros, y tan sólo el 10% corresponden a habitaciones”, advirtió la legisladora del MST.
Al mismo tiempo que concluyó precisando que “frente a esta dolarización de hecho de los alquileres y ante la escasa oferta de los alquileres para vivienda permanente, los precios se fueron por las nubes y se tornaron impagables para la gran mayoría de los trabajadores porteños. Esto está demostrado incluso en datos oficiales, los precios de los alquileres en CABA subieron desde el 284,6% hasta el 308,7% en el último año. En diciembre, el salario mínimo que hoy se encuentra en 156 mil pesos ya no alcanza para alquilar un monoambiente y solo cubriría el 62,4% del mismo”.
Se trata de un proyecto que los legisladores del FdT impulsaron en la Legislatura porteña, en el que además pidieron que se declare la emergencia ambiental y social en el mismo asentamiento.
Tal y como lo vienen haciendo desde el 2017, los legisladores del Frente de Todos (FdT) volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional, ambiental y social el asentamiento conocido como “La veredita”, ubicado en la calle Portela, entre la Av Riestra y Ana María Janer, en el barrio de Villa Soldati.
La iniciativa en cuestión propone que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) convoque a una Mesa de Gestión Participativa, cuya función será atender la emergencia de forma inmediata y brindar solución habitacional definitiva a las familias del asentamiento. La misma estará integrada por el IVC; los vecinos de la veredita; un integrante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano o el organismo que en el futuro lo reemplace; representantes de las comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad; miembros de la Junta Comunal de la Comuna 8; un representante de la Defensoría Pueblo porteña; representantes de instituciones barriales y organizaciones sociales con presencia en el barrio y representantes del Ministerio Público de la defensa.
La Mesa tendrá como principal función realizar un relevamiento socio habitacional para identificar y caracterizar la población y las problemáticas que afectan a la misma y brindar asistencia inmediata para mitigar la situación de vulnerabilidad de los habitantes del barrio, entre otras cuestiones.
La iniciativa en cuestión fue impulsada por Berenice Iañez (FdT) y cuenta con las firmas de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudia Neira, María Magdalena Tiesso y Franco Vitali (FdT).
En los fundamentos del proyecto, los legisladores aseveraron que “el asentamiento La Veredita, ubicado en la calle Portela, entre Riestra y Ana María Janer, se comenzó a conformar en el año 2008 con familias provenientes de las zonas aledañas, principalmente del asentamiento los Pinos, ubicados a escasos 300 metros” e indicó que “actualmente, según los cálculos arrojados por un relevamiento realizado por los mismos vecinos del barrio existen en el lugar más de 150 viviendas precarias que no cuentan con ningún tipo de acceso a los servicios básicos. No hay conexión eléctrica, ni pública ni privada”.
Al mismo tiempo que recordó que “la ausencia de soluciones a su situación habitacional causó graves consecuencias. En junio de 2012 se produjo un incendio producto de las conexiones precarias de electricidad destruyendo varias de las viviendas del asentamiento” y precisó que “esta iniciativa tiende a la declarar la emergencia habitacional, ambiental y social del asentamiento. Las viviendas construidas por sus habitantes son muy precarias. El derecho a una vivienda digna se encuentra establecido en nuestras normativas constitucionales, así como convencionales. En ese sentido, es imperativo que se tomen medidas que configuren escenarios propicios para garantizar los derechos actualmente vulnerados””.
“El acceso al agua potable es de difícil acceso y tampoco existe red cloacal por lo que todas las familias se encuentran en un estado permanente de exposición a diferentes patologías. El único acceso a un servicio tan elemental como el agua potable actualmente está abastecido por 4 tanques ubicados en los ingresos al asentamiento y que permanentemente sufren roturas por lo que continúa siendo casi imposible el acceso al agua. Sumado a esto, la presencia de la planta de áridos ubicada a 250 metros provoca fuertes trastornos respiratorios en toda la población que compone este asentamiento. Hay que tener en cuenta que se trata de la trituración de escombros provenientes de las demoliciones que se realizan en la ciudad”, sentenció.
Cabe señalar que en 2017 la ex legisladora de Unidad Ciudadana y actual diputada nacional Paula Penacca había presentado en el Parlamento local un proyecto similar que también buscaba declarar la emergencia habitacional en ese mismo barrio.
Se trata de una petición del FIT que, además, presentó un proyecto de ley mediante el cual buscarán fomentar el acceso al alquiler en el distrito capitalino.
Mientras el Congreso Nacional se encuentra evaluando una nueva ley de alquileres, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín y Gabriel Solano presentaron en el stand de la Legislatura de la Ciudad en la Feria del Libro un proyecto de ley de su autoría para declarar la emergencia habitacional y fomentar el acceso a los alquileres.
De esta manera Martín señaló que “el primer punto de nuestro proyecto es justamente que se declare la emergencia en el acceso a la vivienda en la CABA” y remarcó que “es un tema que debe ser abordado con suma urgencia, tenemos un 35% de inquilinos que ven subir los alquileres y sus salarios estancados, con una disminución de oferta (especulativa) y una imposibilidad objetiva de compra, sumado a más de 400 mil personas viviendo en villas”.
Al mismo tiempo que indicó que “si eso no es una crisis habitacional no sé lo que es: los “salarios necesarios” para la compra de un inmueble se cuadruplicaron, los alquileres subieron ¡por encima de la inflación!: el alquiler de un monoambiente se encuentra, en promedio en 47.784 de pesos, muy por encima incluso del salario mínimo, es por eso que presentamos este proyecto”.
Por su parte Solano agregó que “tal como afirmamos en los fundamentos del proyecto, la crisis habitacional se reduce en lo esencial a que la vivienda se trasforma en un activo para valorizar un capital que no puede ser utilizado en la producción” y remarcó que “es un fenómeno internacional, de hecho, en países como Berlín se ha votado la expropiación de 240.000 viviendas ociosas para combatir el proceso expulsivo que genera el aumento sistemático de las propiedades y alquileres”.
“El proyecto explica que, el carácter especulativo que adquirió la adquisición de las viviendas también agrava la crisis de los alquileres. Esto sucede porque hay una relación entre el valor de los inmuebles y su alquiler”, añadió y precisó que “cae la rentabilidad de quien alquila, y sucede un hecho sorprendente: los alquileres son carísimos para los trabajadores, pero ´insuficientes´ para los propietarios que retiran sus viviendas del mercado de alquileres y la publican para su venta sin convalidar precios bajos. La dinámica del proceso no está determinada por la capacidad de pago de la población sino por el afán de lucro de los especuladores inmobiliarios, que acaparan tanto propiedades como tierras”.
Además Solano concluyó opinando que la propuesta del FIT “plantea un programa integral: impuesto progresivo a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios; la creación de un banco de tierras y construcción de viviendas por el estado para que el valor de venta se comparezca con el costo real de construcción; la revisión de la enajenación de las 500 hectáreas vendidas para destinarlas a espacios verdes y construcción de viviendas; un plan de créditos hipotecarios a tasas blandas con cuotas que no superen el 25% del salario; por la eliminación del impuesto a la vivienda única”.
Se trata de un pedido de la legisladora del FIT Amanda Martín, quien presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que advierte sobre la situación y busca generar mecanismos para que la población acceda a una vivienda.
En el marco de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar “la emergencia en el acceso a la vivienda” y establece mecanismos para que la población pueda acceder a un techo.
De esta manera, la legisladora pidió avanzar con la creación de un “banco de tierras públicas” y propuso crear una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. La misma estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; mientras que los diputados porteños podrán participar como veedores.
Dicha comisión tendrá como función “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.
Por otra parte, el texto recientemente presentado propone la creación del Impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación será destinada al cumplimiento de la norma. De esta manera, se prevé que el impuesto alcance a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.
A su vez se propone la eliminación del impuesto a la vivienda única para todas aquellas personas físicas que sean titulares de un inmueble con un valor fiscal menor a cuatro millones de pesos. Al mismo tiempo que se crea el impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, el cual se aplicaría a toda persona física o jurídica que tenga más de tres inmuebles.
El texto también prevé la creación de un “plan de viviendas populares”, las cuales se construirían en tierras públicas y deberán contar con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias.
Sobre esa misma línea, la legisladora propuso crear créditos para el acceso a la vivienda, la creación de comisión de negociación colectiva del precio de los alquileres y un plan de reurbanización para barrios populares.
Los diputados del FdT se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Auditoria porteña, para analizar la crisis habitacional que atraviesa el distrito capitalino.
Al igual que lo hicieron a fines del año pasado, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) volvieron a insistir en la necesidad de declarar la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y encabezaron una reunión en la que participaron autoridades de la Defensoría del Pueblo y la Auditoria General.
En el encuentro -que se llevó a cabo en el Salón Jauretche- estuvieron presentes los diputados Claudio Ferreño, Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik, Cecilia Segura, Manuel Socias, Juan Manuel Valdes y Laura Velasco (FdT); el defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el defensor general, Horacio Corti; el asesor tutelar, Gustavo Moreno; la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gigliardi; el auditor general, Lisandro Teszkiewicz, y el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez.
La primera en tomar la palabra fue Segura, quien expuso las dificultades habitaciones que atraviesa el distrito capitalino y la forma en que esto repercute en la vida de sus ciudadanos. “Conversamos sobre los desalojos y la falta de dispositivos y de políticas públicas para paliar la emergencia actual y resolver esta problemática en el largo plazo”, aseguró la legisladora y concluyó que “en la ciudad más rica del país, no podemos permitir que siga habiendo familias en situación de calle”.
Asimismo, en la reunión se constituyó una “Mesa Institucional de trabajo para el estudio y seguimiento de la problemática socio-habitacional” y atender a las 7251 personas en situación de calle (de los cuales casi 900 son niños) en la Ciudad.
Además del incremento en la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle, la problemática habitacional porteña abarca –al menos- a 250 desalojos; subsidios habitacionales que no alcanzan para pagar los alquileres; el incremento de personas viviendo en hoteles e inquilinatos; la dificultas en el acceso a créditos para la vivienda, entre otras cuestiones.
