La medida había sido anticipada en conferencia de prensa por Manuel Adorni. "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo", argumentó el PEN.
A un día de la celebración de la fecha, el Gobierno nacional eliminó el feriado por el "Día del Trabajador del Estado", instaurado en 2013 como el 27 de junio de cada año.
La medida, que había sido anunciada en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se oficializó este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto de necesidad y urgencia 430/25.
El decreto deroga el artículo 2 de la Ley 26.876, que indicaba: "Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".
Además, el PEN estableció que "a efectos del cómputo de los plazos legales, el 27 de junio de 2025 no será considerado día hábil administrativo", es decir, la decisión se comunicó 24 horas antes de la fecha.
En los considerandos, el Gobierno señaló que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".
"No es adecuado que la Administración Pública Nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad", expresó el PEN.
Y agregó: "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas".
En su conferencia de prensa de este miércoles, Adorni había anunciado la decisión. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, manifestó y sumó que "ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
El funcionario dijo que la medida “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”.
Se deberá aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias, que será anónima, diseñada y reglamentada a tal efecto, según se establece en el proyecto.
El diputado del Pro Martín Endere ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que establece que quienes ingresen a trabajar en la administración pública provincial deberán aprobar un examen de ingreso obligatorio.
En el proyecto ingresado, el texto indica que “se deberá aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias, que será anónima, diseñada y reglamentada a tal efecto por la autoridad de aplicación”.
Al respecto, el propio Endere explicó: “El proyecto no está previsto para las actividades que tienen su propio proceso de selección como la policía, penitenciarios, docentes, personal médico, etc. Es solo para los ingresos a la administración pública enrolados en la Ley 10.430”.
“Es indudable la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires de modernizar el estado y para ello, debe contar con una planta estatal más eficiente y de libre acceso a la totalidad de los bonaerenses”, agregó el legislador.
En este sentido, Martín Endere dijo: “los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes y partidarios, sin importar, en algunos casos, cuan preparados o capacitados se encuentren. Así es que hoy la planta de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 500.000 empleados”.
“Necesitamos que el ingreso a la Administración Pública se torne universal para todos los bonaerenses, pues la toma de una evaluación y el posterior análisis de sus resultados harán crecer las posibilidades de aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos, sin que militen boletas partidarias, o tengan preferencias políticas en especial”, añadió.
Finalmente, el diputado olavarriense se refirió a la posible implementación: “La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo, en consecuencia, será la propia administración quien determinará el expertise que cada ingresante deberá acreditar conforme el área de la administración que quiera ocupar”.
Diputados de Juntos por el Cambio realizaron una serie de preguntas relacionadas con designaciones en Cancillería.
El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado de diputados de la oposición, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre las recientes 191 incorporaciones a la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitida el día 22/07/2022.
Milman planteó una serie de preguntas entre las cuales figura qué tan imprescindible era para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto la contratación de 7 secretarios, 5 bibliotecarios archivistas, 104 asistentes de soporte administrativo, 8 asistentes de servicios generales, 13 asistentes de atención al público, 6 asistentes de mantenimiento, 2 choferes, 8 asistentes de administración y gestión de personal, precisando así solo algunos de los cargos que se adjudicaron.
Preguntó también qué cantidad de empleados públicos en cualquiera de sus formas de contratación tenía el estado Nacional el 10/12/2019 y cuál es la cantidad existente al 22/07/2022; como así también la cantidad de empleados que fueron pasados a planta permanente en el Estado Nacional entre el 10/12/2019 y el 22/07/2022.
El diputado aseguró que este tema es parte de "la problemática que está viviendo nuestro país en materia económica y política". "Analizando la resolución para la contratación de personal para el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, es muy difícil creer que son indispensables", observó.
También hizo mención a la contradicción con otro decreto publicado el mismo día y que prohíbe sumar personal al sector público hasta el 31 de diciembre de 2023.
Además, explicó que "a lo largo de este gobierno vemos cómo se ha incrementado la contratación de personal y se ha aumentado el gasto público de manera exponencial acompañando por la necesidad de financiar estas medidas y muchas otras que van en el mismo sentido con emisión monetaria que está poniendo a la Argentina en una situación inflacionaria muy cercana a momentos de la historia económica de nuestro país que no querríamos reeditar".
"Vemos asiduamente cómo muchos sectores de la administración pública pierden de vista la institucionalidad de su representación y se convierten cada vez más en establecimientos partidarios", sentenció. "No podemos permitir que se utilice al estado como parte de la campaña electoral del oficialismo, sobre todo aquellos que buscamos la construcción de un estado eficiente, eficaz y profesional preparado para afrontar y darle solución a los problemas de nuestra gente".
Acompañan el proyecto los diputados Graciela Ocaña, Alfredo Schiavoni, Paula Omodeo, Héctor Stefani, Matías Taccetta, Karina Bachey, María Sotolano, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado, Gerardo Cipolini, Lidia Inés Ascarate y Carlos Zapata.
El decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) quedó formalizado con la aprobación de la Legislatura local. Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría, avaló la decisión del mandatario radical. El FdT y la Izquierda cuestionaron la medida.
La Legislatura de Jujuy aprobó este martes un decreto del Ejecutivo provincial, que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública.
En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales también alcanza a los agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.
La oposición provincial, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.
Asimismo, la sanción de la ley N° 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.
Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.
Desde el Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.
La legisladora radical Lourdes Navarro respaldó la medida y sostuvo “que las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la Covid-19.
“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, agregó.
A su vez la legisladora del Frente de Todos, Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, juzgó que "el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones".
"Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo y evaluó que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, dijo, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, pero advirtió que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición” y analizó que “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.
La decisión legislativa invió a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.
Finalmente, durante la jornada de este martes el oficialismo también prestó acuerdo a un decreto que permite un “marco normativo para la producción de medicamentos en la provincia de Jujuy”, por lo que se buscará regular la actividad de laboratorios industriales.
