Además, el interbloque opositor tuvo la misma postura con el nombramiento de Pablo Vilas, con destino a Honduras. Unanimidad para Gabriel Fuks, quien irá a la embajada de Ecuador.
El Senado aprobó este jueves la designación de tres embajadores: Oscar Laborde (Venezuela), Pablo Vilas (Honduras) y Gabriel Fuks (Ecuador). En los primeros dos casos, el interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo.
Antes de pasar a votar, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que si Juntos por el Cambio se abstenía, “nosotros tenemos la obligación del quórum” porque “la abstención es ausencia”.
Pero el presidente de la bancada opositora, Alfredo Cornejo, aclaró: “Se vota en paquete y el paquete va a ser afirmativo, con la salvedad de la abstención en estos dos casos”. Y finalmente así resultaron aprobados los pliegos por 63 votos positivos y 0 negativos, junto a un conjunto de ascensos de diplomáticos.
Como miembro informante, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, recordó la audiencia pública que se realizó el 9 de junio pasado, donde los candidatos “respondieron cada una de las preguntas que le han hecho los senadores y senadoras”. “Les pido que acompañen estos tres destinos, estos tres nombres que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional y la lista de ascensos”, agregó.
Cornejo, por su parte, afirmó el acompañamiento al pliego de Fuks, pero argumentó la abstención en los otros dos casos. “Tenemos consideraciones especiales acerca de Honduras, por su doble nacionalidad”, dijo en referencia a Vilas, quien nació en ese país.
“Ya ha habido casos que se renunció a su nacionalidad; (Héctor) Timerman en su momento. En este caso todavía no se ha operativizado”, añadió.
Además, el mendocino sostuvo: “En el caso de Venezuela, en particular, nuestra consideración es categóricamente contraria a la política que tiene el Poder Ejecutivo Nacional con Venezuela, con su gobierno”.
Recogió el guante desde el oficialismo para defender la situación de Pablo Vilas el senador Oscar Parrilli. “Él es argentino por opción y por esas circunstancias de la vida su familia tuvo que migrar a Honduras en el año ’76, porque su familia fue perseguida por la dictadura militar”, expresó.
El neuquino resaltó que “es ciudadano argentino”, pero por derecho “cada persona tiene la nacionalidad de donde nace”. “Fue víctima de la represión ilegal y por eso nació circunstancialmente en Honduras”, insistió.
Y finalizó considerando que tal vez “hay algún motivo político” o “una falsa información o incorrecta información por parte del bloque de Cambiemos”.
En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina y diputados de la Ciudad, en donde dialogaron del fallo de la Justicia que habilitó a las familias a ser querellantes en la causa por el incendio.
Luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal habilitara como querellantes a los familiares de las víctimas de Iron Mountain, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, y el jefe de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Javier Carella, recibieron a una delegación de familiares de las diez víctimas del incendio y derrumbe, ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas.
En el encuentro, realizado en el Departamento Central de la Policía Federal, participaron también los legisladores porteños del bloque del Frente de Todos, Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
Los funcionarios nacionales y porteños escucharon a Jorge Campos, Gerardo Conesa, Ariel Veliz y Ricardo Martinez, en representación de los diez trabajadores que perdieron la vida durante las tareas de rescate y combate del fuego en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain.
Tras el encuentro Fuks explicó que “está reunión que hicimos con los familiares, el jefe de la Policía Federal, el superintendente de Bomberos y Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es para afirmar con certeza que el Ministerio de Seguridad y la PFA van a poner a disposición del Poder Judicial todos los elementos que sean necesarios en su búsqueda de verdad y justicia” e insistió en que “es hora de que quede claro cuáles fueron las responsabilidades y puedan redimirse”.
Mientras que Valdés aseguró que fueron al “Ministerio de Seguridad a acompañar a los familiares a esta celebración que es el acto de justicia que, gracias al fallo de Casación, los familiares puedan volver al expediente y sepan qué sucedió con sus seres queridos y qué grado de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al no haber entregado el expediente de habilitación en el cual se permitió el funcionamiento de la planta de Iron Mountain”.
Mientras que Jorge Campos, padre del bombero de la Policía Federal Sebastián Campos, destacó que “la reunión fue muy productiva y sabemos que contamos con el apoyo de la Policía Federal y sus bomberos, para nosotros es fundamental que se sepa fue un incendio intencional” y concluyó señalando que “queremos la verdad y el porqué. Queremos justicia y la verdad de porqué nuestros seres queridos no están más con nosotros”.
El funcionario del Ministerio de Seguridad defendió la resolución 144/20. Aclaró que se acota a la pandemia y que lo que se hace es recoger información “sobre temas” y no “sobre personas”.
El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, defendió este miércoles la polémica resolución 144/20 del Ministerio que dirige Sabina Frederic, al sostener que “no existe nada similar a la figura de intimidación pública”, en respuesta a las acusaciones de la oposición sobre “ciberespionaje”.
Fuks expuso ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), sobre la creación, a fines de mayo pasado, del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.
El funcionario explicó que la resolución “tiene una virtud principal”, que es la derogación de otra resolución, la 31/18, firmada por el anterior secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “en la etapa preparatoria del G20”, donde se estableció “la mecánica para lo que se dio en llamar el ‘ciberpatrullaje’”.
Según Fuks, cuando asumió la gestión de Alberto Fernández se realizó una revisión de las resoluciones firmadas por el gobierno anterior para decidir cuáles mantener, cuáles enmendar y cuáles reemplazar, y en ese contexto se descubrió que la resolución 31/18 solo estaba en formato papel y no había sido publicada en el Boletín Oficial.
El secretario dijo que el “objetivo principal” de aquella normativa fue “establecer mecanismos de vigilancia a través de fuentes abiertas”, por los cuales “500 personas fueron investigadas en el G20” y además hubo “por lo menos seis casos de personas procesadas” bajo esta modalidad, entre ellas Javier Smaldone, Nicolás Lucero -quien estuvo preso por un tuit-, Maribel Durán y Martín Trabucco.
Incluso aseguró que “hay casos que fueron investigados a través de las redes que fueron anteriores a 2018, es decir anteriores a la existencia de la resolución” firmada por Burzaco.
Fuks destacó que la resolución 144/20, a diferencia de la “mecánica secreta” con la que fue firmada la anterior, fue el fruto de un “largo proceso de debate” con organizaciones de la sociedad civil como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Además, remarcó la creación de una comisión asesora que debe evaluar la aplicación del protocolo, y que tuvo este mes su primera reunión, con la participación de dos representantes de la Cámara de Diputados, Penacca y Cristian Ritondo (Pro).
El secretario subrayó que la resolución tendrá vigencia solo durante la pandemia, con un plazo estimado, en principio, hasta el 12 de marzo de 2021.
También detalló que lo que se busca con el protocolo es detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.
En ese sentido, aclaró que la información recogida “no es sobre las personas, sino sobre el tema”, y enfatizó: “No existe nada ni parecido ni similar a la figura de intimidación pública. Esa idea de un joven que por sus ideas va a ser perseguido no existe”.
Fuks señaló que “si una sumatoria de información en redes públicas y abiertas da cuenta no de la comisión de un delito individual, sino de un problema que requiere atención de la Justicia, el caso es inmediatamente girado a la Justicia”.
Además, destacó que la resolución se asienta sobre los principios de legalidad; necesidad; proporcionalidad; razonabilidad; protección de la razonable expectativa de privacidad; protección de los datos personales; protección de la libertad de expresión; no criminalización de las protestas en línea; y restricción de la discrecionalidad en el cumplimiento de las tareas preventoras.
También se mencionan los principios de profesionalización del personal afectado a las tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas; destrucción del material prevenido no judicializado; publicidad; transparencia y rendición de cuentas; y control y responsabilidad por el uso abusivo y violatorio de la ley.
El diputado Jorge Enriquez (pro) advirtió que “cuando hablamos de ‘ciberpatrullaje’ hablamos del peligro sobre las libertades individuales, como la libertad de expresión o el derecho a reunión”, a través de una “vigilancia estatal online” similar a la del “Gran Hermano”.
“Entiendo el sentido de la resolución, pero veo la peligrosidad de que esté en el ámbito del Poder Ejecutivo”, dijo Enriquez, al sostener que se debe avanzar con una ley del Congreso.
Desde la UCR, Luis Petri apuntó que la resolución de Burzaco “no tenía más de cuatro artículos” y “era más cuidadosa” porque tenía un “objeto limitado, en la mayoría de los casos, a delitos federales”, vinculados, por ejemplo, al narcotráfico y la trata de personas.
En cambio, alertó que en la resolución actual “se habla de un protocolo de prevención del ciberdelito, pero es un protocolo de inteligencia, y esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones que incluso fueron consultadas por el Ministerio”, como el CELS, que pidió “una ley del Congreso”.
“Cuarenta y cuatro millones de argentinos podemos, con la excusa de la pandemia, ser investigados y ser víctimas de tareas de inteligencia, y las consecuencias las está viviendo el diputado Sahad”, sostuvo Petri (Ver abajo).
Por su parte, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) señaló que “esta resolución no es ajena a la práctica de monitoreo de la población en redes abiertas, una práctica de inteligencia y de espionaje”.
Mónica Frade, de la Coalición Cívica, requirió explicaciones a Fuks sobre el caso de Facundo Astudillo, el joven de 22 años desaparecido hace 68 días en provincia de Buenos Aires bajo carátula de desaparición forzada de personas.
“Esto parece que no lo registró nadie, ni las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación ni tampoco de la provincia de Buenos Aires. El 30 de abril fue visto por última vez en un retén policial, desde entonces intervino la Policía bonaerense” y hubo “terribles contradicciones” entre los policías que declararon, advirtió Frade.
En la reunión infomativa, el diputado Julio Sahad (Pro), denunció un hecho de “gravedad institucional importante”: reveló que mientras cumple el aislamiento social en un hotel de La Rioja, tras haber dado positivo en el test de coronavirus, instalaron una cámara de seguridad frente a su casa.
Según detalló, el 1 de julio se colocó esta cámara frente a la vereda de su domicilio. “Una cámara que no es usada en La Rioja, la única cámara en ese sector, apuntando directamente a la entrada de mi casa”, describió, y advirtió: “Llama la atención que este hecho pase sin ningún tipo de justificación ni previo aviso”.
